El Congreso aprueba el decreto de jubilación parcial de empleados públicos tras la abstención de PP y Junts

Para optar por esta modalidad, los empleados deberán jubilarse con una antelación mínima de tres años respecto a la edad ordinaria de retiro y contar con al menos 33 años cotizados

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Complejo de la Moncloa. (Gabriel Luengas - Europa Press)

Este jueves, el Congreso de los Diputados aprobó el Real Decreto-Ley 19/2026, que permite la jubilación parcial anticipada para el personal laboral de las administraciones públicas, en una sesión extraordinaria justo antes del receso veraniego. Las abstenciones del Partido Popular y Junts fueron decisivas para la aprobación de esta normativa, que recibió votos contrarios de Vox y Podemos. En concreto, la votación terminó con 167 votos a favor, 37 en contra y 144 abstenciones.

Los cuatro diputados de Podemos apoyaron junto a la ultraderecha el rechazo al texto. El partido encabezado por Ione Belarra argumentó su negativa por la falta de medidas destinadas a regularizar la situación de los empleados interinos en el sector público. Esta postura fue compartida también por Junts, mientras que Vox se manifestó en contra desde un enfoque ideológico más amplio en relación con la norma.

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El decreto fue aprobado en el Consejo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 29 de junio. De esta forma, se restaura un derecho que ya tenía el personal laboral de las administraciones antes de que la reforma más reciente de pensiones lo suspendiera temporalmente. La reforma, implementada mediante el Real Decreto-Ley 11/2024, había eliminado esta opción al exigir que los contratos de relevo fueran necesariamente indefinidos, un requisito que en el ámbito público implica superar un proceso de oposición o concurso-oposición.

Requisitos para la jubilación parcial

El ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, defendió ante la Cámara Baja esta normativa, calificándola como “un respiro” tanto para la administración como para miles de trabajadores públicos. En su intervención, destacó que la norma permitirá a todo el personal laboral acceder a la jubilación parcial mediante contratos de relevo temporales, que serán válidos desde la fecha de inicio de la jubilación parcial y por un máximo de dos años tras su finalización.

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Para poder acogerse a esta modalidad, los trabajadores deberán cumplir diversos criterios. En primer lugar, deberá realizarse la jubilación con al menos tres años de anticipación respecto a la edad ordinaria de retiro, presentar un mínimo de 33 años cotizados, poseer una antigüedad mínima de seis años en la misma administración y aceptar una reducción de jornada que oscile entre el 25% y el 75%.

Si el adelanto supera los dos años, la reducción durante el primer año tendrá que situarse entre el 20% y el 33%. Con este sistema, el trabajador recibe el salario proporcional al tiempo trabajado y la pensión correspondiente a la parte de jornada no cubierta.

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Tiempos y complementos

La legislación también establece que las administraciones deben disponer de un mecanismo de planificación, preferentemente a través de ofertas de empleo público, para organizar la cobertura de las jubilaciones parciales. La oferta de empleo público de 2026 para la Administración General del Estado ya incluye 854 plazas destinadas a la contratación de personal de relevo fijo. Además, el decreto contempla un periodo transitorio hasta el 1 de abril de 2027 para facilitar la adaptación progresiva de las administraciones al sistema implementado.

Asimismo, el texto incorpora la revisión de las indemnizaciones por residencia del personal de la Administración General del Estado destinado en las Islas Baleares. Este complemento se incrementará en un 100% en Mallorca y supera el 300% en el resto de las islas, con efecto retroactivo desde el 1 de julio.

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Finalmente, la reforma recibió también el respaldo de los sindicatos. Días previos a la votación, Comisiones Obreras (CCOO) había solicitado a los grupos parlamentarios su apoyo al decreto, describiéndolo como el fruto de meses de movilizaciones y negociación para recuperar un derecho que la reforma de pensiones había suspendido involuntariamente.

*Noticia elaborada con información de agencias.

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