Las claves
Pedro Sánchez interpreta que los procesos judiciales contra su hermano David y su esposa Begoña representan ataques personales diseñados para debilitar su posición política.
La condena de David Sánchez a nueve años de inhabilitación genera una inquietud marcada en el terreno personal para el presidente.
Desde Moncloa consideran que estos casos podrían emplearse con la finalidad de activar al electorado de izquierda y fortalecer el respaldo hacia Sánchez.
El Ejecutivo tiene previsto usar la narrativa de ‘persecución judicial’ para consolidar el voto útil y minimizar el efecto de otros escándalos más graves.
Según fuentes cercanas a Pedro Sánchez, de todos los escándalos y procesos judiciales abiertos, el que más le preocupa en lo personal y emocional es el que involucra a su hermano David, sentenciado este martes a nueve años de inhabilitación. Esta situación incluso le afecta más que el caso de su esposa.
Indican que Sánchez interpreta estos dos procesos como un método para atacarle mediante su núcleo familiar, con la intención de derribarlo. El caso contra su hermano, a quien siempre ha visto como más vulnerable, le impacta especialmente. Sin embargo, el presidente mantiene su postura y responde con declaraciones firmes como: «No nos derribarán».
Hace unas semanas, Sánchez ya diferenció en el Congreso estos dos casos del resto, referidos a figuras como José Luis Ábalos, Leire Díez y José Luis Rodríguez Zapatero, sobre los que reconoció implícitamente que existen fundamentos sólidos, y en privado nadie en el Gobierno ni en el partido discute su gravedad y contenido.
«No es sencillo para mí hablar de ellos, ya que afectan a personas queridas y porque sé con absoluta certeza que se basan en acusaciones infundadas, en un patrón de acoso y derribo que hemos visto reproducirse en otras democracias occidentales», declaró Sánchez. La estrategia pretende utilizar estos casos individuales para distraer la atención de otros más graves, haciendo que las polémicas del juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez y la condena contra David Sánchez oculten el resto de asuntos ya difíciles de defender.
En Moncloa daban por seguro que David Sánchez sería condenado, aunque insistían en que carecían de motivos suficientes. La posible reacción ante esta sentencia ya estaba contemplada por el Gobierno y el partido como parte de la campaña de persecución y derribo iniciada por Sánchez tras su retirada en 2024, atribuida a ciertos jueces.
La lectura del fallo de la Audiencia Provincial de Badajoz este martes fortaleció la respuesta de ministros y líderes socialistas, quienes se volcaron en la defensa de la familia presidencial.
Consideran que la resolución presenta incoherencias, como en la cronología sobre la creación del cargo en la Diputación de Badajoz en relación con la carrera política. Particularmente, cuando afirma que en octubre de 2017 Pedro Sánchez era «futuro presidente del Gobierno» y una «figura política destacada», pese a que en ese momento había sido destituido como líder del partido, había renunciado a su escaño y era un expolítico apartado sin opciones para las nuevas primarias. Nadie en esos días lo veía como un «futuro» candidato viable.
Se aferran a estos puntos para sostener el relato de víctimas de persecución judicial.
La combinación de las polémicas decisiones del juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez y la reacción pasada frente a la condena del exfiscal general del Estado, Álvaro García, refuerzan esta versión desde Moncloa, que el propio presidente ya mencionó en el Congreso el 24 de junio.
De hecho, los socialistas consideran que esta narrativa política podría resultar beneficiosa en términos electorales, movilizando al electorado de izquierdas y consolidando el apoyo alrededor de Sánchez.
En otras palabras, se trata de la «épica del perseguido«, empleada electoralmente para promover el «voto útil» y contrarrestar a «quienes intentan derribar al Gobierno a través de su familia».
Desde Moncloa señalan que episodios como la cancelación del pasaporte de Begoña Gómez o la reciente solicitud de documentos sobre su viaje a Londres les favorecen. Asumen que el caso de Begoña Gómez seguirá adelante y preparan la posibilidad de un juicio antes de las elecciones generales previstas para febrero o marzo de 2027. La intención es revertir una posible condena aprovechando esta narrativa.