Las claves
El juez Calama sostiene que Zapatero intervino para que el Gobierno aprobara 53 millones de euros a Plus Ultra.
Julio Martínez, examigo de Zapatero, declaró que el expresidente tomaba decisiones respecto a la sociedad Análisis Relevante, usada para las comisiones.
Martínez aseguró que mantenía informado a Zapatero sobre cada movimiento de Plus Ultra ante la SEPI y que fue el expresidente quien le adelantó la próxima concesión del rescate.
La confirmación de mensajes intercambiados entre Martínez y directivos de Plus Ultra fortalece la investigación sobre posibles gestiones extralegales en la aprobación del préstamo.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama consideró consolidada ayer la hipótesis de que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero intervino para que el Gobierno otorgara a la aerolínea Plus Ultra un financiamiento público por 53 millones de euros.
El avance en la investigación provino del examigo de Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez, quien inició una colaboración con la Justicia mediante su primera declaración como investigado.
Martínez corroboró que Zapatero era quien tomaba las decisiones sobre Análisis Relevante, la empresa gestionada por el empresario alicantino a través de la cual se trasladaban al expresidente las comisiones entregadas por los beneficiarios de sus gestiones.
Zapatero fue responsable de captar a las cuatro compañías que contrataron con Análisis Relevante, comenzando por Inteligencia Prospectiva, de los hermanos Amaro Chacón, y luego Plus Ultra.
Julio Martínez también confirmó que la primera vez que supo de la aerolínea fue por medio de Zapatero, quien designó al administrador de Análisis Relevante como intermediario con los propietarios y directivos de Plus Ultra.
Martínez declaró que informaba a Zapatero acerca de todas las gestiones que Plus Ultra realizaba ante la SEPI. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales tenía la responsabilidad de proponer el rescate de la compañía con fondos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, creado para asistir a empresas no financieras afectadas por la pandemia de Covid-19.
¿Y Zapatero no le comunicaba las acciones que él realizaba? No, respondió Martínez, reiterando esa respuesta cada vez que el juez intentó, con diferentes enfoques, conocer las gestiones hechas por Zapatero «aguas arriba», según la expresión de Calama.
Martínez ratificó lo anticipado en un escrito firmado por él y su abogada, la exfiscal María Dolores Márquez de Prado, enviado a Calama el lunes para informar sobre su intención de «contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados»: fue Zapatero quien le comunicó el 26 de febrero de 2021 que la SEPI daría informe favorable para la concesión de los préstamos a Plus Ultra, hecho que se materializó el 2 de marzo. La aprobación definitiva por parte del Gobierno de Sánchez llegó el 9 de marzo.
«Zapatero se lo comunica a usted y usted dice que no interviene con la SEPI, por lo que, si hubo intervención con la SEPI, habría sido Zapatero, ya que la otra opción es que se hubieran llevado el dinero sin hacer nada«, le dijo Calama, proponiendo como alternativa al tráfico de influencias una posible estafa.
«Al final, lo que tenemos es que las gestiones extralegales sí las hacen ustedes. Usted no interactúa con la SEPI, entonces ¿quién lo hace?», insistió.
«No lo sé», contestó Martínez.
Los investigadores sostienen que esas gestiones tuvieron lugar: ninguna empresa con graves problemas financieros entrega una ‘mordida’ de medio millón de euros sin motivo.
Tras ser informado por Zapatero de la concesión del rescate, Martínez transmitió la noticia a Rodolfo Reyes, entonces accionista mayoritario de Plus Ultra, y a un antiguo inversor de la aerolínea, Camilo Ibrahim Issa.
En el expediente figuran mensajes enviados por Julio Martínez a Camilo Ibrahim Issa, en los que intercambiaron «felicitaciones por la obtención del préstamo de la SEPI».
Petición de nulidad
Estos mensajes fueron hallados en un teléfono móvil intervenido a Martínez cuando fue arrestado el 11 de diciembre de 2025.
La defensa de Rodríguez Zapatero ha cuestionado la incorporación al proceso judicial de la información obtenida de los dispositivos de los implicados, argumentando que fueron intervenidos vulnerando derechos fundamentales, lo que implicaría la nulidad de la incautación.
La confirmación del contenido de estos mensajes por parte de Martínez anula la petición de nulidad presentada por la defensa del expresidente socialista. En caso de que esta petición prosperase, la información ya estaría integrada en el proceso mediante las declaraciones del empresario alicantino.
El juez y la Fiscalía Anticorrupción valoran como «importante» la declaración rendida ayer por Julio Martínez, a pesar de su austeridad y de que «hay que obtener la información con dificultad», según fuentes consultadas.
Consideran, no obstante, que se trata de un primer paso y que «deberá aportar más detalles a medida que avance la investigación».
El juez todavía no ha citado a declarar al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ni al exconsejero delegado Roberto Roselli, quienes también han comunicado por escrito su voluntad de colaborar con la Justicia y ya han entregado datos más específicos que Martínez Martínez.
Sola y Roselli serán citados después de agosto, según fuentes jurídicas.