Las claves
El Partido Popular ha solicitado al juez la suspensión provisional de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y del DAO, Manuel Llamas, en sus funciones de mando sobre la UCO y el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción.
Se investiga si González y Llamas trataron de influir en agentes de la UCO utilizando el régimen disciplinario interno como herramienta de presión e intimidación en casos relacionados con el PSOE y el entorno de Pedro Sánchez.
Las acusaciones populares también reclaman que Leonardo Marcos, exdirector de la Guardia Civil, sea citado como investigado por su posible implicación en acciones contra la UCO.
Se pide la declaración de varias personas vinculadas al caso, entre ellas Leire Díez y exdirectivos de Correos, y se propone citar al fiscal jefe de Badajoz como testigo.
Las acusaciones populares implicadas en el ‘caso Leire’, agrupadas bajo el Partido Popular, han solicitado al juez Santiago Pedraz que separe de manera cautelar a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director general operativo, general Manuel Llamas, del mando de la Unidad Central Operativa y, específicamente, del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción, dirigido por el teniente coronel Antonio Balas.
Agentes del DIECAN actúan como Policía Judicial en estas investigaciones, donde se indaga una supuesta trama orquestada por el exlíder del PSOE Santos Cerdán y la exmilitante Leire Díez para desestabilizar a jueces, fiscales y unidades policiales encargadas de procesos que afectan a ese partido y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
González y Llamas están siendo investigados por presuntos delitos de prevaricación administrativa y obstrucción a la Justicia.
Se dispone de indicios que apuntan a que intentaron influir en los agentes de la UCO que investigan delitos de corrupción vinculados al PSOE mediante la utilización del régimen disciplinario interno de la Guardia Civil.
González y Llamas iniciaron en un corto periodo tres informaciones reservadas contra miembros de la UCO a pesar de la falta de justificación para tales procedimientos, según las pruebas recopiladas, y habrían actuado con la finalidad de presionar e intimidar para hacerles saber que su desarrollo profesional estaba en riesgo.
Concretamente, las acusaciones populares piden al instructor, Santiago Pedraz, que prohíba precautoriamente a González y Llamas ejercer cualquier función de mando, dirección o supervisión sobre la DIECAN y sus agentes, asignando tales responsabilidades «a un mando externo a la cadena de los investigados».
También demandan que se impida que puedan iniciar, tramitar o resolver informaciones reservadas, expedientes o procedimientos disciplinarios de cualquier tipo relacionados con los mandos y agentes de la UCO durante la duración del proceso judicial.
Asimismo, solicitan la restricción de acceso a documentos, sistemas y expedientes vinculados a la investigación en curso, junto con la prohibición de comunicarse, ya sea directamente o por medio de terceros, con los agentes y testigos que han declarado en la causa.
«No solo se trata del adecuado funcionamiento de la Administración, sino que, en esencia, está en juego la indemnidad de la actividad de apoyo a la Administración de Justicia que la UCO lleva a cabo bajo la dirección de órganos judiciales en procedimientos penales de máxima sensibilidad», expresan en un escrito dirigido al juez.
Destacan que, pese a estar investigados, tanto la directora general como el DAO permanecen en sus cargos. «Esta situación resulta claramente incompatible con la naturaleza de los hechos investigados, ya que los dos máximos responsables mantienen intacta su autoridad directa sobre los agentes de la UCO cuya labor investigadora habría sido objeto de neutralización, así como sobre quienes poseen facultades de dirección, destino, evaluación, régimen disciplinario y asignación de recursos», argumentan.
Posible implicación de Marcos
En otro documento, las acusaciones populares insisten en que el antecesor de González, Leonardo Marcos, debe ser citado como investigado.
Una petición similar fue rechazada anteriormente por Pedraz. El 2 de julio, el juez consideró que la conducta atribuida a Marcos —solicitar a los agentes que «se pusieran de perfil» durante la investigación relacionada con el hermano de Pedro Sánchez— «por sí sola no constituye delito».
Sin embargo, las acusaciones populares sostienen que existen nuevas razones para llamar a declarar a Marcos, basadas en la declaración del general Llamas.
Se recuerda que algunas medidas predisciplinarias contra la UCO fueron iniciadas bajo la dirección orgánica de Marcos, «lo que impide afirmar que permaneciera ajeno a una práctica que Llamas describe como habitual y conocida en la cadena de mando».
«En el expediente consta, mediante la declaración del [general Rafael] Yuste, exresponsable de la UCO, que Marcos intervino para poner en duda los informes de la UCO relacionados con la causa de David Sánchez, llegando a exigir que ciertos análisis estuvieran ‘limpios’ en un plazo de una semana», indican.
Para las acusaciones populares, «tal interferencia excede la simple supervisión jerárquica» y podría encuadrarse en los delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia.
«Los hechos bajo investigación responden a una acción coordinada de la cúpula de la Guardia Civil, donde el director general ostentaba la máxima responsabilidad institucional», sostienen.
«La coincidencia temporal entre los contactos de la directora general con la trama», refiriéndose a las reuniones entre González y Leire Díez, «la apertura de informaciones reservadas y las instrucciones impartidas a la UCO no puede analizarse sin implicar a quien, de junio de 2023 a septiembre de 2024, lideró dicha estructura», agregan.
Solicitud de comparecencias
Las acusaciones también han solicitado al juez Pedraz que cite a declarar a Leire Díez, Vicente Fernández y Juan Manuel Serrano, quienes ya están investigados en este caso.
Además, desean incluir a dos personas más: José Luis Pérez Pastor, ex vicesecretario de Correos, y Patricia Álvarez, exsubdirectora de Desarrollo Organizativo y de Personas de Correos. Ambos están relacionados en el procedimiento con la presunta contratación irregular de Leire Díez como directiva de la entidad.
Las acusaciones populares también han propuesto que el fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso, declare como testigo en relación con el archivo de una denuncia contra Leire Díez.