El PP solicita que el Consejo de Estado se pronuncie sobre la ‘ley de nietos’

El PP ha reclamado al Gobierno la «nulidad» de la instrucción que extiende las nacionalizaciones

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo preside el Comité de Dirección del partido este lunes

El Partido Popular anunció ayer, justo tras el lunes de resaca del Mundial, que ha solicitado a la Secretaría de Estado de Justicia la «revisión de nulidad de oficio» de la instrucción que amplía las nacionalizaciones previstas en la Ley de nietos más allá del alcance original establecido por la Ley de Memoria Democrática. Esta instrucción autoriza la nacionalización española a bisnietos e incluso tataranietos de los exiliados, aunque estos no hayan sufrido represalias durante la Guerra Civil o la dictadura franquista. En gran parte, curiosamente, se trata de individuos originarios del país con el que España se enfrentó en la final en Nueva Jersey, Argentina.

La instrucción, firmada por la directora general de Seguridad Jurídica, Sofía Puente (hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente), interpreta que cuando la Ley de Memoria establece que pueden obtener la nacionalidad «los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originalmente fueran españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio…», el «y que» implica «y, además, aquellos que».

Esta interpretación contradice totalmente el espíritu que se quiso dar a la norma en el Congreso. Durante la tramitación de la Ley de Memoria Democrática, la mayoría en la Cámara Baja rechazó de forma explícita una enmienda de Ciudadanos que proponía que cualquier persona que hubiera salido de España pudiera recuperar la nacionalidad.

Por este motivo, el PP ha iniciado el procedimiento de reclamación. «Hemos remitido un escrito al Ministerio y, si hay respuesta, a continuación se emitiría un informe vinculante del Consejo de Estado«, aseguran. Es decir, el objetivo del PP es que el órgano consultivo supremo determine si una instrucción interpretativa puede expandir significativamente el rango de personas beneficiadas por esta medida.

No obstante, en Génova no albergan muchas esperanzas de que el Gobierno permita la tramitación ni de que el Consejo de Estado les dé la razón. La Secretaría de Estado tiene un plazo de tres meses para responder y, en ausencia de respuesta, el silencio se interpreta como negativo: es decir, la petición del PP quedaría desestimada. «Pero el Gobierno deberá explicar por qué no responde«, desafían.

La dirección nacional del Partido Popular ha decidido iniciar esta acción ante el Ministerio de Justicia — tres semanas después de que lo hiciera Vox — tras conocer las «dudas razonables» que plantea la aplicación de la norma la Junta Electoral Central (JEC). Este órgano independiente se reunió el jueves a puerta cerrada para deliberar sobre las reclamaciones presentadas en relación al proceso de nacionalizaciones conforme a la denominada Ley de nietos.

La totalidad de los vocales de la Junta acordó exigir que en las solicitudes presentadas se encuentre «suficientemente motivada» la elección del municipio al que serán adscritos los nuevos ciudadanos españoles. Sin embargo, algunos miembros de la Junta manifestaron su deseo de que el órgano hubiera actuado con mayor contundencia para «poner fin» a lo que consideran un «incremento notable e irreversible del censo».

Cuatro vocales firmaron un voto particular señalando que está ocurriendo un «incremento irregular del censo» y que la JEC «no puede mantenerse inactiva». «Si la JEC no tiene competencia para frenar un aumento notable e irreversible del censo contrario a lo establecido por la Ley, ¿quién la tendría?«, plantea el voto particular firmado por el vocal Carlos Vidal — catedrático de Derecho Constitucional — y que cuentan con el apoyo de otros tres miembros del órgano.

«No solo poseemos la competencia o facultad para actuar, sino también la responsabilidad de impedir que se amplíe el censo contraviniendo la ley«, añaden los vocales divergentes respecto a la resolución de la JEC, aprobada con el voto favorable de la mayoría, que indicaba que «excede las competencias de la Junta Electoral Central pronunciarse sobre las circunstancias que permiten la concesión de la nacionalidad y su procedimiento».

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