El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue juzgado en el Tribunal Supremo en una escena nunca antes vista en democracia, al escoger sentarse junto a los magistrados y portar toga.
García Ortiz rechazó haber filtrado a los medios un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el que se reconocían delitos fiscales.
Durante el proceso, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado defendieron la inocencia de García Ortiz, mientras que la acusación particular y varias acciones populares manifestaron una fuerte oposición a sus argumentos.
El asunto ha despertado gran interés y respaldo interno para García Ortiz, con decenas de fiscales y empleados aplaudiéndole antes de dirigirse al Supremo.
El Tribunal Supremo —el mismo que juzgó, por ejemplo, el procés— fue testigo este lunes de una escena —otra inédita— en Democracia: la de un fiscal general en el banquillo de los acusados.
Minutos antes, el edificio de la Fiscalía General del Estado, ubicado en la madrileña calle Fortuny, presenció otra imagen: varias decenas de fiscales y trabajadores del inmueble aplaudían a Álvaro García Ortiz mientras se disponía a subir al vehículo oficial que lo llevó al Supremo para ser juzgado.
Ya en la Plaza Villa de París, el máximo representante del Ministerio Público fue igualmente recibido por fiscales cercanos que le brindaron su apoyo, momentos antes de que comenzase su juicio a las diez de la mañana.
En realidad, este lunes, García Ortiz se situó en un banquillo de los acusados más simbólico. Decidió sentarse en un estrado, una prerrogativa destinada a juristas. Es decir, tomó posición a la derecha de los magistrados del Supremo que lo juzgan, en lugar de hacerlo frente a ellos.
Además, el fiscal general del Estado lució la toga que lo identifica como líder del Ministerio Público. En esta ocasión, eligió una corbata negra a juego con el protocolo.
Cuando en enero pasado fue interrogado como investigado en el Supremo, optó por una corbata azul decorada con unas pequeñas balanzas, símbolo de la Justicia, bordadas en tono rojizo.
El juicio que comenzó este lunes con esta inédita escena no está ni estará alejado del conflicto político. La posible condena o absolución del fiscal general, que actualmente mantiene el respaldo del Gobierno, será aprovechada por unos u otros grupos.
Con una única palabra, un rotundo «no», García Ortiz negó el delito que le atribuye el Tribunal Supremo.
Con ese breve monosílabo —suficiente en este caso—, rechazó haber filtrado a los medios un correo firmado por uno de los abogados de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
En ese correo, enviado en febrero de 2024 a la Fiscalía Provincial de Madrid, el abogado reconocía que su cliente había cometido dos delitos fiscales. Tras hacerse público el correo en diversos medios favorables al Gobierno, se convirtió en munición política contra Ayuso.
Este lunes, durante las más de ocho horas de la primera sesión del juicio, García Ortiz permaneció en silencio.
En ocasiones, tomó notas a mano en su cuaderno. Prestó atención a las declaraciones de los testigos. Su turno para declarar como acusado está previsto para el próximo día 12.
Su defensa, realizada por dos abogados del Estado, expresó todo por él: al inicio de la vista, durante el trámite de cuestiones previas, Consuelo Castro criticó que la instrucción, dirigida por el juez Ángel Hurtado, fue «inquisitiva» y con una «orientación prejuiciada».
Desde hace meses —especialmente conforme se acercaba el juicio—, el PP viene reclamando, sin éxito, la renuncia de García Ortiz.
Durante este proceso la Fiscalía no ocupará lugar junto a las acusaciones, sino al lado de la Abogacía del Estado, que representa al fiscal general.
En efecto, una de las dos representantes del Ministerio Público es Ángeles Sánchez Conde, la teniente fiscal del Supremo.
Así, Sánchez Conde, que sostiene la inocencia del acusado, es la número dos de García Ortiz en la jerarquía. Este lunes, la teniente fiscal apoyó todos y cada uno de los argumentos presentados por la abogada del Estado Consuelo Castro.
Por su parte, la acusación particular (defensa de González Amador) y las acciones populares (Manos Limpias, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Foro Libertad y Alternativa y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales) rechazaron de forma contundente las tesis de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
Gabriel Rodríguez Ramos, abogado penalista del novio de Ayuso en el proceso, destacó que las diligencias ordenadas por el instructor Hurtado fueron generalmente avaladas por la Sala de Apelación del Supremo.
«Durante la instrucción no han surgido alternativas verídicas y racionales que cuestionen la responsabilidad de García Ortiz», afirmó el abogado Víctor Soriano (Manos Limpias).
«Cuando señalan que solo se buscaron pruebas incriminatorias, están dando a entender que en esos dispositivos [los de García Ortiz, que el juez ordenó analizar] existían elementos que sustentan su culpabilidad», expresó Fernando García-Capelo, abogado de Foro Libertad y Alternativa.
«La instrucción ha sido impecable», valoró Juan Antonio Frago, fiscal en excedencia y actual abogado de la APIF.
En las próximas sesiones declararán en el Supremo periodistas, varios fiscales, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, agentes de la Guardia Civil y el propio González Amador.