Albares ha manifestado una postura firme en la defensa de los derechos del pueblo nicaragüense hasta la fecha, mientras Ortega fortalece la dictadura.
España ha adoptado una actitud prudente y reservada frente a Nicaragua. El pasado domingo 19 de julio, el dictador Daniel Ortega, ante miles de nicaragüenses reunidos en la plaza de la Fe, declaró: «Quiero que olviden, aquí no habrá más elecciones para que ellos [opositores] intenten apoderarse del gobierno y del poder. Continúan conspirando, organizando partidos, para que en unas elecciones esos partidos ganen las elecciones». Este fue un golpe definitivo a la ya inexistente democracia del país latinoamericano, que no generó ninguna respuesta por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
A pesar de que las relaciones con Nicaragua atraviesan uno de sus peores momentos, el Ministerio de Asuntos Exteriores, bajo la dirección de José Manuel Albares, se limitó a comunicar a este medio que «el Gobierno de España está coordinándose con la UE para lograr una postura común». Esta mesura contrasta con la firme defensa de los derechos fundamentales que mostró el jefe de la diplomacia española al establecerse en la plaza del Marqués de Salamanca en agosto de 2021.
En noviembre de ese mismo año, la Oficina de Información Diplomática emitió un comunicado contundente de siete párrafos condenando el proceso electoral. En dicho texto se rechazaba la elección y se exigía «unos comicios libres, justos, transparentes y concurridos que aseguren la participación de todos los nicaragüenses». Además, se afirmaba categóricamente: «El Ejecutivo español considera un burla estos comicios y denuncia que su realización no refleja la verdadera voluntad del pueblo nicaragüense, al que Daniel Ortega ha privado del libre y pleno ejercicio de sus derechos electorales». El comunicado concluía con la afirmación de que «el Gobierno de España, al igual que el pueblo español, mantiene su firme compromiso con el pueblo de Nicaragua (…) y continuará colaborando con sus socios de la UE y aliados internacionales para que los nicaragüenses recuperen sus derechos y libertades y puedan ejercerlos en democracia».
Un año después, España concedió la nacionalidad a más de 300 ciudadanos nicaragüenses que habían sido privados de su nacionalidad por el gobierno de Ortega. Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores se comprometió a otorgar la nacionalidad española «a cualquier ciudadano de Nicaragua que en el futuro quede en situación de apatridia debido a decisiones del gobierno de Daniel Ortega».
El punto más crítico en las relaciones diplomáticas ocurrió el pasado enero, cuando Ortega optó por destituir a la Embajada española en Managua expulsando al embajador español, Sergio Farré Salvá, y a su segundo al mando, Miguel Mahiques Núñe. Ante este ataque, Albares respondió con una acción similar, retirando a Mauricio Carlo Gelli, jefe de la misión, y a otro integrante de la delegación nicaragüense.
Esta firme defensa de los derechos de los nicaragüenses contrasta con la actual situación, en la que Exteriores, a casi tres meses de la cumbre Iberoamericana en Madrid, permanece en silencio ante las amenazas del líder sandinista, que busca consolidar la dictadura suprimiendo las elecciones y condenando al exilio a los 98.000 nicaragüenses residentes en España.