Sostiene que el ‘caso Gürtel’ no podía afectarle y que los hechos investigados fueron, en realidad, «una operación de inteligencia» destinada a localizar los fondos ocultos del ex tesorero ‘popular’.
La defensa del ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha afirmado este miércoles en su informe final del juicio por la operación Kitchen que no se ha probado «ninguno de los delitos» que se le imputan como supuesto «jefe» de la operación para impedir que Luis Bárcenas entregara al juez del caso Gürtel pruebas dañinas para el PP y sus dirigentes.
El letrado Jesús Mandri ha recalcado ante la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional que el ex ministro carecía de motivos para implicarse en algo así, ya que el ex tesorero popular no representaba una amenaza para él. «Jorge Fernández Díaz nunca tuvo interés ni preocupación alguna sobre la información que pudiera poseer el señor Bárcenas. El procedimiento judicial relativo a los papeles de Bárcenas y a los documentos vinculados a la familia Bárcenas no generaba ninguna inquietud en él».
Recordó que la Udef confirmó que el ex ministro no aparecía en la lista de posibles receptores de sobresueldos dentro del Partido Popular. «La información que pudiera tener el señor Bárcenas le era completamente indiferente. No le causaba preocupación alguna».
Respecto a un posible impacto sobre «su carrera política», de forma más general, la defensa ha señalado que en «noviembre de 2016» dejó el Ministerio del Interior debido a un problema grave de salud. «Ya estaba próximo a abandonar tanto el Gobierno como la política y el Partido Popular». Las fechas mencionadas no coinciden bien con el caso: la operación Kitchen comenzó, según la investigación, a principios de 2013, cuando el acusado aún dirigía Interior durante casi cuatro años más.
La tesis de Fernández Díaz, al igual que la de los demás acusados, es que Kitchen no fue una operación encubierta frente al juez del caso Gürtel. «Esto se trata de una operación de inteligencia, no de una maniobra parapolicial, destinada a localizar el dinero que el señor Bárcenas podría haber escondido».
Anticorrupción solicita para el ex ministro 15 años de prisión y también le acusa Bárcenas y su familia por el supuesto espionaje sufrido.
La principal prueba contra Fernández Díaz son los mensajes que supuestamente envió a su número dos relacionados con esta operación. Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, los presentó ante notario, hecho que condujo a la inclusión del ex ministro en la lista de investigados en un caso que ya estaba próximo a juicio. La defensa ha calificado dichos mensajes como «inverosímiles».
El letrado del ex ministro ha argumentado, además, que las irregularidades vinculadas a los mensajes son tan numerosas que no pueden ser consideradas incriminatorias por la Sala. «La declaración del notario fue absolutamente absurda. Está fuera de toda duda que esas actas fueron otorgadas de una forma manifiestamente irregular, como mínimo». Añadió que no iba a «perder el tiempo» solicitando al tribunal que investigara al notario por falso testimonio, dado que su declaración en el juicio la calificó de «una burla».
Tras la defensa del ex ministro intervino la de su ex número dos, quien también enfrenta una petición de 15 años de cárcel. Entre los acusados en el banquillo bajo esta solicitud se encuentran también el ex DAO de la Policía Eugenio Pino. La condena más elevada se pide para el comisario jubilado José Manuel Villarejo: 19 años de prisión, entre otros cargos, por captar como informante al chófer de la familia Bárcenas.
Una vez que las defensas terminen la presentación de sus informes finales solicitando la absolución y la nulidad del proceso, los acusados podrán hacer uso del turno de última palabra. Posteriormente, el juicio quedará preparado para la sentencia.