Las tres comunidades autónomas cuentan con presidentes del PP, y los socialistas mantienen la esperanza de un giro en aquella que no forma parte de sus dominios tradicionales.
Tras una pausa de año y medio, el calendario electoral se reactivará en siete semanas con tres votaciones autonómicas consecutivas: en Extremadura, con el adelanto fijado para el 21 de diciembre; en Castilla y León, el 15 de marzo; y en Andalucía, en una fecha por definir durante el primer semestre de 2026, coincidiendo con el fin de sus legislaturas respectivas. Todas estas regiones están actualmente regidas por el PP, y el PSOE solo considera factible un vuelco político en la única donde no ha sido tradicionalmente dominante.
En Castilla y León, los populares han gobernado sin interrupciones durante 38 años. Entre las principales debilidades que aprovechará Carlos Martínez, candidato socialista que intentará por primera vez arrebatar la presidencia a Alfonso Fernández Mañueco, están el desgaste provocado por una gestión tan prolongada, la devastadora sequía de incendios que este verano quemó 150.000 hectáreas, y el deterioro y desequilibrio de la sanidad pública, con listas de espera elevadas y falta de profesionales.
Fuentes del PSOE autonómico consultadas por este medio señalan que existen «opciones reales» de gobernar en la comunidad más extensa de España, tras su victoria en 2019 —aunque el acuerdo entre PP y Ciudadanos impidió la investidura de Luis Tudanca— y la diferencia de menos de 17.000 votos respecto a la lista liderada por Mañueco en 2022. Para que este escenario político se materialice, el primer requisito es que PP y Vox no sumen la mayoría absoluta.
«Es posible», afirma con seguridad un dirigente socialista, dando a entender que su confianza se basa en encuestas internas que no llegan a ser confirmadas. El paso siguiente, según explica, sería que el resto de fuerzas parlamentarias, «aunque de derechas», permitieran la investidura de Martínez. Este panorama se ve plausible incluso con la participación de formaciones como Por Ávila, escisión del PP, con el fin de poner fin a casi cuatro décadas de «poder malinterpretado» por el partido hegemónico en Castilla y León.
Para conseguirlo, la estrategia del PSOE se centra en atraer a los votantes de centro desencantados con la gestión del actual presidente autonómico, táctica que aplicó Pedro Sánchez durante un acto el pasado domingo en León. «Cualquier persona, independientemente de su voto, sabe que hay que cambiar a Mañueco. ¿Votando a Vox? Por supuesto que no, si lo va a apoyar…», advirtió el presidente del Gobierno, intentando evitar un posible trasvase de votos del PP hacia la formación de Santiago Abascal.
No obstante, otro sector socialista en Castilla y León considera que las posibilidades de ganar las elecciones son escasas y aún menores las de gobernar. Entre las razones mencionan que Martínez es «poco conocido» fuera de Soria, ciudad que dirige como alcalde desde 2007, y que aspira a presidir una comunidad «complicada» por su extensión —equiparable a la de Portugal. Además, algunos piensan que está «muy controlado» por Ferraz, que mantiene en su equipo a personas cercanas a Santos Cerdán —quien está encarcelado por su presunta implicación en el caso Koldo—, como el diputado por Ávila Manuel Arribas, y que no ha mostrado sensibilidad hacia el movimiento leonesista que reclama la separación del antiguo Reino de León para convertirse en la 18ª autonomía española.
Gallardo, al filo del banquillo
En el PSOE de Extremadura, por su parte, dan por segura la victoria de María Guardiola en las elecciones anticipadas del 21 de diciembre. Aunque el candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, ha sido respaldado en dos procesos de primarias tras relevar a Guillermo Fernández Vara, el caso del hermanísimo le ha generado un serio desgaste al ex presidente de la Diputación de Badajoz. El candidato socialista extremeño se presentará a los comicios con el estigma de estar procesado por prevaricación y tráfico de influencias a la espera de la convocatoria oficial del juicio, que probablemente tendrá lugar en el primer semestre de 2026, después de las elecciones.
El desgaste de Gallardo no solo proviene del proceso judicial que investiga la presunta contratación irregular de a dedo de David Sánchez Pérez-Castejón, sino también por el aforamiento exprés que en 28 horas forzó la renuncia de cinco compañeros de partido (una diputada y cuatro aspirantes) para que pudiera convertirse en diputado regional y evitar que la investigación continuara bajo la juez Beatriz Biedma. Esta maniobra fue calificada como «fraude de Ley» tanto por la magistrada como por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, lo cual perjudicó gravemente su imagen pública.
Ante esta situación, Ferraz ha aceptado «a regañadientes», según un dirigente del PSOE de Extremadura, la candidatura de Gallardo. En cuanto supo que Guardiola impulsaba el adelanto electoral, convocó inmediatamente a la dirección y el comité regional para afirmar su candidatura y evitar movimientos desde Madrid para buscarle un relevo (se ha mencionado al ministro extremeño Carlos Cuerpo). La proximidad de la fecha límite para presentar candidaturas (el 19 de noviembre, según el DOE) ha favorecido a Gallardo, y Ferraz ha logrado así evitar conflictos internos que podrían haber debilitado aún más sus opciones en Extremadura. Ahora, el objetivo es «cerrar filas, defender las siglas y dejar de lado las divisiones entre la provincia de Badajoz —que le apoya— y Cáceres, que no le respaldó en las primarias», señala dicho dirigente.
Como mucho, los socialistas de Extremadura esperan (aunque no lo expresen públicamente) que Guardiola no alcance la mayoría absoluta, dependiendo más todavía de Vox que en 2022 (partido al que todas las encuestas le otorgan un importante crecimiento) y que las disputas dentro del centro-derecha (durante la campaña y, sobre todo, después de las elecciones) puedan abrir alguna oportunidad para el PSOE. Este partido sigue confiando en sus todavía significativos recursos en la comunidad (donde ha gobernado tres décadas) para lograr un resultado digno y evitar un hundimiento histórico. Su estrategia es resistir y esperar a los acontecimientos.
Que Moreno dependa de Vox
En una línea similar, no es ningún secreto que el objetivo del PSOE en Andalucía es impedir que Juanma Moreno mantenga la mayoría absoluta que no solo le permite gobernar con comodidad, sino también presumir de haber contenido a la ultraderecha en la región. Si el PP andaluz pierde algún escaño y María Jesús Montero logra superar, aunque sea por escaso margen, el pobre resultado de Juan Espadas en las elecciones de 2022 (30 diputados), sería un triunfo para el PSOE andaluz, partido que en su día fue hegemónico en Andalucía y lideró la Junta casi cuarenta años.
La última encuesta de la Fundación Centra (el CIS andaluz), publicada el 20 de octubre, ofreció un respiro a los socialistas en ese sentido. El barómetro situaba al PP como la fuerza más votada, con el 40,7% de los apoyos y entre 54 y 56 diputados, frente a los 58 que tiene ahora. Esto quiere decir que la mayoría absoluta (55 escaños) está en riesgo. Las entrevistas se realizaron antes del estallido de la crisis de los cribados, por lo que es lógico pensar que el desgaste del gobierno andaluz podría ser mayor hoy. De todos modos, según el mismo sondeo, el PSOE persistiría en niveles históricamente bajos, con entre 26 y 29 escaños, aún por debajo de los ya pobres resultados de 2022.
Quien parece recuperar algo de fuerza en las encuestas es la izquierda al margen del PSOE (Por Andalucía y Adelante Andalucía), que podrían conseguir hasta cuatro escaños (de los siete actuales), siempre que no se concrete una ruptura con Podemos, que hoy parece inevitable y que podría provocar una mayor fragmentación del voto (con hasta tres papeletas distintas), dificultando la concentración del respaldo electoral.