El Ejecutivo confía en que el aumento presupuestario junto con la reforma legal contribuyan a disminuir los retrasos que afectan a un sistema que aún acumula cientos de miles de solicitudes pendientes.
Este jueves, el Gobierno avanzó en la reforma del sistema de dependencia. La Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso aprobó con 20 votos a favor y 17 en contra el dictamen del proyecto de ley que modifica tanto el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, como la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Tras superar este paso parlamentario, ahora la iniciativa prosigue su trámite en el Pleno del Congreso, donde deberá someterse a una nueva votación antes de continuar su recorrido.
Esta norma llega acompañada por la mayor inversión económica realizada en el sistema: 6.200 millones de euros adicionales durante 2026 y 2027, destinados a reducir las listas de espera, acortar los plazos de tramitación y ampliar los servicios para las personas en situación de dependencia.
No obstante, la dimensión del problema varía dependiendo de la metodología usada para cuantificarlo. Mientras que el Ministerio de Derechos Sociales sitúa la lista oficial en 142.887 personas, contabilizando únicamente a quienes esperan más de seis meses —el plazo máximo establecido en la ley—, el Observatorio Estatal para la Dependencia, realizado por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, eleva esta cifra hasta 255.302 personas, al incluir también a quienes aún no han cumplido ese periodo.
Así, 108.908 personas esperan evaluación, representando el 42,7% del total, mientras que 146.394 ya tienen reconocido el derecho a una prestación o servicio, pero continúan a la espera de recibirlo, el 57,3%. En conjunto, el Observatorio registra 2.865 personas menos en lista de espera respecto al año anterior, una disminución mucho más moderada que la indicada por las cifras oficiales.
La mayor parte de estos fondos llegará a las comunidades autónomas a través del llamado nivel mínimo de financiación, aumentando la aportación estatal por cada beneficiario atendido. Según el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, las comunidades recibirán en promedio cerca de un 98% más de financiación vinculada al número de personas atendidas, con el objetivo de incluir a nuevos beneficiarios, contratar más profesionales, mejorar las condiciones laborales del sector y reforzar servicios como la ayuda a domicilio o la asistencia personal.
Además, la reforma incorpora una de las principales demandas asumidas por el Gobierno al inicio de la legislatura: garantizar por ley que la Administración General del Estado financie el 50% del sistema de dependencia. Esta modificación, introducida mediante una enmienda de los grupos que apoyan al Gobierno, convierte esta meta política en una obligación legal. Se trata de una iniciativa que logró salir adelante a pesar del rechazo del PP, que votó en contra a pesar de que las comunidades autónomas gobernadas por ese partido han reclamado durante años que el Estado asuma la mitad de la financiación del sistema.
El gran problema de las listas de espera
Los datos del Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) correspondientes al primer semestre de 2026 indican que el sistema sigue mejorando sus indicadores. La lista oficial de espera se ha reducido un 21% en el último año y un 54% desde 2021, mientras que el número de personas que efectivamente reciben una prestación alcanza un récord histórico de 1.707.328 beneficiarios, un 11% más que en el año anterior.
Sin embargo, el principal cuello de botella continúa siendo la tramitación administrativa. El promedio de tiempo entre la solicitud y la resolución de una prestación se sitúa en 314 días, casi diez meses, aunque ha disminuido en 27 días durante el último año. El propio Ministerio reconoce que este sigue siendo uno de los retos más importantes del sistema.
Las diferencias territoriales son muy marcadas. Mientras Ceuta resuelve los expedientes en un promedio de 82 días, Aragón tarda 117 y Castilla y León 120. En el extremo contrario se encuentran Murcia con 551 días de espera, Andalucía 435 y Asturias 425.
Con el fin de acortar estos tiempos, la reforma aprobada este jueves introduce cambios significativos en el modelo de atención. Entre las medidas principales figuran la eliminación de incompatibilidades entre prestaciones para que una persona pueda combinar diversos apoyos, la ampliación de la cartera de servicios —con un mayor énfasis en la asistencia personal y en los cuidados domiciliarios y comunitarios—, y la simplificación de los procedimientos administrativos para reducir la burocracia y agilizar la resolución de expedientes.
Durante la presentación de los datos, Bustinduy aseguró que la combinación entre la reforma legal y el aumento presupuestario permitirá «avanzar hacia la eliminación de las listas de espera». Sin embargo, evitó establecer una fecha concreta cuando fue consultado directamente sobre el plazo para alcanzar esa meta.
El Ministerio maneja proyecciones que señalan una reducción significativa de la lista de espera en los próximos años gracias a la mayor financiación, aunque sin precisar cuándo podría desaparecer totalmente.