Con el envejecimiento del electorado, los partidos cuentan con incentivos cada vez más lógicos para salvaguardar el gasto en pensiones, relegando las demandas de los jóvenes a un segundo plano
En 2017, por primera vez en la historia democrática española, el número de votantes mayores de 64 años superó al de los menores de 35. Este cambio silencioso pasó desapercibido en su momento, pero representa la transformación estructural más significativa que ha vivido el sistema político español en décadas. Sus efectos son claros: “A medida que el votante promedio envejece, los partidos encuentran racional proteger el gasto actual en lugar de invertir en el futuro”. Así lo refleja un informe publicado el 2 de julio de 2026 por José Ignacio Conde-Ruiz, investigador de Fedea y la Universidad Complutense de Madrid (UCM). En otras palabras, se priorizan las pensiones y se dejan en segundo plano las demandas juveniles.
Hasta mediados de los noventa, los menores de 35 años constituían más del 25% del electorado potencial, mientras que los mayores de 64 apenas alcanzaban el 15%. La diferencia era considerable y favorecía a los jóvenes. A partir de entonces, estas tendencias se invirtieron: las generaciones jóvenes perdieron peso relativo conforme las cohortes del baby boom envejecían y la tasa de natalidad descendía. En 2025, los mayores de 64 años representan el 24,7% del electorado potencial, superando el 22,7% de los menores de 35. Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) auguran que esta diferencia se mantendrá hasta 2074, cuando los mayores de 64 contendrán alrededor del 35% del sufragio potencial, casi el doble que los menores de 35 años (20%).
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Enrique Devesa, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), explica que la pensión que reciben los jubilados en España es aproximadamente un 60% superior a lo que han aportado a la Seguridad Social.
La edad mediana del electorado refleja esta misma evolución. En 1971 fue de 42 años; para 2025 alcanzará los 50, y para 2074, según las proyecciones del INE, rondará los 55 años. Este desplazamiento tiene impacto: conforme el votante promedio envejece, las prioridades que los partidos buscan atender se trasladan junto con él.
La doble desventaja de los jóvenes
El desequilibrio demográfico se agrava por un segundo motivo: la menor participación electoral entre los jóvenes. Datos de encuestas postelectorales del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), compilados por el Instituto de la Juventud (INJUVE), muestran que la distancia en participación entre jóvenes de 18 a 29 años y adultos mayores de 30 varió entre 8 y 15 puntos porcentuales en cada elección general desde 1982. La excepción fue 2015, cuando la aparición de Podemos y Ciudadanos redujo esta brecha a 5 puntos, lo que indica que la abstención juvenil no es fija y depende también de la oferta política disponible.
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El cruce entre demografía y participación tiene efectos desiguales. El peso de los menores de 35 baja del 22,7% del electorado potencial al 18,7% del voto efectivo, una disminución cercana al 20% de su peso nominal. Por su parte, el porcentaje de los mayores de 64 apenas se modifica, pasando del 24,7% al 25,1%. No solo son más numerosos en el censo, sino que además son más propensos a votar. El informe de Fedea lo resume así: demografía y comportamiento electoral se refuerzan para aumentar la influencia política de las cohortes de mayor edad.
Se suma un tercer factor que agrava la desventaja juvenil: la dispersión de sus prioridades. Un pensionista mantiene una relación directa, mensual y cuantificable con el Estado. Sabe con precisión cuánto recibe y cómo cada cambio en su pensión afecta su nivel de vida. Por ello, los mayores conforman un grupo homogéneo en torno a una demanda clara y fácilmente reconocible. En cambio, los jóvenes reparten sus inquietudes entre empleo, vivienda, salarios, cambio climático e igualdad de género, con una marcada heterogeneidad interna dependiendo del nivel educativo, ideología y situación laboral.
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El informe señala que un partido que impulsa políticas climáticas podría conectar con parte del electorado joven, pero no necesariamente con quienes priorizan vivienda o empleo. Los programas electorales reflejan esa jerarquía: en las generales de 2019, PP, Vox y Ciudadanos mencionaron entre dos y veinte veces más a los mayores que a los jóvenes en sus plataformas. El PSOE fue la única excepción, invirtiendo ligeramente esa proporción en 2023, según el análisis de Rojo Puertas para la Fundación Alternativas.
El gasto público como reflejo de la aritmética electoral
El impacto presupuestario de este desequilibrio es claro. El gasto en pensiones en España ya representa el 12,9% del PIB y, según estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), llegará al 16,1% en 2050. Sumando sanidad y cuidados de larga duración, el gasto total vinculado al envejecimiento pasará del 20,3% actual del PIB al 25,5% en 2050. Ese margen fiscal es el mismo que necesitan la educación, la vivienda, la investigación y la infancia.
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El informe de Fedea advierte que el problema no es un enfrentamiento moral entre generaciones ni atribuir actitudes egoístas a los mayores. Según Conde-Ruiz, la dificultad es institucional: las democracias representan mejor a quienes existen, votan y se organizan que a quienes aún no han nacido o no poseen capacidad de acción colectiva. Las pensiones y gran parte del gasto sanitario son derechos adquiridos con expectativas sociales consolidadas; sus beneficiarios son identificables y políticamente activos. En contraste, la educación, la investigación y la inversión en vivienda ofrecen beneficios más dispersos y a largo plazo, por lo que resultan más vulnerables en los ciclos presupuestarios.
Para corregir este sesgo, el informe propone tres reformas. La primera consiste en dar voz política a los jóvenes, incluyendo la reducción de la edad para votar a 16 años: según proyecciones del INE para 2027, esta medida incorporaría 1,09 millones de nuevos votantes y aumentaría el peso del grupo de 16 a 34 años en el electorado del 23,2% al 25,1%. La segunda es implementar reglas fiscales con una perspectiva intergeneracional, especialmente una regla que exija que cada euro adicional destinado a pensiones, salud o dependencia vaya acompañado de un euro equivalente para educación, investigación o vivienda. La tercera es adecuar el Estado del bienestar a la mayor longevidad con jubilación progresiva, cobertura efectiva de la dependencia y adhesión automática al ahorro complementario.
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El escenario que describe el informe es de presión creciente. En 2050, España contará con cerca de 16 millones de personas mayores de 64 años, frente a los aproximadamente 10 millones actuales, y la tasa de dependencia se acercará al 60%. Para entonces, habrá menos trabajadores por jubilado, y no más.