Las claves

David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, fue sentenciado a nueve años de inhabilitación por prevaricación en el llamado caso Hermanísimo.

El tribunal confirmó que el cargo de alta dirección que ocupó en la Diputación de Badajoz fue diseñado específicamente para él, sin que hubiese una demanda real de los conservatorios.

Durante su gestión, Sánchez lideró iniciativas como Ópera Joven y recibió más de 340.000 euros, aunque algunos empleados lo describieron como una presencia «invisible» en los centros.

La investigación también examinó la contratación de un amigo de Sánchez y supuestas presiones desde círculos políticos para interferir en el proceso judicial.

La pasión por la música y la poesía de David Sánchez Pérez-Castejón, condenado ahora a nueve años de inhabilitación como figura central del caso Hermanísimo, sugiere que bajo su apariencia reservada y lacónica reside la sutileza típica del artista; aquella «sensibilidad elevada» que T. S. Eliot atribuía a los creadores.

No obstante, Schopenhauer atribuía a un espíritu excesivamente sensible una mayor vulnerabilidad; un lado oscuro donde podían atraparse, semejante a insectos en trampas de color, quienes anhelan reconocimiento o son susceptibles de corrupción por el deslumbrante poder.

O, tal como ocurre con los personajes de Las ilusiones perdidas, motivados por avanzar en la sociedad incluso si eso implica tomar atajos demasiado sencillos.

David Azagra, nombre artístico que usaba el hermano de Pedro Sánchez, pudo poseer cierto talento, según su trayectoria: estudió Composición y Orquesta en el Conservatorio Estatal Rimski-Kórsakov, colaboró con Nacho Duato en la adaptación de Nunc Dimittis, firmó obras junto al compositor de música sacra Arvo Pärt, lideró la Young Russian Philharmonic y dirigió múltiples adaptaciones de Gustav Mahler.

Este músico también promovió desde Badajoz producciones de Donizetti, Bizet, Menotti y Puccini, además de crear la singular Danza de las chirimoyas. Un hombre con un profundo espíritu musical que, sin embargo, se vio arrastrado, al igual que Mephisto, a un escándalo de nepotismo que terminó dañando su reputación y, en definitiva, empañando su legado.

Finalmente, en la historia será recordado no como David Azagra, músico formado en San Petersburgo, sino como «el hermano de Sánchez», quien acabó en el banquillo de Badajoz por la juez Beatriz Biedma y fue sentenciado por prevaricación.

David Sánchez, cual personaje trágico de Balzac que no creía que el destino pudiera ser tan cruel, afrontó la condena judicial como un peso insoportable.

No está claro desde dónde ni con qué compañía.

Algunos aseguran que permanece recluido en un primer piso de Moncloa, tocando un piano japonés y componiendo sin parar; otros, que se esconde en su palacete en Elvas junto a su esposa, Kaori Matsumoto, también japonesa y madre de su única hija, nacida en 2022.

Otros sostienen que vive en la casa familiar en el barrio madrileño de Tetuán, donde creció con su hermano, con las persianas completamente bajadas y sumido en sus recuerdos.

Sea cual sea la verdad, Pedro Sánchez, quien ya había sido el primer presidente en activo con un ministro condenado por corrupción (el eco del fallo del Tribunal Supremo que impuso 24 años de prisión a José Luis Ábalos sigue presente en el PSOE), ahora supera ese récord al ser el único jefe de Gobierno en la democracia española que tiene un familiar directo condenado.

Una plaza con nombre

La historia judicial de David Sánchez Pérez-Castejón comenzó mucho antes de que se presentara una denuncia formal contra él. A finales de 2016, la Diputación de Badajoz aprobó la creación de un cargo de alta dirección para coordinar las actividades de sus dos conservatorios.

La descripción oficial tenía un tono técnico: organizar tareas no lectivas, diseñar proyectos vinculados a las artes escénicas, fomentar alianzas institucionales y convertir los centros en polos culturales provinciales. Expresiones burocráticas que ocultaban un presunto puesto hecho a medida.

Sin embargo, la necesidad de ese cargo no surgió de una petición documentada por los conservatorios, que, por el contrario, demandaban un aumento de personal. Este fue uno de los aspectos centrales investigados por la UCO.

Según el testimonio del teniente coronel Antonio Balas en el juicio, la iniciativa no provenía del Área de Cultura, sino de una instancia superior con poder político. El proceso se ejecutó urgentemente, estuvo paralizado un tiempo y se reactivó cuando Miguel Ángel Gallardo, el ya retirado barón socialista, dio lo que el mando de la Guardia Civil calificó como el «pistoletazo» de salida.

Las bases del puesto que finalmente ocupó David Sánchez se publicaron el 19 de mayo de 2017. Ese día, Evaristo Valentí, director del Conservatorio Superior de Música de Badajoz en ese momento, remitió un correo a su homóloga Yolanda Sánchez sin contenido escrito.

No añadió palabras. Solo pegó el enlace a la convocatoria y tituló el correo con dos términos: «El hermanísimo«. Dos días después, Pedro Sánchez recuperaba la Secretaría General del PSOE tras vencer en las primarias a Susana Díaz. ¿Casualidad o estrategia? ¿Y por qué?

No obstante, aquel mail no confirmaba que el cargo estuviera ya adjudicado. Valentí declaró en el juicio que solo transmitió un rumor que había escuchado: que David Sánchez podía presentarse y ganar, pero negó conocerlo con anticipación.

Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, resumió la defensa preguntando: «¿Se condenará a mi cliente por un simple chascarrillo?».

Sin embargo, ese correo tenía un peso probatorio difícil de negar. Existía antes de conocerse el resultado, ligaba la convocatoria al parentesco con el futuro presidente y mostraba que su hermano ya era un candidato fuerte.

La convocatoria, en toda instancia, debía reunir varios aspirantes seleccionados por curriculum, proyecto y entrevista. David Sánchez afirmó que encontró la oferta en internet y se presentó como cualquier otro, sin apelar a su apellido.

Cristina de Frutos, directora de orquesta, asistió a la misma entrevista el 27 de junio de 2017. Según declaró, dos días antes el director del conservatorio de Plasencia, Antonio Luis Suárez, le había comentado por WhatsApp que sabía que el puesto era para el hermano de Pedro Sánchez.

Su testimonio fue clave. Sin embargo, las defensas utilizaron esa fisura para argumentar. Suárez negó amaño alguno y dijo que De Frutos interpretó mal su mensaje; según él, solo predijo la victoria de Sánchez gracias a su reputación. San Petersburgo suena bien en Badajoz.

Otro aspirante, el violinista Nersés Avakimyan, afirmó que nunca detectó irregularidades en el proceso, reconoció que todos sabían que el hermano de Pedro Sánchez concurriría y comentó que nunca vio las puntuaciones ni el baremo final.

Sin embargo, hubo otra señal de posible designación directa que no formaba parte del expediente administrativo.

El 25 de junio, justo un día antes de las entrevistas, David Sánchez contactó a través de Airbnb con el dueño de una vivienda en Badajoz. Usó el seudónimo ‘Hermit‘, que en inglés significa ‘Ermitaño‘, y preguntó por un alquiler estable ligado a un traslado laboral.

La juez Biedma interpretó esta búsqueda como indicio de que Sánchez sabía que obtendría el puesto.

Durante cerca de cuatro horas, Antonio Balas explicó al tribunal el análisis efectuado por la Unidad Central Operativa (UCO). Tras revisar decenas de miles de correos electrónicos, la unidad concluyó que el puesto fue creado ad hoc para Sánchez y que Gallardo lideró la operación.

El barón socialista tildó esta versión de «novela de ficción«, alegando que en 2017 no formaba parte del sector político de Sánchez sino del de Susana Díaz, y que desconocía que Pedro Sánchez tuviera un hermano músico cuando se impulsó el cargo.

A pesar de todo, la comisión eligió finalmente a David Sánchez. El contrato de alta dirección se formalizó el 10 de julio de 2017.

En sus primeros meses, David Sánchez contó con despacho y presencia física en los centros. Su función era coordinar actividades no lectivas y desarrollar proyectos artísticos. En 2018, se centró en promover Ópera Joven, un programa destinado a acercar la lírica a nuevos públicos mediante la Diputación de Badajoz.

El proyecto más destacado fue L’elisir d’amore, de Donizetti, estrenado en 2019, con un coste cercano a 133.000 euros y una recaudación cercana a 2.000 euros en taquilla. El crítico Ángel Guerra calificó la obra como «soporífera y de mala calidad«.

Con el paso del tiempo, varios empleados comenzaron a calificar a David Sánchez como una figura «invisible«, a la que casi no veían.

En 2022, con el inicio de un nuevo año, también hubo un cambio. El cargo de coordinador de actividades que ocupaba Sánchez fue renombrado como jefatura de la Oficina de Artes Escénicas.

Un puesto centrado en la programación, producción escénica y creación lírica, con Ópera Joven como proyecto principal.

Una oficina fantasma

El episodio más revelador sobre esta Oficina de Artes Escénicas ocurrió en enero de 2025. Ya en fase de instrucción, la jueza Beatriz Biedma preguntó a David Sánchez qué era exactamente y dónde se encontraba.

Sánchez respondió con dudas que se trataba de «la oficina que se ocupa… de las artes… escénicas«. Sobre su ubicación, dijo imaginar que estaría en el despacho donde él trabajaba.

En abril intentó matizar. Explicó que no era un lugar físico, sino un «paraguas de actividades«. Durante el juicio aseguró que no se trata de un edificio o ventanilla, sino de una categoría administrativa.

En 2026, durante las sesiones, Manos Limpias, principal denunciante, consiguió proyectar estas declaraciones en la sala. Fueron momentos cruciales que influyeron decisivamente en la percepción pública y en el rumbo de la acusación contra el músico.

Entre el 10 de julio de 2017, fecha de formalización de su contrato, y mayo de 2025, cuando abandonó el cargo, el músico de San Petersburgo cobró 340.571 euros de la Diputación de Badajoz. Esto incluye una excedencia tomada entre octubre de 2020 y 2021.

Aproximadamente 43.555 euros brutos anuales.

Tras su excedencia, fijó su residencia fiscal en Elvas, a pocos kilómetros de Badajoz, pero ya del lado portugués de la frontera.

Durante la pandemia, según EL ESPAÑOL, residió en Casa d’Olivença, un hotel boutique con una tarifa pactada de 500 € mensuales, y posteriormente compró una vivienda en el casco antiguo portugués: un modesto palacete con varias plantas y jardín.

Esta residencia fronteriza alimentó críticas sobre su escaso arraigo en Badajoz mientras recibía un salario público.

A pesar del gran revuelo político y mediático por el traslado fiscal a Portugal para supuestamente ahorrar impuestos, esta línea de investigación fue descartada rápidamente en los tribunales.

Los informes conjuntos de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria descartaron cualquier delito fiscal, concluyendo que residir en el país vecino no contradecía su condición de empleado público provincial.

El 29 de enero de 2025, la juez Biedma plasmó en un auto su conclusión de que el cargo fue creado arbitrariamente y ad hoc para David Sánchez. Ocho días después, el 6 de febrero, el músico presentó su renuncia, efectiva desde el 4 de mayo.

Luis Carrero y el «hermanito»

La tercera pieza del caso se centra en Luis Carrero, quien trabajó como asesor categoría 30 en el gabinete presidencial y mantenía amistad con David Sánchez.

El 9 de julio de 2022, Carrero envió un correo a David Sánchez encabezado con un apelativo cariñoso: «Querido hermanito«.

Carrero expresaba incertidumbre sobre su futuro en Moncloa y en el correo afirmó haber «soltado la liebre». Se ofreció para un puesto en el área cultural de la Diputación.

El 1 de enero de 2024, Carrero fue nombrado jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, cargo para el que no hubo otros candidatos. Para la jueza y las acusaciones, esto implica que David Sánchez intervino para crear un puesto destinado a su amigo.

Carrero negó la acusación de enchufe y su defensa argumentó desde un punto de vista económico: abandonó un cargo de nivel 30 por otro de nivel 24 en una diputación. Si el propósito era beneficio ilícito, implicaba más bien un retroceso profesional.

Además, tras la salida de Carrero —quien también fue inhabilitado para empleo público y derecho de sufragio pasivo— el puesto siguió existiendo, siendo ocupado posteriormente por otra funcionaria.

«Paso 1: destruir el procedimiento»

La causa estalló en mayo de 2024, cuando Manos Limpias presentó una denuncia. El Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz inició diligencias e imputó a David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y varios responsables provinciales.

Las sospechas incluían prevaricación, tráfico de influencias y malversación, aunque Sánchez solo fue involucrado en los dos primeros delitos.

Mientras la juez Biedma investigaba al hermano del presidente, el escuadrón de las cloacas de Leire Díez entró en acción para recabar información contra la magistrada con el fin de desacreditarla.

Así lo confirmó el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. En una agenda vinculada a la fontanera apareció en septiembre de 2024 una anotación: «Paso 1: destruir el procedimiento«, seguida del nombre de Beatriz Biedma.

Díez habría encargado al exjuez Luis Sáenz de Tejada la elaboración de una denuncia contra la jueza. El documento fue redactado, revisado y enviado a la Fiscalía General del Estado y derivado a Extremadura, pero no prosperó.

Sáenz de Tejada intentó posteriormente personarse como acusación popular para recusar a Biedma, pero su intento fue rechazado.

Los mensajes intervenidos revelaron que Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE tras la caída de Ábalos, recibía detalles sobre esta estrategia.

En enero de 2025, las agendas y conversaciones mostraron reuniones en Ferraz relacionadas con ‘Badajoz’. Pedraz investiga si el partido usó su estructura para atacar a jueces, fiscales y agentes implicados en causas incómodas para el Gobierno.

La pesquisa alcanzó también a la Guardia Civil. Dos exmandos declararon haber recibido instrucciones para adoptar una actitud pasiva o no ser «proactivos» en investigaciones como la de David Sánchez.

Las fuentes atribuyeron estas presiones al entorno del DAO y al director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, actualmente retirado y destinado en la embajada española en Washington.

En marzo de 2025, Francisco Ortega, exjefe de Seguridad de Correos, escuchó a Leire Díez comentar que tenía «mucho trabajo, entre lo de Badajoz y lo de la esposa», en referencia a la familia de Pedro Sánchez, conocido como ‘P.S.’.

Por su parte, Joaquín Parra, expresidente del Club Deportivo Badajoz, contó que Díez y el empresario Javier Pérez Dolset se ofrecieron para ayudarle en problemas legales a cambio de información comprometida sobre el PP y Biedma para «tapar lo del hermano«.

La red de las cloacas incluso intentó que Sáenz de Tejada asumiera la defensa de David Sánchez, pero el músico rechazó sustituir a Emilio Cortés.

Durante el juicio, las acusaciones usaron el caso Leire como argumento moral: si la contratación fue legítima, ¿por qué intentar destruir el proceso?

El juicio: once acusados y dos versiones

La Audiencia Provincial de Badajoz sentó en el banquillo a once acusados. El tribunal, compuesto por José Antonio Patrocinio, Dolores Fernández y Emilio Serrano, fue responsable del fallo.

Al inicio, el tribunal declaró prescrito el delito menor de aceptación ilegal de nombramiento atribuido a la contratación de 2017, por lo que en el interrogatorio el abogado se centró en la transformación de la Oficina de Artes Escénicas en 2022 y la contratación de Luis Carrero.

David Sánchez testificó poco más de diez minutos. Negó haber influido en la creación o asignación de su puesto y desmintió favorecer a su amigo. Afirmó que la Oficina no era un edificio y que conoció el cambio de nombre tras producirse.

Tras presentar grabaciones donde Sánchez dudaba sobre la ubicación y funciones del cargo, PP, Vox, Hazte Oír, Liberum, Iustitia Europa y Abogados Cristianos —excluyendo Manos Limpias— recalificaron la contratación de 2017 como tráfico de influencias en concurso medial con prevaricación, reclamando dos años por este hecho, otros dos por la transformación del puesto y dos por la contratación de Carrero: seis años en total.

El doble de la petición inicial.

Fiscalía y defensas se opusieron, argumentando que el cambio alteraba la acusación en fase avanzada y afectaba el derecho a la defensa. El tribunal admitió las peticiones y el abogado anunció posible nulidad en caso de condena por vulnerar derechos.

Finalmente, David Sánchez fue condenado a nueve años de inhabilitación para empleo público por prevaricación, muy por encima de los seis años solicitados inicialmente por las acusaciones populares.