Critican que solo les otorguen tres días para analizar la última documentación enviada por el Gobierno
Todos los consejeros de Hacienda de las comunidades gobernadas por el Partido Popular han enviado una carta al ministro Arcadi España solicitando aplazar hasta septiembre la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera prevista para este miércoles, centrada en aprobar el nuevo modelo de financiación. De acuerdo con la carta a la que ha accedido EL MUNDO, once consejeros autonómicos junto con sus homólogos de Ceuta y Melilla exigen posponer el encuentro «al menos hasta septiembre y siempre que se cumplan las condiciones mínimas de información y plazo que una decisión de esta relevancia requiere«.
Se recuerda que lo que el ministro de Hacienda pretende someter a votación el día 29 «es, en realidad, el resultado de un acuerdo bilateral con ERC». Según su opinión, falta transparencia y «este procedimiento ha perjudicado totalmente el proceso».
«Un modelo acordado con una sola parte y a escondidas de las demás no puede aspirar a ser aprobado ahora de manera apresurada, con un calendario que ni siquiera permite su examen. Consideran que esta forma de actuar vulnera el derecho a un trato igualitario, reconocido tanto por la LOFCA como por la Constitución Española, para todas las CCAA», firman. El ministro busca validar el nuevo sistema con el único respaldo de la Generalitat de Cataluña, si es necesario, en la reunión del 29.
El Ministerio envió un borrador hace veinte días y organizó una única reunión técnica el pasado 14, pero esto es insuficiente, según la carta firmada, entre otros, por la consejera de Hacienda de Madrid, Rocío Albert, de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo y de la Comunidad Valenciana, José Antonio Rovira, quienes han sido particularmente afectados por los incendios, así como por sus homólogos de la Junta de Andalucía, Carolina España, Murcia, María Isabel López, y Galicia, Miguel Corgos, entre otros.
«En primer lugar, las Comunidades Autónomas firmantes siguen sin contar con la información esencial para evaluar en profundidad la propuesta. A pesar de que en los últimos días se ha enviado un nuevo borrador del Acuerdo, las actas y primeros cálculos referidos a cada Comunidad, no se han proporcionado simulaciones completas y homogéneas que permitan verificar el impacto del modelo en todas las Comunidades Autónomas, ni la memoria de cálculo del reparto», enfatizan.
«En segundo lugar, el pasado 14 de julio se reunió el Comité Técnico Permanente de Evaluación y, tras esa sesión, las Comunidades Autónomas formularon un alto número de observaciones, muchas de ellas realizadas con prisa la semana pasada tras el anuncio de esta convocatoria. La documentación integral de la reunión no se entregó hasta el 24 de julio, apenas tres días hábiles antes de celebrarse. Se trata de observaciones importantes que afectan aspectos estructurales del modelo —la población ajustada, los criterios de nivelación, los fondos específicos o la gradualidad en su aplicación—, cuyo análisis detallado y ponderado no puede completarse en el tiempo disponible», denuncian.
También consideran fundamental que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) emita un informe sobre la inclusión en las cuentas públicas de la promesa del Gobierno central de asignar 21.000 millones anuales al sistema para equilibrar el nuevo modelo. La anterior presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, cuestionó la viabilidad de dicha medida.
«Las Comunidades Autónomas firmantes no evitan la reforma del sistema de financiación; por el contrario, la demandan. Pero una reforma de tal magnitud debe abordarse con todas las Comunidades, con información completa y con el tiempo necesario para su análisis, y no puede decidirse sobre premisas y plazos que lo impiden», concluye la carta dirigida al ministro de Hacienda.