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- Autor, Servicio turco de BBC News
- Fecha de publicación 15 julio 2026, 04:01 GMT
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Tiros en las calles, tanques desplazándose y aviones que sobrevuelan a baja altura los edificios oficiales, con el Parlamento siendo blanco de ataques: todo transmitido en directo por televisión.
Incluso para Turquía, que había experimentado tres golpes de Estado y dos intervenciones militares previas, la noche del 15 de julio de 2016 resultó ser sin precedentes.
Nunca antes se había producido un asalto contra el Parlamento turco ni el puente del Bósforo en Estambul —que se conoce oficialmente como Puente de los Mártires del 15 de Julio— había visto un derramamiento de sangre semejante cuando los civiles respondieron al llamado del presidente Recep Tayyip Erdogan para enfrentar a los golpistas.
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En un mensaje en vivo a través de una aplicación móvil desde un lugar no revelado, Erdogan urgió a sus seguidores a salir a las calles esa noche. Las mezquitas de todo el país difundieron su llamado a través de altavoces.
Al amanecer, el golpe de Estado había sido contenido. En total, 253 personas murieron, de las cuales 184 eran civiles, mientras que 34 presuntos implicados también perdieron la vida.
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El golpe de Estado duró solo unas horas, pero sus repercusiones han modificado la política turca a lo largo de los últimos diez años, afectando la distribución del poder interno y redefiniendo las relaciones internacionales del país.
Una purga masiva
El gobierno de Erdogan responsabilizó a la red del clérigo islamista Fethullah Gulen, residente en Estados Unidos, por orquestar el fallido golpe. Gulen negó cualquier vínculo hasta su fallecimiento en 2024.
Días después del complot se declaró el estado de emergencia, que se prolongó hasta 2018, renovándose en siete ocasiones.
Durante este tiempo, las autoridades llevaron a cabo una de las purgas más extensas en la historia moderna de Turquía. El gobierno apeló a la necesidad de estas acciones para desmantelar la red de Gulen.
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El movimiento religioso de Gulen, que había sido un aliado cercano de Erdogan, mantuvo durante décadas puestos relevantes dentro del Estado y la burocracia turca.
Tras el golpe fallido, miles de militares —incluyendo altos oficiales y generales—, magistrados, fiscales, policías, académicos y empleados públicos fueron detenidos, cesados o suspendidos.
Cientos de escuelas privadas e instituciones educativas vinculadas presuntamente a la red de Gulen cerraron, junto con varias universidades.
Los críticos señalan que la represión sobrepasó a los supuestos golpistas y seguidores del movimiento Gulen, apuntando hacia una restricción más amplia de la disidencia.
Líderes de oposición sostienen que tras las purgas otros grupos religiosos ganaron peso en las instituciones estatales, aunque el gobierno niega estas afirmaciones.
La consolidación del poder por parte de Erdogan
La consecuencia política más destacada del golpe fue, probablemente, el fortalecimiento del poder de Erdogan como presidente.
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En 2017, por un estrecho margen, los votantes aprobaron reformas constitucionales que removieron el sistema parlamentario para adoptar una presidencia ejecutiva con facultades amplias. Las reformas entraron en vigor en 2018, cuando se eliminó el cargo de primer ministro y se ampliaron las competencias presidenciales.
Quienes apoyan este sistema señalan que proporciona estabilidad política, agiliza la toma de decisiones y mejora la gestión gubernamental.
Por otro lado, los opositores consideran que el poder quedó excesivamente centralizado, especialmente en manos de una única persona.
Freedom House, un centro de análisis con sede en EE.UU., indica que la influencia de los legisladores sobre las políticas públicas ha disminuido notablemente con la presidencia ejecutiva.
«[Erdogan] actúa con frecuencia de manera contraria a los ministerios y organismos independientes que desafían sus deseos», señala el informe más reciente de la organización sobre Turquía.
Para Dogan Cetinkaya, profesor asociado de la Universidad de Estambul, esta valoración es acertada.
El sistema presidencial se describe por la «arbitrariedad y una estructura institucional incierta», expone.
Preocupaciones sobre el autoritarismo
Aunque el gobierno turco ya enfrentaba críticas relacionadas con derechos humanos y libertades civiles desde años atrás, estas crecieron tras el intento de golpe y las purgas que le siguieron.
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Miles de jueces y fiscales señalados por supuestos vínculos con el movimiento Gulen fueron destituidos, mientras organismos de derechos humanos y entidades europeas manifestaron inquietudes sobre la independencia del sistema judicial.
«Después del 15 de julio, las instituciones políticas y administrativas de Turquía fueron desarticuladas y perdieron autonomía», advierte el profesor Cetinkaya.
«Tanto el Poder Judicial como el Legislativo dejaron de ser centros de poder significativos».
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Desde entonces, las protestas públicas se han vuelto cada vez menos factibles, debido a que las autoridades imponen restricciones frecuentes a las manifestaciones y despliegan medidas de seguridad estrictas.
La libertad de prensa también se ha visto afectada, dada la influencia creciente del gobierno sobre los medios y el enjuiciamiento de periodistas prominentes. Actualmente, Turquía ocupa el puesto 163 de 180 países en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras.
El debate sobre la libertad de expresión continúa siendo acalorado. Recientemente, un conocido comediante fue arrestado por ofensas al presidente, sumándose a la larga lista de periodistas, políticos y personalidades públicas bajo investigación.
«En la última década, Turquía ha ido avanzando hacia un régimen más autoritario, concentrando el poder mediante reformas constitucionales y encarcelamientos de opositores políticos, periodistas independientes y miembros de la sociedad civil», recalca Freedom House.
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En marzo de 2025, el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, considerado un rival potencial fuerte para Erdogan en futuras elecciones presidenciales, fue detenido junto a decenas de funcionarios municipales bajo cargos de corrupción que niegan, y su proceso judicial continúa.
En mayo de 2026, una orden judicial afectó de manera práctica la dirección de su partido, el CHP, el principal bloque opositor, reemplazando a su líder por un antecesor, acción que la oposición calificó como un «golpe judicial».
No obstante, el gobierno niega que haya un retroceso democrático. Sostiene que las reformas adoptadas después del intento de golpe y las purgas fortalecerían la estabilidad política, la seguridad nacional y las instituciones democráticas al eliminar a individuos considerados como amenaza para el Estado.
«El sistema actual corresponde a una respuesta estatal para superar la amenaza existencial planteada por el intento de golpe», explica Nuri Salik, profesor asociado en la Universidad Yıldırım Beyazıt.
«No solo lo interpreto como un avance hacia el autoritarismo, sino como una prolongación del instinto de autoprotección del Estado».
El papel disminuido de las Fuerzas Armadas
Por muchos años, el ejército turco se vio a sí mismo como custodio de la república laica fundada por Mustafa Kemal Atatürk y, en repetidas ocasiones, intervino en la política en momentos de crisis.
Luego del golpe fallido en 2016, varias reformas estructurales colocaron a las Fuerzas Armadas bajo control civil estricto.
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Se implementaron nuevos esquemas de reclutamiento y mando, se reorganizaron o cerraron academias militares y hospitales, y se comenzó a trasladar unidades fuera de los centros urbanos.
Muchos expertos consideran que estos cambios marcaron el fin práctico de la intervención militar directa en la política turca.
«El ejército ha sido históricamente un mecanismo de tutela política», indica el profesor Salik.
«Por primera vez en la historia moderna de Turquía, el 15 de julio el pueblo resistió activamente la intervención militar, lo que representa un punto de inflexión decisivo», comenta.
Salik sostiene que los militares ya no poseen capacidad para influir en la política nacional.
«Este es el cambio más trascendente», concluye.
Políticas centradas en la seguridad
La política exterior de Turquía también experimentó transformaciones importantes tras el intento de golpe.
En los meses y años posteriores, Ankara lanzó tres grandes operaciones militares transfronterizas en el norte de Siria, apuntando tanto al grupo Estado Islámico como a las Unidades de Protección Popular (YPG).
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El gobierno considera que las YPG están vinculadas al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), catalogado como organización terrorista por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea. En años recientes se han impulsado intentos para reactivar un proceso de paz con el PKK, aunque con avances inciertos.
Salik indica que el intento de golpe reforzó una orientación centrada en la seguridad dentro del Estado turco.
«La protección del Estado se convirtió en la máxima prioridad», afirma.
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Además, Turquía ha diversificado su política exterior, estrechando vínculos con Rusia aunque sigue siendo miembro clave de la OTAN. La adquisición del sistema de defensa aérea ruso S-400 causó una ruptura significativa con Washington, lo que derivó en sanciones estadounidenses y la exclusión de Turquía del programa del avión de combate F-35.
No obstante, la semana pasada, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que levantaría las sanciones y mostró disposición a reconsiderar la venta de los F-35, aunque cualquier medida afrontaría oposición considerable en el Congreso.
Mientras tanto, la intención de Turquía de integrarse a la Unión Europea continúa estancada, con las negociaciones casi paralizadas desde 2018.
Este artículo fue redactado originalmente en inglés y traducido mediante una herramienta de inteligencia artificial. Un periodista de la BBC revisó el contenido antes de su publicación. Más información sobre el uso de IA.