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Las relaciones diplomáticas entre México y Perú continúan enfrentando las repercusiones de la destitución del expresidente Pedro Castillo, casi tres años después de su salida de la Casa de Pizarro en diciembre de 2022.
Este lunes, el gobierno peruano comunicó su determinación de romper vínculos diplomáticos con México, tras la apertura en ese país de un trámite para conceder asilo a la exprimera ministra Betssy Chávez, última jefa del gabinete de Castillo, quien actualmente permanece en la embajada mexicana en Lima.
«Hoy nos hemos enterado con sorpresa y pesar profundo que la exprimera ministra (…) está recibiendo asilo en la residencia de la embajada de México en Perú», expresó el canciller peruano, Hugo de Zela, durante una conferencia de prensa en la que anunció esta medida.
El alto funcionario calificó la acción del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum como un acto «inamistoso», sumándose a la defensa pública que el exmandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador ofreció en su momento a Castillo, lo que provocó la retirada mutua de embajadores a principios de 2023.
«Considerando las múltiples ocasiones en que tanto la actual como la anterior administración de ese país han interferido en asuntos internos de Perú, el gobierno peruano ha resuelto hoy cortar relaciones diplomáticas con México», declaró De Zela, según reportó Reuters.
Castillo permanece detenido desde que intentó disolver el Congreso peruano a finales de 2022 y actualmente enfrenta un proceso judicial por rebelión.
México concedió asilo político a los hijos de Castillo, así como a su esposa, Lilia Paredes, quien está bajo investigación de las autoridades peruanas por presunta participación en una red de lavado de activos.
La ruptura diplomática figura entre las medidas exteriores más significativas tomadas por el gobierno del nuevo presidente peruano, José Jerí, quien asumió el mando hace unas semanas luego de la destitución de Dina Boluarte.
Acusada de conspiración
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Bettsy Chávez fue detenida en junio de 2023 y enfrentaba un proceso por presunta conspiración contra el Estado y su implicación en el intento de clausurar el Parlamento. No obstante, en septiembre un juez dispuso que siguiera su juicio en libertad.
Ella asumió el cargo de primera ministra del gobierno de Castillo unas dos semanas antes de que el mandatario decidiera disolver el Congreso.
Si fuera hallada culpable de los cargos que se le imputan —los cuales ella rechaza— podría enfrentar una pena de hasta 25 años de prisión.
El canciller peruano acusó al gobierno mexicano de interpretar los acontecimientos vinculados con la destitución de Castillo desde un enfoque «ideologizado».
«Recientemente, la presidenta de México (Claudia Sheinbaum) ha emitido declaraciones inaceptables y falsas que califican a Pedro Castillo como un perseguido político», afirmó.
«Se trata de dos individuos sometidos a un proceso judicial con todas las garantías legales y no son víctimas de persecución política», añadió.