Junts per Catalunya responsabilizó formalmente al PSOE de retrasar la aprobación del aval del Constitucional a la Ley de Amnistía y de manipular a la Fiscalía para que mantuviera su apoyo a Sánchez. Esta información fue trasladada al presidente por José Luis Rodríguez Zapatero.
El partido independentista acusó por escrito al Gobierno de Pedro Sánchez de utilizar al Tribunal Constitucional para garantizar su respaldo gubernamental mediante promesas de sentencias que nunca llegaron o que lo hicieron con más de un año de demora. Además, se señala un «papel pasivo o inclusive obstructivo» del Ministerio Público, presidido por Cándido Conde-Pumpido, para dificultar el regreso inmediato de Carles Puigdemont.
Tras la ruptura del acuerdo de investidura en octubre pasado, Junts remitió al PSOE un informe confidencial donde destacan como causa principal de la retirada de apoyo el engaño del Ejecutivo en cuanto a la aprobación y puesta en marcha de la Ley de Amnistía, acompañada de un constante “baile de fechas” que, según los independentistas, sirvió para prolongar el respaldo parlamentario atrasando las resoluciones al máximo durante la legislatura sin que sus aliados separatistas pudieran romper el pacto.
Según pudo conocer EL MUNDO, dicho informe, entregado a los socialistas a través de los mediadores en las reuniones de Suiza y coordinados por la fundación Henri Dunant, dedica uno de sus cuatro apartados a analizar la Ley de Amnistía. En este se expone cómo inicialmente el Gobierno, al que bautizan como “la parte española”, se comprometió con Junts a que el Tribunal presidido por Cándido Conde-Pumpido aprobaría en junio de 2024, apenas un mes tras su aprobación en el Congreso, la norma que anulaba los delitos relacionados con el 1-O y mantenía a Sánchez en el Ejecutivo con una mayoría de dos votos.
Junts precisa asimismo que, en los encuentros con el PSOE, cuyos interlocutores principales fueron el ex secretario de Organización Santos Cerdán y el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, los socialistas establecieron varias fechas para la esperada resolución del Constitucional, todas incumplidas sistemáticamente. El documento refleja que tras constatar que no hubo aval en junio, los representantes socialistas prometieron que llegaría en septiembre de ese mismo año. Al transcurrir los meses sin que se cumpliera, el PSOE garantizó que la sentencia se emitiría antes de diciembre.
Junts subraya en su informe que esos compromisos incumplidos continuaron a lo largo de 2025, y que incluso el equipo negociador socialista en Suiza insistió en que la decisión final del Constitucional se emitiría en marzo de ese año. Mientras tanto, solicitaban paciencia a los políticos catalanes, asegurando constantemente que la resolución sería positiva y permitiría la vuelta automática a España del fugado Puigdemont.
El informe fue enviado tras darse por finalizado el pacto de investidura
Finalmente, la resolución se publicó en junio, cuando las relaciones entre ambas formaciones ya estaban muy deterioradas. Por ello, el equipo de Puigdemont señala como graves “incumplimientos” varias cuestiones, destacando especialmente la aprobación del Constitucional. En referencia a este órgano, los socialistas, según los secesionistas, ejercían un control absoluto sobre la Corte de Garantías. Finalmente, el tribunal aprobó por seis votos a cuatro a finales de junio los puntos centrales de la norma, considerando que favorecía la normalización política en Cataluña.
Tras lo que Junts califica como “la llave del gas” usada contra sus miembros, el Ejecutivo continuó su actuación en los meses posteriores, incluso después de que el Supremo dictaminara que la ley no era aplicable a Puigdemont y mantuviera vigente la orden de detención contra él.
Asimismo, otro de los significativos “incumplimientos” que Puigdemont apunta en el informe y que terminaron por romper definitivamente la relación con el Gobierno es la postura de la Fiscalía, que se opuso a las medidas cautelares solicitadas por el ex presidente catalán. Éste exigía la suspensión inmediata de la orden de busca, detención y prisión dictada por el instructor del procés, el magistrado Pablo Llarena.
Detalla los ‘incumplimientos’ que condujeron a la ruptura
La defensa de Puigdemont alegó entonces que se trataba de una privación de libertad “emitida sin condena previa”, que causaba “efectos inmediatos, actuales y, sobre todo, irreparables” al comprometer el “núcleo más esencial de los derechos fundamentales”. Sin embargo, el fiscal jefe del Constitucional, Pablo Crespo, rechazó estos argumentos, señalando que permitir el regreso de Puigdemont supondría una “perturbación grave de un interés constitucionalmente protegido” en referencia al “interés general”, y descartó valorar las “razones políticas” presentadas por el líder de Junts afincado en Waterloo.
En este sentido, el documento de Junts critica al Gobierno de Sánchez, al que atribuye también control directo sobre el Ministerio Público, por “el papel pasivo o incluso obstructivo” que desempeña la Fiscalía ante la Corte de Garantías. Además, sostiene que la oposición a las medidas cautelares tiene el único fin de impedir el regreso inmediato de Puigdemont, al que Sánchez prometió en noviembre de 2019 “traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la Justicia española” porque “nadie está por encima de la Justicia”, todo para evitar una nueva crisis política grave.
Según fuentes de este diario, Junts consideró incluir en su informe reproches sobre la actuación de la Audiencia Nacional y del Tribunal de Cuentas contra los independentistas, pero finalmente desistió al entender que estos órganos no están bajo un control directo del Ejecutivo, a diferencia del Ministerio Público y el Constitucional.
Criticó “el papel pasivo o incluso obstructivo” de la Fiscalía
Además del apartado dedicado a la Ley de Amnistía, Junts destacó como incumplimientos graves por parte de Sánchez la ejecución de la transferencia de competencias en materia migratoria a Cataluña, un compromiso adquirido en las negociaciones donde el PSOE garantizó que Podemos no obstaculizaría dicha cesión, cosa que finalmente sí ocurrió, así como la publicación de las balanzas fiscales, que reconocen expresamente que el Estado español adeuda al menos 20.000 millones a Cataluña. Finalmente, Junts señaló como cuarto incumplimiento la oficialidad del catalán en Europa.
Los mensajes enviados por Junts al PSOE fueron informados de inmediato al presidente Sánchez por José Luis Rodríguez Zapatero. En las comunicaciones intervenidas por la Policía Judicial al ex presidente, se incluyen instrucciones para que su secretaria transmitiera personalmente sobres con esta información sensible al presidente.
Por ejemplo, en enero pasado, Zapatero, con acceso al informe, notificó a Sánchez sobre el estado de las relaciones con Junts en un momento en que la única vía para reconducir la situación pasaba por una nueva resolución del Constitucional que debía determinar si la Ley de Amnistía era aplicable también al delito de malversación de Puigdemont, autorizando así su regreso y corrigiendo al Supremo.
Dicha resolución se espera para el próximo otoño, aunque nuevamente los socialistas aseguraron a Junts que ya se habría emitido meses atrás. Hace un año, Zapatero también dio instrucciones a su secretaria para destruir una nota confidencial con las exigencias de Junts para evitar la ruptura con el PSOE, poco después de haberse reunido con Puigdemont en Zúrich.
En tan solo unos días, el próximo jueves, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hará pública su sentencia sobre la Ley de Amnistía para establecer si los gastos del procés comprometieron los intereses financieros de la UE y si el perdón de los delitos de terrorismo se ajusta a la normativa comunitaria. En las filas del partido de Carles Puigdemont se da por hecho que el fallo será favorable y consideran que Puigdemont podría regresar a España tras el verano, si el Constitucional sigue retrasando su pronunciamiento definitivo. De hecho, Junts esperan que la vuelta de su líder provoque, según sus colaboradores más cercanos, un repunte inmediato en las intenciones de voto antes de las próximas elecciones generales, frente al crecimiento imparable de Alianza Catalana.