«Los indicios recogidos le atribuyen participación en los […] vinculados tanto a la obtención de beneficios dentro del ámbito empresarial de la Sepi, como a la defensa de los intereses de ciertos miembros del PSOE o del Gobierno»
Un nuevo informe de la UCO enviado a la Audiencia Nacional implica a Juanma Serrano, ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, tanto en las operaciones encaminadas a obtener comisiones irregulares en la Sepi como en aquellas destinadas a frenar procesos judiciales que afectaban negativamente al PSOE y al presidente del Gobierno.
«Los indicios recopilados le atribuyen implicación en los […] relacionados con la obtención de beneficios en el sector empresarial de la Sepi, así como con la protección de intereses de ciertos miembros del PSOE o del Gobierno», señala el documento, cuyo propósito es solicitar al juez Santiago Pedraz permiso para analizar el contenido del teléfono intervenido a Serrano y a otros investigados.
La Guardia Civil destaca la estrecha vinculación de Serrano con la fontanera del PSOE Leire Díez. «Es importante subrayar que las comunicaciones entre Serrano y Leire no eran ocasionales, sino que mantenían contacto frecuente, existiendo un elevado número de mensajes entre ambos».
El informe incluye mensajes intervenidos que evidencian la participación de Serrano en la operación iniciada tras la decisión de Sánchez de tomarse unos días para reflexionar sobre su continuidad como presidente después de la imputación de su esposa, Begoña Gómez. «Leire y Serrano comentaron en relación con el Presidente que había que ‘ayudarle’, y que ‘se [tenía] que dejar'», indica la UCO al referirse a un intercambio de mensajes entre ambos. «Estando tú ahí estoy tranquila», le escribe Leire Díez a Serrano.
Los mensajes presentados por la UCO en su informe provienen del terminal de la fontanera. Actualmente, se solicita al juez permiso para realizar un análisis profundo del teléfono de Serrano. «Existen indicios de la participación de Serrano […] en un conjunto de acciones orientadas a desestabilizar causas judiciales que podrían perjudicar al PSOE o al Gobierno», insiste la UCO.
Tras cuatro años como jefe de Gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, con la llegada de Sánchez a la Presidencia del Gobierno Serrano fue designado presidente de Correos, cargo que ocupó hasta 2023. Esta circunstancia explica su relación con los inicialmente investigados por las mordidas en la Sepi: su ex presidente Vicente Fernández, la fontanera y el empresario Antxon Alonso, amigo de Santos Cerdán. A partir de las investigaciones en la Sepi se detectaron las maniobras para paralizar los procesos contra el PSOE y el presidente del Gobierno, que el juez Pedraz analiza en una causa separada.
La UCO detalla que Serrano tuvo un papel en la colocación de la fontanera en Correos, primero como responsable de Administración Local y posteriormente como directora de Filatelia y Relaciones Institucionales, reportando directamente a él: «No te preocupes que lo tuyo sale», le escribió Vicente Fernández en respuesta a una consulta de Leire Díez sobre si había gestionado su contratación con Serrano.
La inserción de Leire en un puesto en Correos era una cuestión «estratégica» para los investigados, según se deduce la UCO del intercambio de mensajes entre ella, Vicente Fernández y Antxon Alonso en el chat denominado Hirurok (nosotros tres, en euskera).
«Aparentemente, Juanma Serrano habría participado activamente en el nombramiento de Leire en Correos, desde las primeras fases cuando Vicente dialogaba con él para ‘ponerlo en marcha’, hasta poco antes de su nombramiento oficial, momento en el que mantuvo contactos directos con Leire, como se ha expuesto anteriormente». Esta maniobra podría tener carácter delictivo y la UCO considera «necesario profundizar en las relaciones o instrucciones» impartidas entonces. Por ejemplo, para que Leire Díez «pudiese modificar el perfil del puesto que aspiraba ocupar en Correos» o para que ninguna de las cinco candidaturas internas presentadas fuese considerada válida.
El informe también repasa otras conductas sospechosas en Correos relacionadas con Serrano. Entre ellas destaca la supuesta adjudicación fraudulenta de contratos al despacho de abogados SdP Estudio Legal, que según Leire Díez tenía como finalidad «proteger» a Serrano. Como «contraprestación» por estos contratos, el ex presidente de la Sepi Vicente Fernández habría recibido 214.000 euros.
La UCO añade que, durante el tiempo en que Leire y Serrano coincidieron en Correos, intercambiaron mensajes sobre «múltiples gestiones no vinculadas a la Dirección de Filatelia ni siquiera a Correos» y que en realidad se asemejan «a las gestiones realizadas por el grupo Hirurok».
«En términos generales», concluye la Guardia Civil, «las pruebas recientes recopiladas desde diciembre de 2025 permitirían situar a Correos como otra de las empresas influenciadas por el grupo Hirurok, coincidiendo estos hechos con la Presidencia de Serrano».
El móvil de la gerente del PSOE
La mayor parte del oficio se centra en la actividad de Serrano, aunque también solicita permiso al juez para analizar los teléfonos incautados a otras cuatro personas vinculadas a la red para desactivar procedimientos perjudiciales para el Gobierno y el PSOE.
Entre ellas figura Ana María Fuentes Pacheco, actual gerente del partido. Se le atribuye haber manipulado notas de encargo profesional, siguiendo instrucciones de Santos Cerdán, para financiar gastos legales vinculados a esa operación.
Además, se mencionan dos empleadas del área de secretaría y administración del PSOE, Covadonga San Pedro Pascual y Celia Rodríguez Alonso. Se les atribuye colaboración en «tareas de apoyo logístico y administrativo», incluyendo la gestión y coordinación de viajes para Leire Díez y otros investigados.
El quinto implicado es el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes. Este ex miembro de la UCO facilitó a otros investigados información relevante sobre la estructura y los integrantes de la unidad, a cambio de buscar protección en un caso por fraude de hidrocarburos en el que está imputado.
«En relación con estas cinco personas hay elementos concretos en la causa que demuestran que mantuvieron interacciones o comunicaciones con otras de las personas investigadas», concluye la UCO, que considera «fundamental disponer de la información» contenida en los teléfonos intervenidos. El juez ha solicitado un informe a la Fiscalía Anticorrupción antes de decidir sobre la autorización para su análisis.