La Justicia detiene el intento de proteger a la mano derecha de Tapia en la causa por lavado de dinero.
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La Cámara Federal de Casación Penal ha abierto un nuevo y crucial capítulo en la investigación sobre supuesta legitimación de activos y enriquecimiento ilícito que involucra a la dirección de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
En su fallo, la Justicia dispuso una revisión para determinar qué juzgado debe encargarse del expediente que analiza el entramado financiero tras una costosa propiedad vinculada a Pablo Toviggino, actual tesorero de la AFA y principal operador del presidente Claudio ‘Chiqui’ Tapia.
El eje de la disputa se centra en el origen de los fondos destinados a la compra y millonaria remodelación de una lujosa residencia ubicada en un barrio privado exclusivo del partido bonaerense de Pilar.
Según detalló el diario La Nación, que difundió el giro judicial inusual, la máxima instancia penal del país avaló un recurso de queja empleado para evitar que la causa quedara bajo la jurisdicción de un juzgado propuesto por las defensas, desactivando así un intento de protección.
Con los votos de los camaristas Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, Casación revocó un fallo previo que asignaba la competencia al juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charvay.
Este magistrado había solicitado la causa, pero la resolución del tribunal de revisión detiene esa maniobra y retorna la discusión a su estado inicial.
Ahora, la Justicia deberá decidir nuevamente sobre los límites territoriales para determinar si la investigación continúa en el fuero federal de San Martín o regresa a los tribunales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires, ámbito habitual para casos de alto perfil político.
El denominado ‘AFAGate’ profundiza las sospechas sobre que la mansión en Pilar fue comprada usando presuntos testaferros que habrían operado en beneficio de Toviggino, con la finalidad de ocultar a los verdaderos propietarios y el origen del capital.
El fuero federal intenta esclarecer si estas maniobras constituyen un complejo esquema de lavado de activos y, lo más delicado, si esos recursos están relacionados directa o indirectamente con la administración financiera de la casa matriz del fútbol nacional.
Aunque Claudio Tapia no aparece formalmente como acusado en esta causa, el golpe institucional afecta directamente su imagen. Pablo Toviggino no es un dirigente cualquiera en el fútbol argentino: es responsable de las finanzas de la AFA, el enlace tradicional con el poder político y la mano derecha esencial del presidente actual.
Que su colaborador principal sea objeto de estricto control federal constituye un impacto significativo para la estabilidad de su gestión.
Este revés judicial coincide además con una etapa de alta exposición pública para la AFA, inmersa en tensiones con el Poder Ejecutivo Nacional por la polémica puesta en marcha de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y las demandas de mayor transparencia y auditorías en los clubes.
Tras la resolución de Casación, el paraguas protector parece haberse cerrado, asegurando que los bienes y movimientos económicos vinculados al círculo más cercano de Tapia permanecerán bajo vigilancia judicial en los próximos meses.