El juez ha aplicado la Ley de la Segunda Oportunidad a la afectada y la ha exonerado del pasivo insatisfecho
El Juzgado Mercantil número 1 de Lleida ha liberado de una deuda que ascendía a 1.212.910 euros a una mujer que se comprometió como avalista de los préstamos que su marido solicitó para intentar salvar el negocio familiar dedicado a la explotación avícola.
La historia empezó en 2014, cuando el hombre decidió fundar una empresa para gestionar una granja de pollos, involucrando en el proyecto a su familia. Dos años después amplió la actividad con la construcción de una segunda granja, lo que supuso una hipoteca y un compromiso mayor sobre el patrimonio familiar.
“El monstruo nos estaba comiendo”
“Al principio todo parecía ir bien”, relata la mujer, señalando que inicialmente sus hermanos no participaron en el negocio. Sin embargo, en 2020 “reclamaron su parte en el patrimonio y desde entonces comenzó una batalla campal por conflictos familiares que terminó en los tribunales”, según la propia afectada.
Ella recuerda que el negocio “generaba suficiente para vivir con tranquilidad. Además, yo tenía y tengo mi trabajo, pero la mayor carga económica de la familia la aportaba la empresa”. No obstante, los costos derivados de los litigios familiares y los honorarios legales empezaron a aumentar, afectando negativamente a la familia: “Los gastos judiciales y de abogados se multiplicaron y nos impactaron directamente”.
Frente a las dificultades financieras, la pareja buscó asesoría. Fue entonces cuando el marido empezó a solicitar nuevos préstamos con el fin de sostener el negocio y cubrir los costos del litigio. “La bola de nieve crecía cada vez más hasta que nos sobrepasó”, expone ella. Firmó como avalista, afirmando que “estaba y sigo estando a su lado, brindándole todo mi apoyo necesario”.
La deuda acumulada siguió aumentando: “Al hacer cuentas nos percatamos de que superaba el millón de euros. Eso nos supuso una gran carga, pero debíamos encontrar una solución para avanzar”. La mujer admite que “los préstamos fueron una solución temporal, porque al poco tiempo la situación empeoraba”.
“A finales del año pasado”, continúa, “el abogado que llevaba el litigio nos informó que no seguiría con el caso, por lo que contratamos a otro. Conocíamos a uno de Tàrrega y, al contarle todo, nos indicó que debíamos acogernos a la Ley de la Segunda Oportunidad. Así nos puso en contacto con Marta Bergadà y concertamos una primera reunión”, relata.
La abogada responsable del caso señala que, tras revisar la documentación, “comprobamos claramente que se trataba de una deudora de buena fe, por lo que nos pusimos a trabajar con rapidez en la cuestión”. Para la familia, este proceso representó un punto de inflexión. “La respuesta de todo el equipo fue inmediata. Estábamos en una situación límite, cuando el monstruo nos estaba devorando”.
Amenazas y acoso de las empresas de recobro
Paralelamente, la situación personal empeoraba debido a las presiones externas. La mujer relata que fue víctima del “acoso y las amenazas por parte de las empresas de recobro y bancos”. Las llamadas y presiones eran constantes: “existía una presión y amenazas que nos pasaban factura”. La abogada enfatiza que “estas prácticas no solo resultan contraproducentes, sino que también pueden vulnerar los derechos personales del deudor”.
Alcanza máximos de 1,668 billones, aunque el Ejecutivo espera que se reduzca para finales de año (Fuente: Europa Press).
“Cuando me notificaron desde el despacho legal que se me había exonerado el pasivo insatisfecho, sentí un gran alivio, porque me quitó un enorme peso de encima. Constantemente, mi marido y yo estábamos preocupados por nuestros hijos y su futuro, pero ahora todo se ve con más calma”, añade la mujer.