Las claves
La Audiencia Provincial de Madrid está evaluando si Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, debe ser juzgada por un jurado popular por cuatro presuntos delitos.
Junto a Begoña Gómez, están imputados su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, quienes enfrentan acusaciones por tráfico de influencias, corrupción, malversación y apropiación indebida.
El caso gira en torno a la gestión de una cátedra en la Universidad Complutense, al patrocinio de un software y supuestas influencias en contratos públicos.
Se han impuesto medidas cautelares sobre Begoña Gómez y Cristina Álvarez, incluyendo la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar España y la obligación de comparecencias quincenales ante el juzgado.
La Audiencia Provincial de Madrid abordó este lunes un asunto clave en el proceso contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno: la determinación del juez Juan Carlos Peinado de enviarla a juicio con jurado por cuatro presuntos delitos junto a su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.
Cinco magistrados de la Sección 23 de la Audiencia madrileña, reunidos en sala reforzada o pleno, deliberarán sobre este tema y otros dos recursos: uno presentado por la acusación popular contra la decisión del juez de sobreseer el delito de intrusismo, y otro relativo a una posible división de la acusación popular conjunta liderada por Hazte Oír.
No se espera, como ha ocurrido en ocasiones anteriores cuando esta misma Sala ha deliberado, que la resolución se conozca el mismo día, dado que los magistrados deben motivar y redactar la decisión en un auto.
Fuentes legales han indicado que no se puede descartar totalmente esta posibilidad, ni tampoco que la deliberación se extienda más de un día, lo cual sería habitual en casos de gran relevancia o complejidad.
El proceso, iniciado en abril de 2024, se centra en el rol de Begoña Gómez como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la creación y patrocinio del software asociado, su posible influencia a favor del empresario Juan Carlos Barrabés en contratos públicos y el trabajo de su asesora, financiada con fondos públicos.
La Audiencia de Madrid, superior jerárquica a Peinado, ha ratificado en algunas ocasiones sus resoluciones y en otras las ha modificado o revocado, como sucedió al anular, por falta de motivación, la decisión del juez que quería transformar el caso en procedimiento con jurado popular.
En respuesta a este fallo, el magistrado emitió el 11 de abril un nuevo y detallado auto en el que cerró la instrucción y mantuvo su postura de juzgar con jurado a los tres acusados por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de fondos públicos y apropiación indebida.
Por otro lado, archivó la causa relativa al presunto delito de intrusismo profesional contra Begoña Gómez, vinculado a su firma en unos pliegos sobre el software desarrollado dentro de la cátedra.
Tras el auto de abril, que el juez confirmó en mayo rechazando los recursos de la Fiscalía y las defensas, estas últimas presentaron apelación y ahora la Audiencia Provincial debe resolver.
La Fiscalía y las defensas han sostenido desde el inicio que no existe delito y han cuestionado la instrucción del juez Peinado, calificándola de prospectiva o sugiriendo que la investigación responde a que Begoña Gómez es la esposa del presidente del Gobierno.
La resolución de los magistrados de la Audiencia madrileña se conocerá poco después de que el pasado 20 de junio el juez dictara auto de apertura de juicio oral contra los tres imputados y dispusiera medidas cautelares para Begoña Gómez y Cristina Álvarez, entre ellas la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de presentarse dos veces al mes ante el juzgado.