Las víctimas debían permanecer disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, ofreciendo servicios sin preservativo y sin posibilidad de rechazar a ningún cliente.
La Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han liberado a 26 mujeres que eran víctimas de explotación sexual en prostíbulos de diversas provincias españolas. La operación culminó con la detención de 16 individuos y la clausura de once locales. Según informó la Policía Nacional en un comunicado, las víctimas vivían bajo un sistema de esclavitud que les exigía disponibilidad completa, prestación de servicios sin preservativo y sin opción para rechazar a ningún cliente.
Las detenciones se distribuyeron en Madrid (4), Valencia (4), Zaragoza (3), Barcelona (2), Tarragona (2) y Figueres (1). Entre los arrestados figura la principal responsable de la red, quien ya permanece en prisión provisional. La investigación, apoyada por la ONG Our Rescue, desmanteló una organización criminal dedicada a captar mujeres de origen chino y latinoamericano para someterlas a este régimen de esclavitud, obligándolas a estar disponibles permanentemente y a prestar servicios a domicilio bajo constante supervisión.
Ofertas falsas como masajistas
La pesquisa comenzó tras la detección en Zaragoza de un piso donde mujeres chinas ejercían la prostitución. Habían sido captadas bajo la apariencia de masajistas o estilistas mediante anuncios en redes sociales y aplicaciones chinas de mensajería instantánea.
Estas mujeres, en situación económica precaria y, en algunos casos, con estatus irregular en España, aceptaban las ofertas de empleo sin conocer la verdadera naturaleza de la actividad que se les impondría.
Vigilancia mediante cámaras y suplantación de identidad
Una vez en los locales, las víctimas estaban vigiladas continuamente por cámaras de seguridad. Se les obligaba a realizar servicios sexuales a domicilio sin preservativo y a entregar la totalidad de los ingresos al grupo criminal. Solo recibían el 50% de las ganancias cuando la organización consideraba saldada la supuesta deuda inicial.
Para facilitar su llegada a España, se les proporcionaba documentación falsa en sus países de origen. Tras su entrada, recibían tarjetas de residencia y trabajo de mujeres con situación regular para suplantar sus identidades durante inspecciones o controles policiales en los prostíbulos. Los explotadores administraban al menos once prostíbulos en Madrid, Valencia, Tarragona, Barcelona y Zaragoza (algunos en asociación con otros socios), rotando frecuentemente a las víctimas entre ellos para maximizar ganancias. Además, creaban prostíbulos clandestinos desde cero: alquilaban locales o pisos, los gestionaban hasta captar una cartera de clientes y luego los transferían a otros gestores a cambio de grandes sumas.
Katanas y bienes embargados
Durante los registros, los agentes incautaron 35.000 euros en efectivo, armas prohibidas tipo katana, diversas drogas, potenciadores sexuales, 24 teléfonos móviles, dos pasaportes falsos y abundante documentación relacionada con actividades delictivas. Asimismo, la investigación del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria detectó un sistema organizado para ocultar y dispersar fondos con el fin de blanquear ganancias mediante el circuito económico legal. Por esta razón, la autoridad judicial ha ordenado el embargo de cinco propiedades valoradas en más de medio millón de euros, dos vehículos y la intervención de ocho cuentas bancarias.
Esta operación forma parte del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual. Para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia anónima y confidencial de estos delitos, la Policía Nacional recuerda que dispone del teléfono 900 10 50 90 y el correo [email protected], siendo que las llamadas a este número no se reflejan en la factura telefónica.