Las claves
Mercedes González, directora de la Guardia Civil, ha seleccionado a Rosa Seoane, exabogada del Estado en el juicio del ‘procés’, como su representante legal.
El teniente general Manuel Llamas, director adjunto operativo, estará defendido por Edmundo Bal, también exabogado del Estado.
Ambos altos cargos de la Guardia Civil se encuentran bajo investigación por supuestos delitos de prevaricación continuada y contra la Administración de Justicia.
La pesquisa se centra en la apertura de expedientes disciplinarios a agentes de la UCO que trabajaban en casos sensibles para el PSOE y el entorno de Pedro Sánchez.
La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha designado como su abogada en el ‘caso Leire’ a Rosa Seoane, quien fue la abogada del Estado durante el juicio del ‘procés’ catalán y actualmente ejerce en el ámbito privado.
Aunque tenía la opción, González no recurrió a la Abogacía General del Estado para su defensa. En cambio, el director adjunto operativo de la Guardia Civil, teniente general Manuel Llamas, sí optó por contar con la asistencia del abogado del Estado y exdiputado de Ciudadanos, Edmundo Bal.
Seoane, que ahora forma parte del bufete González Franco, y Bal se reencontrarán en el ámbito profesional casi ocho años después de que ella reemplazara a él como responsable del departamento penal de la Abogacía del Estado.
En noviembre de 2018, la entonces abogada general Consuelo Castro destituyó a Bal tras su negativa a firmar el escrito de acusación del ‘procés’, que no incluía el delito de rebelión, sino el menos grave de sedición, además del de malversación de fondos públicos.
De forma inesperada, Seoane tuvo que asumir la defensa jurídica de los intereses estatales en ese juicio histórico, que terminó con una sentencia condenatoria por sedición y malversación.
Tanto la directora de la Benemérita como el DAO deberán comparecer el próximo jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en calidad de investigados.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó que declararan y se les otorgara la condición de investigados. Jamás se había dado el caso de que los dos principales responsables de la Guardia Civil, tanto la autoridad política como la operativa, estuvieran sospechosos de haber cometido delitos, y menos aún que las presuntas víctimas fuesen varios de sus subordinados.
A González y Llamas se les imputan supuestos delitos de prevaricación continuada y contra la Administración de Justicia relacionados con la apertura de investigaciones reservadas contra agentes de la UCO encargados de procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Las pruebas contra ambos se centran en la «reiterada apertura» de informaciones reservadas (tres en nueve meses) sin una justificación real disciplinaria, «exclusivamente dirigidas a aquellos funcionarios [agentes de la UCO] que llevaban investigaciones especialmente sensibles» vinculadas al PSOE y «coincidiendo con actuaciones procesales particularmente delicadas».
Estas informaciones reservadas se produjeron al mismo tiempo que las reuniones entre González y Leire Díez, conocida como la ‘fontanera’ del PSOE, quien, bajo la presunta dirección del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, coordinó maniobras para desacreditar a jueces, fiscales y agentes de la Unidad Central Operativa de la Benemérita.
Según Anticorrupción, González y Llamas ordenaron la apertura de esas diligencias pre-disciplinares a sabiendas de que no existían motivos para ello.
Así, esas actuaciones pre-disciplinares podrían no tener una finalidad estrictamente disciplinaria, sino haber constituido «una reacción constante frente a determinadas decisiones de investigación«.
La potestad disciplinaria habría dejado de servir «como mecanismo de control interno para transformarse en un instrumento de intimidación institucional«, argumenta Anticorrupción.
Habrían sido los altos mandos del cuerpo quienes intentaron afectar la carrera profesional del investigador, dañar su reputación, limitar sus oportunidades de promoción o crear un ambiente permanente de incertidumbre respecto a su continuidad profesional», según sostiene Anticorrupción.