La Audiencia de Almería condena a uno de los beneficiarios de una red de empresas ficticias que defraudó más de 630.000 euros a las arcas públicas
La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a un individuo por un delito contra la Seguridad Social, tras demostrar que recibió indebidamente cerca de 5.000 euros en prestaciones por desempleo mediante un contrato laboral ficticio. La sentencia confirma que el acusado formaba parte de una compleja red de fraude que usó empresas sin actividad real para simular relaciones laborales y así generar el derecho a recibir ayudas públicas.
El fallo dictado por la Sección Tercera del tribunal se centra en una organización operativa durante varios años, previamente desarticulada judicialmente con la condena de su principal responsable: un asesor fiscal que constituyó decenas de sociedades pantalla para crear la apariencia de legalidad en contratos inexistentes. Esta trama ocasionó un perjuicio superior a los 630.000 euros a las arcas públicas.
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En el caso actual, el condenado admitió los hechos y aceptó una sentencia de conformidad ya firme. Además de una multa de 1.242 euros, deberá devolver en su totalidad los 4.970 euros recibidos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), junto con los intereses legales correspondientes.
El paro registrado en las oficinas del servicio público de empleo descendió en 28.739 personas en junio respecto al mes previo (-1,2%), motivado principalmente por el sector servicios, que concentró buena parte del descenso del desempleo por la llegada de la temporada estival en turismo y hostelería, según datos difundidos este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Una red que operaba con empresas ficticias
La investigación judicial ubica el origen de esta organización entre 2009 y 2013. Según la resolución, el principal responsable, en su condición de gestor autorizado, accedió al sistema RED de la Tesorería General de la Seguridad Social, plataforma destinada a gestionar telemáticamente las obligaciones laborales de las empresas.
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Este acceso le permitió constituir sistemáticamente sociedades mercantiles sin trabajadores, actividad económica ni infraestructuras. En algunos casos, incluso utilizó sin autorización empresas ya existentes para respaldar documentalmente contratos ficticios.
El procedimiento era sencillo pero eficaz: los interesados pagaban entre 1.200 y 1.800 euros para ser inscritos de manera simulada en la Seguridad Social. A cambio, se les proporcionaban contratos laborales, nóminas y toda la documentación necesaria para simular una relación laboral inexistente.
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Contratos simulados para conseguir la prestación por desempleo
Los falsos trabajadores permanecían inscritos solamente el tiempo necesario para generar el derecho a solicitar la prestación por desempleo. Una vez conseguido este requisito, la organización simulaba un despido o la finalización del contrato y presentaba la solicitud correspondiente ante el SEPE.
La sentencia destaca que toda la documentación presentada era falsa y que tanto el gestor como los beneficiarios conocían perfectamente la naturaleza fraudulenta de la operación.
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La investigación también reveló que la trama no solo perseguía el cobro irregular del paro. En algunos casos, los contratos simulados se usaban para facilitar la regularización administrativa de ciudadanos extranjeros ante la Oficina de Extranjería, aprovechando la apariencia de una relación laboral válida.
La Inspección de Trabajo desmanteló el fraude
Las actuaciones de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social fueron clave para desarticular esta red. Los inspectores concluyeron que ninguna de las empresas investigadas desarrollaba actividad económica real ni contaba con recursos materiales o humanos para justificar las contrataciones declaradas.
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En la empresa donde figuró dado de alta el condenado, el perjuicio económico alcanzó los 158.613 euros. El acusado estuvo inscrito de manera ficticia entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011, periodo suficiente para acceder posteriormente a un subsidio por desempleo de 4.970 euros.
Multa, devolución del dinero y pérdida de ayudas
El tribunal consideró el reconocimiento de los hechos por parte del acusado, lo que permitió dictar una sentencia de conformidad y valorar circunstancias atenuantes. Sin embargo, la resolución lo condena por un delito contra la Seguridad Social y establece diversas consecuencias económicas.
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Además de la multa de 1.242 euros, el condenado perderá durante nueve meses el derecho a acceder a subvenciones públicas, beneficios fiscales o incentivos administrativos. Igualmente, deberá reintegrar al SEPE la totalidad de los importes percibidos indebidamente, junto con los intereses legales correspondientes.