El Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas fue creado en 2022 como una medida provisional para dos ejercicios fiscales, pero se ha consolidado como un componente permanente del sistema tributario estatal
El pasado viernes 31 de octubre, la Asamblea Nacional de Francia rechazó la denominada tasa Zucman, el impuesto sobre grandes patrimonios propuesto por el economista francés Gabriel Zucman, profesor en la Universidad de Berkeley. Esta propuesta pretendía aplicar un gravamen del 2% a las fortunas superiores a los 100 millones de euros, incluyendo el valor de las participaciones empresariales. Otra alternativa, apoyada por los socialistas, planteaba un tipo del 3% para patrimonios a partir de los 10 millones, con excepciones para empresas familiares y emergentes. Ninguna de estas dos opciones logró superar el trámite parlamentario.
Esta decisión supone un revés para el Gobierno de Sébastien Lecornu, cuya estabilidad política depende del respaldo socialista para aprobar los presupuestos de 2026. Según La Vanguardia, la negativa ha aumentado la tensión política y ha reabierto el debate sobre la equidad fiscal y la redistribución de la riqueza en un país donde los impuestos al capital están entre los más elevados de Europa.
Francia, que eliminó su histórico Impuesto sobre la Fortuna en 2017 para sustituirlo por un tributo más limitado centrado en el patrimonio inmobiliario, vuelve a encontrarse dividida. Mientras el país galo enterró la tasa Zucman antes de su implementación, en España ocurrió lo contrario: se decidió mantener indefinidamente un impuesto muy similar en esencia, el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.
Un impuesto temporal en España que se ha transformado en permanente
Este gravamen fue aprobado mediante la Ley 38/2022 y entró en vigor el 28 de diciembre de ese mismo año. En principio, se concibió como una medida temporal y estuvo limitado inicialmente a los ejercicios fiscales de 2022 y 2023, pero finalmente se ha establecido como un mecanismo permanente dentro del sistema tributario estatal.
El propósito inicial del impuesto, según detalla el portal económico Wise, era doble: incrementar la recaudación en un contexto de elevada inflación y, simultáneamente, armonizar la fiscalidad autonómica. En España, comunidades como Madrid, Andalucía o Galicia aplicaban bonificaciones totales o parciales en el Impuesto sobre el Patrimonio, generando una competencia fiscal a la baja que el Gobierno central buscó equilibrar con esta medida. A diferencia del impuesto patrimonial autonómico, este tributo posee carácter estatal y se recauda directamente a través de la Agencia Tributaria.
Este tributo afecta a dos categorías de contribuyentes: personas físicas residentes en España con patrimonios netos superiores a 3 millones de euros, y no residentes que posean bienes o inversiones en territorio español que superen esta cantidad. La base imponible se determina sobre el patrimonio neto, es decir, el valor de los bienes y derechos menos las deudas, con tipos progresivos que varían desde 0% para patrimonios inferiores a 3 millones, pasando por un 1,7% para fortunas superiores a 5,3 millones, un 2,1% hasta el límite de 10,7 millones de euros, y llegando a un 3,5% para quienes excedan dicha cifra.
A pesar de que varios recursos alegaron inconstitucionalidad por posibles duplicidades fiscales o invasión de competencias autonómicas, todos fueron rechazados. El Gobierno sostiene que el impuesto busca fortalecer la justicia fiscal y garantizar que quienes poseen más contribuyan en mayor medida, especialmente en un escenario de creciente desigualdad. Sin embargo, la oposición y una parte considerable del sector empresarial critican que este tipo de impuestos generan inseguridad jurídica y desalientan la inversión extranjera.
La recaudación proveniente de grandes fortunas creció un 57,7% en 2023
Desde su instauración, el impacto del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas se ha reflejado ya en las arcas públicas. Según datos proporcionados por el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), citados por Cadena Ser, la tributación sobre los patrimonios más elevados experimentó un incremento del 57,7% durante 2023, el último ejercicio con datos disponibles.
La Agencia Tributaria recaudó 1.970 millones de euros, unos 600 millones más que en el año anterior, impulsada especialmente por la eliminación de las bonificaciones que, durante años, habían reducido prácticamente a cero la carga fiscal de los más acaudalados en comunidades como Madrid y Andalucía. Aunque parte del aumento se explica también por un incremento del 8% en los patrimonios declarados. Desde Gestha destacaron que la principal fuente del crecimiento en la recaudación proviene del fin de dichas bonificaciones autonómicas.
Las comunidades con mayores rentas per cápita aportan más al fondo común que las pobres, de manera que, junto con las aportaciones del Estado, se logran “nivelar” los recursos disponibles en las distintas regiones.
En total, 228.574 personas presentaron la declaración del impuesto sobre el Patrimonio en 2023, con una riqueza media de 4,08 millones de euros. Cataluña concentra el mayor número de contribuyentes (más de 90.000), mientras que Madrid lidera en volumen de riqueza, dado que sus 24.533 declarantes poseen un patrimonio medio superior a los 11 millones de euros. A pesar de dichas cifras, el impuesto tiene un impacto moderado. Los declarantes madrileños abonaron, en promedio, 10.249 euros, equivalente a apenas el 0,21% de su patrimonio, debido a las exenciones sobre participaciones empresariales y otras deducciones aún vigentes.
Solo tres países europeos mantienen un impuesto general sobre la riqueza
No obstante, España no es el único país europeo que mantiene un impuesto general sobre el patrimonio neto. En Noruega y Suiza también existen gravámenes similares, mientras que otros países optan por medidas parciales aplicadas a determinados activos, según se recoge en El Boletín.
En Noruega, el tributo se impone a patrimonios superiores a 1,7 millones de coronas noruegas, alrededor de 145.000 euros, con un tipo del 1% hasta los 20 millones (1,71 millones de euros), y del 1,1% para aquellos que superan ese umbral. La recaudación se distribuye entre los municipios, que reciben el 0,7%, y el Estado, que obtiene el 0,3%.
Por otra parte, el impuesto en Suiza varía según el cantón, generando diferencias entre territorios. En Zúrich, por ejemplo, el gravamen se aplica a partir de los 80.000 francos suizos (aproximadamente 85.500 euros) para personas solteras y desde los 159.000 francos (170.000 euros) para matrimonios o familias monoparentales. Los tipos son progresivos y oscilan entre el 0,05% y el 0,3% para patrimonios que exceden los 3,5 millones de euros.
Asimismo, países como Francia, Italia, Bélgica y Países Bajos han eliminado el antiguo impuesto sobre la riqueza neta, aunque mantienen fórmulas parciales. Francia grava los bienes inmuebles valorados en más de 1,3 millones de euros mediante el Impuesto sobre la Fortuna Inmobiliaria (IFI). Por su parte, Italia, Bélgica y Países Bajos imponen tributos específicos sobre ciertos activos financieros sin gravar el patrimonio total.