Se postula para ocupar uno de los puestos vacantes en la Sala Penal del Alto Tribunal, mientras que tres magistrados compiten por la presidencia de la Sala Tercera.
La Presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, vacante tras la jubilación del catedrático de Derecho Constitucional Pablo Lucas, ha sido solicitada por tres magistrados que forman parte de este tribunal.
Según fuentes judiciales consultadas por EL MUNDO, los magistrados Eduardo Calvo, Ángeles Huet y Esperanza Córdoba aspiran a presidir la Sala que revisa las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros.
Calvo es magistrado de la Sala Tercera desde 2005. Antes de ello, este juez con un perfil progresista presidió la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, cargo que desempeñaba al ser nombrado para el Alto Tribunal. Es el candidato con mayor antigüedad y posee experiencia en gestión.
Por otro lado, las magistradas Ángeles Huet, de orientación progresista, y la conservadora Esperanza Córdoba, ingresaron en el Tribunal Supremo en febrero de 2020. Huet fue vocal del Consejo General del Poder Judicial, mientras que Córdoba dirigió el Servicio de Inspección del órgano de gobierno judicial hasta su incorporación al Supremo.
La Sala Tercera es un órgano clave dentro de la cúpula judicial, pues se encarga de revisar los actos y disposiciones del Consejo de Ministros, como los nombramientos discrecionales realizados por el Ejecutivo o la concesión de indultos.
Por otra parte, el CGPJ ha recibido un total de 27 solicitudes para ocupar las plazas vacantes en la Sala de lo Penal, originadas por las jubilaciones de los magistrados Ángel Hurtado, instructor del caso del fiscal general, y el progresista Andrés Palomo en junio pasado.
Actualmente, la Sala de lo Penal tiene tres vacantes por jubilación: la correspondiente al magistrado Miguel Colmenero, sumada a las de Hurtado y Palomo. En septiembre, se añadirá un cuarto puesto libre por la jubilación del magistrado Juan Ramón Berdugo.
Los candidatos a cubrir estos cargos incluyen a los magistrados de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, Eloy Velasco, Joaquín Delgado y Enrique López, este último exconsejero de la Comunidad de Madrid.
De los 27 solicitantes, solo seis son mujeres. Entre ellas figuran la actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, la magistrada de la Audiencia Nacional María Fernanda García Pérez y Dolores Hernández Rueda, jefa del Servicio de Inspección del CGPJ, entre otras.
La Sala Segunda es un órgano de gran relevancia, pues investiga y juzga a miembros del Gobierno, parlamentarios y otros aforados de especial importancia pública, como fue el caso del fiscal general.
Para todos estos nombramientos discrecionales de magistrados del Tribunal Supremo se requiere el acuerdo de una mayoría cualificada en el Consejo, esto es, al menos 13 votos. Esta condición obliga a pactos entre progresistas y conservadores para todos estos nombramientos.
Desde enero pasado, el órgano de gobierno de los jueces se encuentra en un bloqueo total para nombrar un jurista en la plaza que dejó Colmenero. Los vocales progresistas y conservadores no han logrado consenso sobre este puesto.
En cuanto a la plaza vacante en la Sala de lo Penal, compiten las catedráticas Silvina Bacigalupo, Mar Carrasco, Alicia Gil, Carmen Juanate y Paz Lloria, junto con los juristas Julio Banacloche, Guillermo García-Panasco, Norberto de la Mata, Manuel Ollé, Carlos Pérez del Valle, Jesús Santos Vijande y Luis Uriarte.