El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha rechazado este jueves de manera conjunta las demandas presentadas por los tres líderes independentistas
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha desestimado de forma unánime este jueves las demandas interpuestas contra España por los líderes independentistas Oriol Junqueras, Jordi Turull y Jordi Sànchez, respecto a las resoluciones del Supremo y el Constitucional que les impidieron ejercer como diputados en el Parlament debido a que estaban encarcelados por el procés.
En una sentencia conjunta de 79 páginas sobre los tres casos, Estrasburgo rechaza las reclamaciones de que la prisión preventiva dictada por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena tuvo como fin bloquear sus candidaturas a president tras los comicios de diciembre de 2017 o restringir su actividad política.
Los siete jueces de la Sección Quinta establecen que «no se ha producido violación» de ninguno de los derechos protegidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Específicamente, ni del derecho a elecciones libres ni del derecho a no sufrir una limitación injustificada de derechos, en este caso, la libertad personal.
Respecto al ex vicepresidente del Govern, se señalaban tres presuntas vulneraciones: la imposibilidad de ejercer actividad política debido a la prisión preventiva, la limitación de la libertad de expresión por no poder intervenir en el Parlament, y la intención de silenciarle para disuadirle de proseguir con su labor política. Además, los recursos consideraban que la prisión preventiva no estaba justificada y cuestionaban las restricciones impuestas para participar en la campaña electoral.
El TEDH destaca que la situación de los partidos políticos implicados durante los hechos analizados refuerza la decisión de desestimar las demandas. Junqueras ostenta la presidencia de ERC y Turull es secretario general de Junts, posición que ocupó previamente Sànchez.
«La situación durante el proceso judicial de los partidos políticos a los que pertenecían los demandantes también respalda esta interpretación: en efecto, no solo no se limitaron las actividades de esos partidos, sino que pudieron presentar sus candidaturas en las elecciones del 21 de diciembre de 2017 y, tras la votación, la coalición de las diversas fuerzas independentistas propuso múltiples candidatos a la presidencia de la Generalitat (entre ellos, el primero y segundo demandantes [Sànchez y Turull] , quienes estaban en prisión preventiva en el momento de su nominación)». Y concluye: «Además, el 14 de mayo de 2018 el candidato de Junts per Catalunya, Joaquim Torra, asumió el cargo de presidente de la Generalitat».
En relación con sus solicitudes al juez Llarena para que les autorizara a abandonar la prisión para acudir al Parlament, Estrasburgo subraya que los episodios violentos de septiembre de 2017 previos al referéndum ilegal, y el papel que desempeñaron los encarcelados en dichos hechos, llevan a considerar que «era razonable prever que, si acudían a su escaño en el Parlament, existía riesgo de que ocurrieran nuevos incidentes de cierta envergadura». Los jueces españoles, añaden, realizaron una valoración «razonable» de todas las circunstancias antes de concluir que no existían medidas «menos gravosas» para evitar ese riesgo.
Los siete magistrados también remarcan que el juez Llarena, tras decidir su suspensión como diputados conforme a la aplicación automática prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, adoptó medidas que «mitigaban» el impacto de la resolución, como permitir la delegación del voto, evitando así alterar las mayorías en la cámara recién constituida.
Algunas de las alegaciones no superan el estricto filtro de admisión a trámite y la Sala ni siquiera entra a valorar el fondo. Por ejemplo, la afirmación de Junqueras sobre la imposibilidad de expresar sus opiniones en la Cámara como diputado y que su encarcelamiento afectó su libertad de expresión. El Tribunal señala que este argumento no fue presentado ante el Constitucional, requisito indispensable para que Estrasburgo pueda revisarlo posteriormente.
En esa misma línea, se encuentra la supuesta parcialidad de dos magistrados del Constitucional que ratificaron las decisiones que les afectaban. La Corte coincide con el Gobierno español en que los recurrentes no actuaron dentro del plazo legal para este aspecto.
Nuevo revés para el independentismo en Europa
El independentismo ha recibido con cierto escepticismo esta nueva derrota dentro de su estrategia europea, uno de sus principales enfoques durante el procés para fortalecer su narrativa y tratar de cuestionar el sistema judicial español. El secretario general de Junts, Jordi Turull, se ha mostrado especialmente crítico y ha responsabilizado a la Abogacía del Estado —que defendió la condena del procés ante Estrasburgo— de haber «pulido y presentado muy jurídicamente lo que fue una decisión política», informa Cristina Rubio.
«Sostenemos que mi encarcelamiento, en pleno debate de investidura, respondió a motivos políticos para desarticular, como ya se ha señalado anteriormente, el movimiento independentista. Nosotros continuaremos hasta conseguir nuestros derechos», añadió desde los pasillos del Parlament.
Esquerra, por su parte, se ha limitado a «respetar» la resolución de hoy y a centrar su atención en el informe del abogado del TJUE sobre la amnistía, que se hará público la próxima semana: «ERC manifiesta que el debate judicial sigue pendiente y que aguardará a la sentencia del TJUE», destacó el partido en un comunicado.
La decisión de Estrasburgo representa un nuevo revés para el independentismo en Europa, que se suma a otras recientes derrotas judiciales. Así, la noticia de hoy se une a los episodios negativos para el independentismo dictados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra las demandas del ex vicepresidente del Parlament, Josep Costa (Junts), del ex presidente de la Generalitat, Quim Torra, y de entidades que defienden la inmersión monolingüe en catalán en la causa del 25%. También forma parte de una serie de fracasos relacionados con asuntos clave para el separatismo, como la pseudoconsulta del 9-N o el desafío en torno a los debates sobre autodeterminación y la Monarquía.