Las claves
Pérez de los Cobos advierte de una «amenaza letal» ante la presión política que sufre la UCO y muestra alarma ante posibles reformas legales del Gobierno que podrían dejar desprotegidos a los investigadores.
El coronel subraya el conflicto existente entre la dependencia judicial y la estructura orgánica en la Policía Judicial, especialmente cuando las pesquisas llegan a afectar al poder político.
Critica que el nuevo artículo 539 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal podría dejar vulnerables a los agentes frente a demandas de información por parte de la cadena de mando.
Defiende que la Policía Judicial debe estar al servicio de la justicia y no de intereses políticos, alertando sobre el peligro para la independencia de los poderes del Estado.
La corrupción relacionada con el Gobierno de Pedro Sánchez se abordó este martes en los Cursos de Verano del CEU-María Cristina , coincidiendo con la condena a 9 años de inhabilitación de su hermano David por un delito de prevaricación, a través de la intervención del coronel en la Guardia Civil en situación de reserva, Diego Pérez de los Cobos.
En la conferencia El deber de reserva de la Policía Judicial, celebrada en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Pérez de los Cobos planteó quién ejerce efectivamente el control sobre los guardias civiles y policías encargados de las investigaciones cuando estas se acercan a los círculos del poder.
Esta pregunta atravesó toda su charla sobre la separación de poderes, inevitablemente influida por el caso Leire, en el que el juez Santiago Pedraz indaga una presunta operación para obtener datos contra fiscales y agentes, desacreditar a miembros de la UCO y desestabilizar procesos judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y al entorno del presidente.
Con la asistencia de Adolfo Suárez Illana, Pérez de los Cobos situó la raíz de su análisis en la Constitución de 1978.
El artículo 126 establece que la Policía Judicial depende funcionalmente de jueces, tribunales y el Ministerio Fiscal, dado que es el juez quien decide qué debe investigarse. Sin embargo, la carrera profesional del investigador, sus destinos, ascensos, compensaciones, expedientes y recursos continúan bajo la responsabilidad de la cadena orgánica y, en última instancia, del Ministerio del Interior.
«Quien dirige la investigación no controla la carrera profesional del investigador, y quien hace eso último no debe ni dirige la investigación«, explicó Pérez de los Cobos.
Para él, esa diferencia es «la brecha por la que se infiltra todo el problema» que hoy afecta a unidades como la UCO, sometidas a presiones políticas constantes.
Así, la Policía Judicial está sometida a «dos autoridades«: por un lado, la dirección funcional impartida por el juez; por otro, la autoridad orgánica de sus superiores policiales y del poder político.
«Entre ambas dependencias surge una tensión que se vuelve crucial cuando los dos polos de poder quieren cosas opuestas: el juez exige mantener una investigación en secreto mientras que el mando orgánico intenta conocer detalles sobre qué se investiga, contra quién y cuáles son los resultados. Es decir, ejerce su «autoridad orgánica» para «inmiscuirse» en la investigación.
«El problema no radica en la doble dependencia de la Policía Judicial. El problema empieza cuando una dependencia se usa para neutralizar, condicionar o interferir indebidamente en la otra«.
Pérez de los Cobos considera que el deber de secreto no es una mera formalidad ni una cortesía procesal. «Es una garantía institucional que protege la independencia en la investigación penal».
Este secreto no protege solo un caso o una operación específica, sino «la posibilidad de que el delito sea investigado incluso cuando sus responsables están cercanos al poder«.
El coronel destacó que las presiones políticas rara vez se presentan como órdenes ilegales evidentes. Por norma, se presentan envueltas en «argumentos razonables y calculados«: la obligación de informar a los superiores, la necesidad de coordinar los despliegues o el supuesto deber de facilitar datos para que una unidad reciba recursos adicionales.
El riesgo, señaló, es que esos argumentos administrativos se conviertan en una «coartada sofisticada» para acceder indebidamente a información reservada de investigaciones judiciales.
«No es necesaria una orden escrita para condicionar una investigación«, alertó. Basta con una llamada telefónica, una insinuación sobre lealtad cuestionable o una advertencia tácita sobre consecuencias profesionales por guardar silencio.
También pueden usarse los recursos como mecanismo de presión: retirando agentes, vehículos, herramientas o tiempo a una unidad que trabaja en un caso sensible.
La presión sobre los investigadores resulta especialmente difícil de enfrentar cuando no proviene directamente de un cargo político, sino de la propia «cúpula uniformada«.
Pérez de los Cobos advirtió que el Gobierno puede lograr «alinear a altos mandos policiales con sus intereses«.
Se refirió a las informaciones reservadas abiertas contra mandos de unidades como la UCO o la UDEF durante investigaciones de asuntos con repercusiones políticas.
Actualmente, la Audiencia Nacional investiga si se emplearon mecanismos internos de la Guardia Civil para presionar o amedrentar a mandos de la UCO implicados en casos delicados para el Gobierno y el PSOE.
Entre los investigados en esta causa están la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas.
Las investigaciones también examinan los contactos de González con Leire Díez, así como las informaciones reservadas abiertas contra miembros de la unidad.
El anterior director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, ha sido mencionado en las declaraciones del exjefe de la UCO Rafael Yuste, quien relató presiones para que los investigadores «no fueran proactivos» en ciertos casos con impacto político.
Pérez de los Cobos evitó emitir juicios sobre la responsabilidad penal de los implicados. «No juzgo a nadie, especialmente en causas abiertas«, subrayó.
No obstante, afirmó que la existencia misma de estas investigaciones contra altos mandos demuestra que el conflicto entre dependencia judicial y orgánica ha dejado de ser un problema teórico.
«En mis 42 años en la Guardia Civil nunca había conocido información reservada contra un coronel al mando de una unidad de investigación, ni menos aún tres en un corto período».
El propio cese de Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid es, según expuso, uno de los ejemplos más evidentes. Fue apartado en mayo de 2020 por negarse a informar a Interior sobre una investigación judicial relacionada con las manifestaciones del 8-M, siendo la magistrada la que ordenó expresamente mantener la información alejada de la cadena de mando.
El Tribunal Supremo finalmente anuló su cese y le dio la razón. Pérez de los Cobos descartó convertir esta conferencia en un ajuste de cuentas personal, pero alertó sobre la señal peligrosa que ese fallo pudo transmitir al resto del cuerpo.
«El sistema ha enviado un mensaje serio: quien no informa a sus superiores, puede sufrir consecuencias».
El coronel también refutó uno de los argumentos usados para justificar que la información llegue a la cúpula política: «Un ministro no puede enterarse por la prensa«.
Definió esa idea como «inusitada» y «extremadamente peligrosa«. Reconoció que un ministro puede querer conocer lo que ocurre en su departamento, pero recalcó que dicha comodidad política no debe primar sobre la integridad de una investigación judicial.
«Es preferible que un ministro se entere por la prensa de una investigación adecuada y reservada a que dicha investigación se manipule para protegerlo de un sobresalto«, concluyó.
«Información de gestión, sí. Información sobre instrucción reservada, no», sentenció.
Al concluir, el coronel reservó su advertencia más dura para el borrador del nuevo artículo 539 de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, una reforma que a su parecer introduce «agujeros» que facilitan el control político.
Desglosó los tres niveles de secreto que hoy protegen una investigación: la discreción habitual del funcionario, el secreto formal del sumario y la «reserva específica«, cuando un juez ordena de forma expresa a la Policía Judicial mantener silencio incluso ante sus superiores orgánicos para evitar filtraciones.
El riesgo del texto que propone el Gobierno, leído durante la charla, es que limita la protección del agente exclusivamente a investigaciones bajo decreto formal de secreto de sumario.
«Los funcionarios policiales deberán guardar secreto sobre las investigaciones asignadas, actuaciones ejecutadas y resultados obtenidos. ¡Atención! Sin perjuicio de comunicar a sus superiores todo lo referente a la organización de servicios, control y asignación de recursos«.
«El deber de secreto no impedirá el intercambio de información para mejorar la coordinación y eficacia de los servicios, ni la transmisión de datos a organismos nacionales e internacionales de coordinación policial, salvo que el secreto de la investigación haya sido expresamente decretado«.
Al suprimir de hecho la cobertura legal de la reserva específica, sostiene Pérez de los Cobos, los investigadores quedarán sin protección contra las demandas de información de la cadena de mando en cualquier otro contexto.
«La Policía Judicial debe servir a la justicia, no a los intereses del poder«, afirmó el coronel, advirtiendo que lo contrario, las interferencias, representan una «amenaza mortal» para la independencia de los poderes.
Para Pérez de los Cobos, el blindaje constitucional carece de sentido si se permite que la obtención de pruebas en el nivel policial sea fiscalizada o contaminada.
«No sirve de nada tener un Tribunal Supremo con magistrados excelentes […] si el instrumento inicial, que es la Policía Judicial y debe aportar los indicios que fundamentan las pruebas que condenan o absuelven, está contaminado por la necesidad de saber o por una injerencia procedente de alguien cercano al acusado«.