La exconsellera de Agricultura de ERC queda exenta de responsabilidad penal tras su condena por desobediencia grave en la organización del referéndum
El Tribunal Supremo ha concedido la amnistía a Meritxell Serret, integrante de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), convirtiéndola así en la primera consellera del Govern impulsor del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 que se beneficia de la ley de amnistía. Esta resolución del alto tribunal elimina la responsabilidad penal que recaía sobre Serret por su papel en la organización del 1-O.
Serret, quien fue consellera de Agricultura, fue sentenciada a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros por un delito de desobediencia grave, al apoyar el 1-O durante su etapa en el Govern de Carles Puigdemont en 2017, y más tarde presentó un recurso de casación contra dicha sentencia condenatoria.
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En una resolución a la que tuvo acceso EFE, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo declara que “los actos están amnistiados” respecto a los que se imputaba a Serret, “por lo que se considera extinguida la responsabilidad penal que pudiera haber contraído”.
ERC solicita la ampliación de la amnistía
“Desde ERC manifestamos nuestra satisfacción por la amnistía concedida a la consellera Meritxell Serret por parte del Tribunal Supremo. Se reafirma la estrategia consistente seguida mediante la ley de amnistía”, expresó el partido en un comunicado.
Los republicanos destacan que la resolución del Supremo llega menos de dos semanas después del respaldo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía. Según ERC, “era inevitable que finalmente el Tribunal Supremo hiciera lo que debió realizar desde el inicio: aplicar la ley de amnistía aprobada en el Congreso de los Diputados”.
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El comunicado añade: “Esto es precisamente lo que debe ocurrir de forma inmediata con el resto de causas, para restaurar plenamente los derechos políticos de todos los represaliados, permitir que los exiliados retornen y se pueda debatir política y democráticamente sobre el conflicto entre Cataluña y el Estado español sin presiones ni represalias”.
En abril de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sancionó a Serret, que entonces era consellera de Acción Exterior en el Govern de Pere Aragonès, con un año de inhabilitación y una multa de 12.000 euros por desobediencia grave. La sentencia del TSJC señala que, como miembro del Govern de Puigdemont, Serret era “plenamente consciente” de los cinco requerimientos del Tribunal Constitucional que impedían continuar con el 1-O, ya que fueron notificados directamente, pero los desatendió de manera “intencional y deliberada”, sin tomar medidas para paralizar el referéndum.
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Admisión del delito y retorno tras el exilio
La sentencia resaltaba que Serret realizó un “reconocimiento expreso” del delito al negarse a contestar las preguntas formuladas por las acusaciones y limitarse a un alegato donde admitió no haber impedido el referéndum, citando sus “convicciones personales sobre el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán”.
Tras la declaración unilateral de independencia en 2017, Serret residió tres años en Bruselas. En 2021 retornó a España para presentarse ante el Supremo, luego de que los exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, con roles similares en el 1-O, fueran condenados únicamente por desobediencia, sin penas de prisión ni imputaciones por malversación.
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Carles Puigdemont critica al Tribunal Supremo por no aplicar la ley de amnistía avalada por el Constitucional
La resolución del Tribunal Supremo impacta a una de las figuras políticas que integraron el Govern responsable del referéndum unilateral, núcleo de una causa judicial central en el proceso independentista. Con esta decisión, Serret se convierte en la primera exconsellera del Ejecutivo de 2017 en beneficiarse de la aplicación de la ley de amnistía.
El fallo se pronuncia en un escenario de discusión política y jurídica sobre las repercusiones de la norma en los procesos abiertos por el proceso independentista. ERC sostiene que la decisión del Supremo debería allanar el camino para la extinción de responsabilidades de las demás personas afectadas por el 1-O y la recuperación de sus derechos políticos. La aplicación de la amnistía por parte del Supremo establece un precedente para futuras decisiones vinculadas a esta ley.
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