El Partido Popular ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea por el silencio del Gobierno de Pedro Sánchez tras el ataque sufrido por el periodista José Ismael Martínez en la Universidad de Navarra.
Dolors Montserrat, eurodiputada del PP, advierte sobre la creciente hostilidad y los ataques públicos dirigidos a periodistas en España, y señala al Gobierno por intentar limitar la libertad de prensa.
Montserrat reprocha la gestión de la publicidad institucional realizada por el Gobierno, acusándolo de beneficiar a medios alineados con él y perjudicar a los críticos mediante criterios arbitrarios.
También se ha denunciado que el anteproyecto de Ley Orgánica que regula el derecho al secreto profesional de los periodistas representa un riesgo para el periodismo de investigación y la transparencia democrática.
El Partido Popular ha presentado este miércoles ante la Comisión Europea la denuncia por el «silencio» del Gobierno de Pedro Sánchez tras la agresión al periodista de El ESPAÑOL, José Ismael Martínez, perpetrada por un grupo de radicales abertzales la semana pasada mientras realizaba su labor informativa en la Universidad de Navarra.
En una misiva, la vicepresidenta del Grupo del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha puesto en conocimiento del comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, y de la vicepresidenta de Democracia, Henna Virkkunen, el «continuado acoso y ataques públicos» que sufren los periodistas en España.
Respecto a la agresión contra José Ismael Martínez, Montserrat recuerda que fue «brutalmente atacado por un grupo de extremistas mientras ejercía sus funciones informativas» y que durante el incidente «perdió temporalmente la visión en su ojo derecho, evitando consecuencias más graves solo gracias a la pronta intervención de las fuerzas de seguridad».
«Es especialmente preocupante», añade, «que, pese a la gravedad del incidente y al impacto que ha tenido entre los profesionales del periodismo, el Gobierno no haya hecho una condena pública ni manifestado respaldo al periodista agredido».
Concluye: «Este silencio institucional no solo protege de manera implícita la violencia contra los medios, sino que además envía un mensaje desmotivador a quienes cubren temas de interés público desde el terreno».
La eurodiputada del PP atribuye el deterioro de la libertad de prensa en España a que el Gobierno de Sánchez, «acorralado por escándalos de corrupción», busca «silenciarla».
En este contexto, exige una intervención inmediata de Bruselas para que no espere hasta el próximo informe sobre el Estado de Derecho, y que realice un seguimiento riguroso de la situación de la libertad de prensa en España y de los ataques a periodistas que informan sobre procesos judiciales ligados al Gobierno o temas que este no desea divulgar.
Montserrat señala que en los últimos meses «numerosos periodistas han sido públicamente señalados y desacreditados» por miembros del Gobierno, incluidos varios ministros, entre ellos Óscar Puente.
En la carta se mencionan ataques dirigidos a profesionales como David Alandete, Ketty Garat y Elisa Beni.
«Estos ataques generan un clima de intimidación que atenta contra la independencia mediática y compromete la seguridad y la integridad de los periodistas, afectando negativamente el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y diversa», han advertido a la Comisión Europea.
Publicidad institucional
Por otra parte, Montserrat ha denunciado que el Plan de Acción por la Democracia aprobado por el Gobierno en 2024 para «combatir la desinformación y mejorar la calidad democrática» ha servido para «centralizar la distribución de la publicidad institucional utilizando criterios arbitrarios».
Asimismo, ha criticado que con este Plan el Gobierno de Sánchez ha creado un registro obligatorio de medios que permite a la Administración favorecer a medios afines y perjudicar a los críticos, algo que EL ESPAÑOL ha denunciado repetidamente.
«El Gobierno no hace públicos los montos asignados ni responde a solicitudes formales de información, a pesar de la existencia de leyes de transparencia», señala.
Una problemática que se intensifica con la inminente aprobación del anteproyecto de Ley Orgánica reguladora del derecho al secreto profesional de periodistas y prestadores de servicios de medios de comunicación, cuya redacción permitiría a los jueces identificar fuentes en casos excepcionales, incluso mediante medidas intrusivas de vigilancia.
Esta propuesta ha sido unánimemente criticada por periodistas de investigación y judiciales de medios como EL ESPAÑOL, así como de otros como El Confidencial, El Mundo, La Vanguardia, El Diario.es, El Periódico y The Objective.
«Los profesionales alertan que esta ley podría silenciar el periodismo de investigación, impedir la publicación de información de interés público y otorgar a jueces potestades ambiguas sobre la interpretación de la seguridad nacional o aspectos esenciales del sistema constitucional, lo cual afecta directamente a la libertad de prensa y a la transparencia democrática», destaca.