Catorce comunidades autónomas han limitado el uso de teléfonos móviles en las aulas, aunque los investigadores no consideran que esto haya generado mejoras fuera del horario escolar.
Han transcurrido dos años y medio desde que comenzó a implementarse la prohibición del móvil en varias autonomías, aunque la mayoría estableció excepciones para permitir su uso con fines educativos y bajo supervisión docente. El 40% de los institutos españoles autoriza a sus estudiantes de la ESO [de 12 a 16 años] a emplear los teléfonos para actividades pedagógicas, aunque existen marcadas diferencias regionales. En La Rioja su uso didáctico es escaso (17%), mientras que en Extremadura alcanza el 76% de los centros.
En niveles intermedios figuran Baleares (29%), Cataluña (31%), Galicia (35%), Madrid (36%) y Andalucía (39%). Con una utilización moderada se sitúan la Comunidad Valenciana (41%), Cantabria (45%), Canarias (46%), Aragón (48%) y Castilla-La Mancha (51%). En contraste, Navarra (55%), Castilla y León (59%), Murcia (62%) y Asturias (63%) presentan un uso elevado. Además, el móvil con fines educativos se emplea considerablemente más en Bachillerato (50%) y en la Formación Profesional (entre el 55% y el 59%, según la fase educativa) que en la ESO.
Estos datos provienen de un informe recién difundido por el Ministerio de Educación sobre la digitalización en las aulas. La estadística revela que los centros privados aplican mayores restricciones al uso pedagógico del móvil: solo el 29,9% lo permite, frente al 47,5% de los públicos. De igual forma, en estos centros usan menos los ordenadores, que están más disponibles en la escuela pública (con un promedio de 1,9 alumnos por portátil, tableta o PC de sobremesa) que en la privada (donde corresponde a 2,7 alumnos). Durante la pandemia de covid, esta disparidad fue menor: 2,3 alumnos por equipo en la pública y 2,8 en la privada.
El debate sobre el uso del móvil por menores continúa siendo polémico. El propio Gobierno, que en noviembre de 2023 descartaba limitar su uso alegando que sería «poner puertas al campo», modificó su postura apenas un mes después, cuando la entonces ministra de Educación, Pilar Alegría, propuso un pacto de Estado para acordar restricciones en todas las CCAA debido a «la preocupación de las familias». Ese acuerdo nacional no llegó a concretarse, pero la mayoría de las regiones aplicaron vetos.
Según la consulta realizada por EL MUNDO en todas las consejerías educativas, solamente tres comunidades no regulan el uso de estos dispositivos a nivel autonómico. País Vasco estableció pautas generales para los centros, que deben decidir su política dentro de su autonomía. Asturias transformó unas antes instrucciones en orientaciones tras un recurso judicial que cuestionó la obligatoriedad de la prohibición. Y Navarra toma con calma la aprobación de un decreto foral de convivencia donde se aborda esta materia.
El resto coincide en establecer límites, aunque con variaciones. En los colegios de Infantil y Primaria de Madrid está prohibido, pero en la ESO son los centros los encargados de definir el grado de restricción. Algunas regiones vetan el uso del móvil durante la jornada escolar salvo que esté contemplado en el proyecto educativo para momentos específicos o cuando se trate de una actividad didáctica previamente programada (Castilla y León), aplicando criterios justificados (Andalucía y Aragón), bajo la supervisión del docente (Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias y La Rioja) o cuando aporte un valor añadido (Murcia).
Castilla-La Mancha, Cantabria y Baleares no permiten el uso en Primaria como regla general, aunque en la ESO admiten algunas excepciones educativas. Extremadura va más allá, requiriendo autorización escrita de los padres, aunque en los próximos días publicará una nueva instrucción «más amplia y ajustada a la realidad social», según informan en la Consejería de Educación. En Cataluña, los dispositivos móviles «no están permitidos en toda la etapa obligatoria, ni dentro de las aulas ni en otros espacios, incluyendo los usos pedagógicos».
Las primeras investigaciones que evaluaron la prohibición no observan resultados significativos. Las consejerías afirman que «ha mejorado la convivencia» y se han reducido los conflictos, pero un estudio publicado en The Lancet que analizó a 1.227 adolescentes de 12 a 15 años en 30 centros ingleses (con distintas políticas, restrictivas y permisivas) mostró que retirar el móvil reduce su uso únicamente durante el horario escolar, pero no mejora el bienestar mental ni disminuye el tiempo de uso fuera del aula.
«Nuestros hallazgos indican que las políticas escolares restrictivas, tal como se aplican actualmente, no afectan significativamente el uso del teléfono ni aportan mejores resultados para los adolescentes en aspectos de salud mental, física o cognitiva», concluyen los autores de la Universidad de Birmingham, quienes proponen implementar políticas «en un contexto más amplio que favorezca un enfoque integral para disminuir el uso general del móvil entre los jóvenes, abordando tanto el consumo dentro como fuera del ámbito escolar».