La red criminal habría ocasionado pérdidas que alcanzan al menos 46,9 millones de euros.
La Fiscalía Europea (EPPO) en Atenas llevó a cabo registros y decomisos la semana pasada en diversos lugares de Ática y Kastoria, en el marco de una pesquisa en curso sobre presunto fraude al IVA vinculado al comercio de pequeños dispositivos electrónicos y el blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas.
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La investigación, iniciada hace cerca de un año, ha revelado hasta la fecha una compleja red de empresas creadas en Bulgaria, Chipre, República Checa y Grecia, presuntamente empleadas para comercializar pequeños dispositivos electrónicos en la Unión Europea.
El núcleo del caso gira en torno a un supuesto fraude con carrusel de IVA, un esquema ilícito que explota la exención de IVA aplicable a transacciones transfronterizas entre estados miembros de la UE. Según las pruebas recopiladas hasta ahora, entre 2021 y 2025, los sospechosos habrían utilizado una cadena de denominadas «empresas fantasma», sociedades creadas para comerciar con bienes, cobrando IVA y desapareciendo sin ingresar el impuesto al gobierno correspondiente. En ciertos casos, podrían haber solicitado devoluciones indebidas del IVA por productos que jamás fueron pagados.
De acuerdo con la investigación, se calcula que este presunto esquema ha causado pérdidas de al menos 46,9 millones de euros a los presupuestos de la Unión Europea y Grecia debido al IVA no recaudado. Además, los investigadores hallaron indicios de que otros 24,2 millones de euros en IVA fueron o no pagados o declarados incorrectamente.
Los registros se concentraron en las sedes de varias compañías bajo investigación, así como en las residencias de sus directivos, efectuados por el Servicio de Asuntos Internos de las Fuerzas de Seguridad, que lidera también la investigación penal. La Subdirección de Investigación y Análisis Forense Digital de la Dirección de Investigaciones Penales (DEE) colaboró en la operación.
Durante estos registros, las autoridades incautaron numerosos documentos, registros contables y evidencias digitales, además de 99.000 euros en efectivo y tres vehículos de lujo.
La investigación permitió también el congelamiento de criptomonedas con un valor aproximado de 900.000 euros, junto con otros activos digitales valorados en cerca de 4,5 millones de euros.
Las autoridades griegas calificaron esta acción como la mayor incautación de activos digitales realizada hasta ahora a nivel nacional. Los bienes fueron localizados y bloqueados mediante técnicas avanzadas de análisis forense digital y pesquisas específicas diseñadas para superar complejos retos tecnológicos.
Asimismo, se emitieron órdenes de congelación para 88 propiedades cuyo valor conjunto supera los 4,5 millones de euros, así como para múltiples cuentas bancarias. La Autoridad Antilavado de Dinero contribuyó en la detección y bloqueo de cuentas bancarias en otros estados miembros de la UE.