El magistrado del Tribunal Supremo sostiene que José Luis Ábalos, exministro y antiguo ‘número dos’ de Pedro Sánchez, integraba una «organización criminal» que cometía ilícitos de forma oportunista.
Conforme al auto judicial, Víctor de Aldama y Koldo García explotaron la posición de Ábalos para obtener comisiones ilegales, sobre todo durante la pandemia mediante contratos relacionados con mascarillas.
La investigación desvela que Aldama identificaba negocios irregulares, Koldo García actuaba como intermediario, mientras Ábalos facilitaba las adjudicaciones, adaptando sus acciones a diversas áreas de corrupción.
El juez propone que Ábalos sea juzgado por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, basándose en indicios de pagos en efectivo y un notable aumento de ingresos no justificados.
El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente sostiene que Víctor de Aldama y Koldo García se «aprovecharon» de la posición de José Luis Ábalos como ministro para delinquir y obtener «determinadas cantidades de dinero en beneficio de ambos».
El magistrado de la Sala Penal emitió este lunes un auto en el que concluye que Ábalos, siendo el número dos de Pedro Sánchez, formaba parte de una «organización criminal» que actuaba oportunistamente, ajustándose a las circunstancias y cometía delitos «cuando surgían las oportunidades para ello».
Para el juez, esta evaluación inicial de la estructura de la trama demuestra que no eran acciones aisladas, sino un esquema organizado con una «clara intención de perdurar en el tiempo».
Puente ha sugerido que el Tribunal Supremo enjuicie al exdirigente del PSOE por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.
La resolución judicial finaliza una etapa de la investigación en la que el instructor observó indicios «muy sólidos» de que el empresario Aldama realizó entregas sucesivas de dinero a los demás investigados, buscando que cometieran acciones «contrarias a los deberes inherentes a sus cargos públicos».
El auto detalla un esquema funcional claro: Aldama sería quien detectaba oportunidades para negocios ilícitos, localizando empresas dispuestas a pagar comisiones para obtener contratos públicos.
Koldo García desempeñaría el rol de intermediario y facilitador, explotando su cercanía privilegiada con el ministro.
Finalmente, Ábalos, como principal responsable político al frente de un ministerio clave, empleaba su influencia para concretar los acuerdos corruptos y asegurar la adjudicación de contratos.
La investigación indica que esta estructura no limitaba su actividad a un solo tipo de delito, sino que se adaptaba a diversas situaciones y «ámbitos de actuación».
Esto implica que, al surgir una posibilidad de corrupción en cualquier área, la organización estaba preparada para sacarle provecho.
Así sucedió durante la pandemia de Covid-19, cuando las adquisiciones masivas de material sanitario abrieron nuevas vías para obtener beneficios ilegales.
«Ingresos en metálico»
Hace aproximadamente un año, Víctor de Aldama declaró ante la Audiencia Nacional que entregó a José Luis Ábalos cerca de 650.000 euros en efectivo, de los cuales 250.000 correspondían a comisiones relacionadas con contratos de mascarillas adjudicados a Soluciones de Gestión, empresa principal de la red, al comienzo de la pandemia.
Puente también ha señalado posibles episodios de tráfico de influencias en beneficio de Air Europa y a través de gestiones con los ministerios de María Jesús Montero y Reyes Maroto, así como la contratación en empresas públicas de Jessica Rodríguez y Claudia Montes, vinculadas a Ábalos.
El juez basa sus argumentos en análisis patrimoniales detallados que muestran que Koldo García experimentó un «incremento significativo de ingresos en metálico» entre 2020 y 2022, etapa en la que Ábalos ejercía como ministro de Transportes.
Simultáneamente, el ministro redujo notablemente sus retiradas de efectivo mientras aumentaban considerablemente los ingresos en metálico en sus cuentas bancarias.
Con esta decisión, el Tribunal Supremo se convierte en la instancia competente para juzgar a Ábalos, dada su condición de diputado en el Congreso. Su posible renuncia al escaño, considerada anteriormente, ya no modificaría esta situación.
La Fiscalía Anticorrupción y las demás acusaciones populares disponen ahora de diez días para presentar sus denuncias finales y solicitar la apertura del juicio oral o el archivo del caso, aunque esta última opción resulta poco probable.
El juicio oral podría celebrarse en los próximos meses y las penas previstas para estos delitos alcanzan hasta seis años de prisión, además de inhabilitaciones y sanciones económicas considerables.