Las claves

El archivo fotográfico de Pedro Sánchez contiene imágenes con numerosos excolaboradores y personas implicadas en casos de corrupción investigados por la UCO y los tribunales.

Entre los implicados están José Luis Ábalos, Koldo García, Víctor de Aldama, Santos Cerdán, Begoña Gómez y otros, algunos ya condenados o bajo investigación por delitos como cohecho y malversación.

La pesquisa abarca distintas áreas: adjudicaciones fraudulentas en empresas públicas, creación de empleos a medida y presunta financiación irregular relacionada con el entorno del PSOE.

Algunos protagonistas, como Begoña Gómez y José Luis Rodríguez Zapatero, enfrentan procesos judiciales que comprometen al círculo más próximo a Sánchez y dificultan su desvinculación de estos asuntos.

Cada imputación, acusación o condena por corrupción que involucra a las personas que acompañaron a Pedro Sánchez en su ascenso hacia la Moncloa estrecha progresivamente el cerco judicial alrededor del presidente del Gobierno.

En concreto, este miércoles, la UCO ha vinculado a Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Sánchez y expresidente de Correos, en la red de las cloacas de Ferraz.

Según los investigadores, Serrano, que formó parte del entorno íntimo de Sánchez desde 2014, habría facilitado la incorporación de Leire Díez a Correos mediante la intermediación de Vicente Fernández, expresidente de la Sepi, imputado y miembro del grupo ‘Hirurok‘ junto a la fontanera y a Antxón Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar.

Este caso se suma a la amplia lista de personas implicadas, investigadas o directamente condenadas, como José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, quienes han orbitado alrededor de Sánchez.

El dirigente del PSOE tiene cada vez más complicado desvincularse de su relación con ellos, sobre todo cuando existe una colección fotográfica que integra un delicado álbum de recuerdos.

Ábalos, José Luis

José Luis Ábalos fue uno de los hombres determinantes del sanchismo. Diputado valenciano, secretario de Organización del PSOE entre 2017 y 2021 y ministro de Fomento (luego Transportes) de 2018 a 2021, ocupó el tercer puesto en el partido y fue clave para el regreso de Sánchez al poder tras las primarias socialistas y la moción de censura contra Rajoy.

Su salida del Gobierno y de Ferraz se produjo en julio de 2021, cuando Sánchez lo relevó durante la remodelación del Ejecutivo.

Su caída se relaciona con el caso Koldo. Cuando estalló la trama en febrero de 2024, Sánchez evitó mencionarlo directamente, pero lanzó el mensaje de que «quien la hace, la paga» y el PSOE terminó pidiendo su acta por «responsabilidad política«.

Ábalos se negó, pasó al Grupo Mixto y fue expulsado de la formación 16 meses más tarde.

El Tribunal Supremo lo condenó a 24 años y tres meses de prisión por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.

Una de las imágenes más comprometidas en el archivo es la del exministro, exnúmero tres del PSOE y antiguo hombre fuerte del presidente, ahora en prisión.

Aldama, Víctor

El empresario Víctor de Aldama también fue condenado por el Tribunal Supremo en el caso Koldo, esta vez a una pena de cuatro años y medio.

No obstante, gracias a su cooperación con la Justicia, no ingresará en prisión y cumplirá un año de trabajos comunitarios. Durante el juicio, Aldama indicó que el «número 1» de la red era el propio presidente Pedro Sánchez.

Su introducción en el entorno socialista fue a través de José Luis Ábalos y Koldo García, con quienes se relacionó en el Ministerio de Transportes.

Además, el empresario entregó a la Audiencia Nacional un sobre con el logo de PDVSA que, según su versión, contenía datos sobre una supuesta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista mediante cuotas de petróleo venezolano.

El caso está bajo secreto de sumario y Delcy Rodríguez ha negado esa versión y ha emprendido acciones legales contra Aldama.

Aldama fue captado en una foto junto a Pedro Sánchez en febrero de 2019, durante la presentación de Pepu Hernández como candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid. Tras esto, el presidente negó cualquier vínculo y aseguró que «uno no elige con quién se fotografía«.

Antolín, Ion

Periodista vallisoletano con especialización en comunicación política, Ion Antolín ejerció como director de comunicación del PSOE desde 2022 hasta que, en diciembre de 2024, fue nombrado por Pedro Sánchez secretario de Estado de Comunicación, cargo que desempeñó apenas 20 días antes de renunciar por razones de salud.

La UCO indica que Antolín asistió a la reunión del 26 de abril de 2024 en la sede de Ferraz, punto clave en la trama de las cloacas supuestamente impulsada por Santos Cerdán y Leire Díez para obtener información contra jueces, agentes y políticos con el fin de desestabilizar investigaciones judiciales que afectaran al PSOE.

El auto del juez Pedraz incluye un mensaje suyo acerca de un pago cercano a 20.000 euros dirigido a la periodista Patricia López a través de una campaña publicitaria: «La orden ya forma parte del plan de medios».

A pesar de que la UCO lo ubica en un momento crucial de la trama, no está formalmente imputado.

Barrabés, Juan Carlos

Empresario aragonés y fundador del Grupo Barrabés, Juan Carlos Barrabés había trabajado durante años en ambientes de innovación, formación y proyectos público-privados antes de ser vinculado al caso Begoña.

Su primer encuentro documentado con Sánchez data del 4 de abril de 2015 en Benasque, cuando el entonces secretario general del PSOE visitó el valle invitado por Félix Jordán de Urriés, candidato socialista. En aquella reunión con representantes económicos, sociales y culturales de la región, Barrabés estuvo presente.

Su participación en la trama de Begoña Gómez gira en torno a su colaboración en proyectos académicos de la esposa del presidente en la Universidad Complutense y a las adjudicaciones de Red.es a empresas de su círculo.

Barrabés contribuyó al diseño del proyecto socioeducativo de Gómez, impartió clases en uno de sus másteres y recibió cartas de apoyo firmadas por ella para optar a contratos públicos.

Está imputado en la causa principal por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, y Peinado ha abierto un procedimiento separado exclusivamente contra él por posible prevaricación y fraude contra los intereses de la Unión Europea en contratos de Red.es. Sin embargo, la Fiscalía ha solicitado su absolución alegando ausencia de delito.

Cerdán, Santos

Originario de Milagro, político navarro Santos Cerdán fue uno de los colaboradores más cercanos a Pedro Sánchez dentro del PSOE. El propio presidente sitúa su relación desde 2014 y reconoce que Cerdán fue una pieza clave para vencer en las primarias socialistas de 2017.

Tras la victoria de Sánchez, lo nombró responsable de Coordinación Territorial de la Ejecutiva Federal y, en 2021, tras la salida de Ábalos, lo designó como secretario de Organización del PSOE. Desde ese rol, se convirtió en el número tres del partido, negociador clave en la investidura con Junts y uno de los guardianes del sanchismo.

Su declive comenzó con el informe de la UCO dado a conocer en junio de 2025, que lo relacionó con el supuesto cobro de comisiones por adjudicaciones de obra pública mediante la empresa Servinabar. Ese mismo día renunció a todos sus cargos y entregó su acta de diputado.

El Tribunal Supremo le investiga por posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, y fue arrestado provisionalmente el 30 de junio de 2025, aunque recuperó la libertad meses después con medidas cautelares.

Cerdán también figura imputado en el caso Leire Díez.

El juez Pedraz lo emplaza al frente de una presunta red para desestabilizar procedimientos judiciales que involucraban al PSOE o al Gobierno, con Leire Díez como ejecutora y reuniones en Ferraz, como la del 26 de abril de 2024, considerada un punto clave por la investigación en la trama de las cloacas.

Díez, Leire

Periodista y exmilitante socialista, Leire Díez –la conocida fontanera en la ‘Operación PSOE’– obtuvo cargos de confianza en empresas públicas antes de convertirse en la figura central del denominado caso Leire. Fue responsable de Comunicación de ENUSA y, posteriormente, desempeñó roles en Correos, donde llegó a dirigir Filatelia y Relaciones Institucionales.

La UCO sostiene que el expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Sánchez en Ferraz, Juan Manuel Serrano, maniobró para situarla en la empresa pública en una operación «estratégica» para la supuesta organización.

Su nombre aparece en el núcleo de la investigación que dirige el juez Pedraz en la Audiencia Nacional, sobre una presunta red para desestabilizar procesos judiciales que implicaban al PSOE o al Gobierno.

Díez está imputada y se le atribuye un rol operativo: obtener información sobre mandos de la UCO, fiscales y jueces, además de coordinar acciones para sabotear investigaciones sensibles para el entorno socialista.

Fuentes, Ana María

Ana María Fuentes Pacheco es desde 2021 la gerente del PSOE, encargada de la gestión económica y administrativa de Ferraz.

Antes fue parlamentaria andaluza, concejal en Ronda, diputada en el Congreso entre 2004 y 2011 y directora de la Oficina de Cumplimiento Normativo del PSOE.

Su implicación en el caso Leire está relacionada con la presunta financiación de la operación de las cloacas desde la estructura del PSOE, motivo por el cual está imputada.

Fuentes habría emitido presuntas facturas falsas para extraer fondos del partido y transferirlos encubiertamente a Leire Díez. A pesar de su imputación, Sánchez la defendió públicamente asegurando que manejó las cuentas del PSOE «de manera escrupulosa«.

Fuentes Curbelo, Juan (Tito Berni)

Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni, fue diputado del PSOE y abandonó el partido el 14 de febrero de 2023 tras estallar el caso Mediador. Antes fue director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, cargo que después ocupó su sobrino Taishet Fuentes.

Las fotografías de él con Pedro Sánchez datan de su época orgánica socialista: imágenes familiares en un mitin del PSOE en Las Palmas en 2016 lo muestran junto al entonces líder socialista.

La magistrada del caso Mediador lo sitúa entre los principales investigados por una presunta red político-empresarial que operó en Canarias entre 2020 y 2021, ofreciendo negocios, contratos, subvenciones y favores administrativos a empresarios a cambio de pagos, regalos, comidas y servicios sexuales.

Tito Berni no está condenado, pero el proceso está próximo a juicio oral y la Fiscalía solicita ocho años de prisión: seis por cohecho continuado y dos por pertenencia a grupo criminal.

Gallardo, Miguel Ángel

Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder del PSOE en Extremadura, está imputado por la juez Biedma por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias dentro del caso Hermanísimo.

Se le atribuye un rol destacado en la creación y adjudicación a medida del puesto de coordinador de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación para David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

La UCO señala a Gallardo como implicado en la creación de dicho puesto, y las acusaciones populares solicitan hasta cuatro años de cárcel por prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

El juicio está sentenciado a espera de fallo final; Fiscalía y defensas han pedido la absolución de todos los acusados.

García, Koldo

Koldo García Izaguirre fue militante socialista navarro, concejal del PSN en Huarte y hombre de confianza de José Luis Ábalos, primero como chófer y escolta en Ferraz y luego como asesor en el Ministerio de Transportes.

Su vínculo con Sánchez iba más allá de lo fotográfico: el presidente, que lo llamó cariñosamente «el último aizkolari socialista» en una publicación de Facebook en 2014, relata en su Manual de resistencia que Koldo guardó durante dos noches los avales de las primarias de 2017 que le permitieron recuperar la Secretaría General del PSOE.

Sus fotografías con Sánchez provienen de esa etapa de proximidad orgánica y también de eventos privados, como el 60 cumpleaños de Ábalos en diciembre de 2019, donde aparecen abrazados.

Sin embargo, Sánchez describió posteriormente su relación como «absolutamente anecdótica».

El Tribunal Supremo lo condenó en el caso Koldo a 19 años, ocho meses y un día de prisión por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.

La sentencia establece que Koldo fue una pieza central de la red junto con Ábalos y Víctor de Aldama: medió en adjudicaciones públicas de mascarillas durante la pandemia, participó en el circuito de pagos y favores y gestionó beneficios personales vinculados al entorno del exministro.

García Ortiz, Álvaro

Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado entre 2022 y 2025, fue condenado en noviembre de 2025 por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de datos confidenciales.

La sentencia incluyó una inhabilitación de dos años, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros por la filtración de información fiscal sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso.

Su conexión con la trama de Ferraz consiste en que las cloacas del partido lograron infiltrar la propia Fiscalía General del Estado.

Su mano derecha y exteniente fiscal, Diego Villafañe, mantuvo reuniones secretas en la sede institucional con Leire Díez mientras el Supremo investigaba el caso de la filtración.

Aunque la Fiscalía aseguró al juez que García Ortiz sólo fue informado «a posteriori», los chats intervenidos por la UCO demuestran que la red liderada por Leire presumía ante otros de tener acceso directo al fiscal general para garantizar favores a los investigados.

Gómez, Begoña

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, desarrolló su carrera profesional en consultoría, captación de fondos, sostenibilidad y formación antes y durante el mandato de su marido en Moncloa.

Estuvo vinculada al IE Africa Center y a la Universidad Complutense de Madrid, donde codirigió el máster de Transformación Social Competitiva y dirigió la cátedra extraordinaria del mismo nombre.

Su caso representa uno de los frentes judiciales más delicados para Sánchez, ya que afecta directamente a su entorno familiar. Además, el presidente ha atribuido la investigación a una operación política y mediática en su contra.

Gómez ha sido citada a juicio por el juez Peinado por delitos presuntos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de fondos públicos y apropiación indebida relacionados con su labor en la Complutense, el uso de su asesora en Moncloa y cartas de apoyo a empresas vinculadas a Juan Carlos Barrabés.

Debido al riesgo de fuga, Peinado le retiró los pasaportes y le impuso prohibición de salir de España, con excepción para asistir a la graduación de su hija en Londres.

González, Mercedes

Mercedes González fue concejal del Ayuntamiento de Madrid, delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid entre 2021 y 2023, diputada nacional y directora general de la Guardia Civil en dos etapas: primero entre marzo y junio de 2023 y, nuevamente, desde septiembre de 2024.

Su relación con Pedro Sánchez data de hace años: ambos coincidieron en las Juventudes Socialistas y en la etapa municipal del PSOE en Madrid, cuando Sánchez fue concejal y ella asesora del grupo socialista.

González está imputada en el caso Leire por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia.

El juez Pedraz investiga si, desde la Dirección General de la Guardia Civil, se emplearon datos reservados o expedientes internos contra mandos de la UCO que investigaban causas sensibles para el Gobierno, como el caso Koldo o el caso David Sánchez.

González ha reconocido haberse reunido con Leire, pero niega haber participado en ninguna red contra la UCO. Sánchez y Marlaska mantienen por ahora su confianza en ella pese a la imputación.

Gualda, Belén

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, Belén Gualda asumió la presidencia de SEPI en marzo de 2021, tras una breve etapa al frente de Navantia y una carrera en buena parte desarrollada en el sector público andaluz.

Gualda está investigada en el caso Leire. El juez Pedraz la imputó junto a otras veinte personas por su participación en el expediente del rescate de Tubos Reunidos, otorgado en 2021 por aproximadamente 115 millones de euros.

La Fiscalía la vincula con esa operación y la UCO sostiene que el grupo vinculado a Leire cobró 114.950 euros en comisiones por dicho rescate.

El Gobierno, sin embargo, mantiene su confianza en ella.

Narbona, Cristina

Con economista, ministra de Medio Ambiente durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y presidenta del PSOE desde 2017, Cristina Narbona forma parte del núcleo orgánico que acompañó a Pedro Sánchez tras su retorno a la Secretaría General.

Narbona no está imputada, pero su nombre aparece en el caso Leire.

El juez Pedraz la ha citado como testigo para declarar el 15 de julio, a petición de la Fiscalía, después de que la UCO hallara una conversación de WhatsApp con Leire Díez sobre cómo «redirigir» los ataques judiciales y mediáticos contra Sánchez y su entorno.

Narbona niega haber recibido información sobre ninguna operación de fontanería y afirma que simplemente remitió a Díez a Santos Cerdán por ser entonces secretario de Organización del PSOE.

Pardo de Vera, Isabel

Isabel Pardo de Vera fue designada presidenta de Adif por el Gobierno de Pedro Sánchez en junio de 2018, por propuesta de Ábalos, y en julio de 2021 asumió el puesto de secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Abandonó el cargo en febrero de 2023, aunque sus problemas judiciales surgieron después, en el contexto del caso Koldo. Pardo de Vera está imputada por cinco delitos: malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal.

La investigación la vincula con dos frentes: la presunta contratación irregular de Jésica Rodríguez –ex pareja de Ábalos– en empresas públicas ligadas a Transportes, y los contratos de mascarillas adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión durante la pandemia.

La UCO también indica que Koldo García trató de usar su interlocución con ella para favorecer reclamaciones de compañías vinculadas a la trama en obras de Adif.

Salazar, Paco

Francisco José Salazar Rodríguez, conocido como Paco Salazar, fue uno de los colaboradores de confianza de Pedro Sánchez desde las primarias socialistas de 2017.

Exalcalde de Montellano, diputado nacional por Sevilla y alto cargo en Moncloa, llegó a ser secretario general de Coordinación Institucional en la Presidencia del Gobierno y estaba previsto que en julio de 2025 pasara a la nueva dirección del PSOE como adjunto a la Secretaría de Organización.

Su caída no se debe a una condena por corrupción, sino a denuncias internas de varias mujeres socialistas por presuntos comportamientos machistas y acoso sexual durante su supervisión.

Salazar abandonó sus cargos en Moncloa y en el PSOE, negó las acusaciones y el partido inició un expediente disciplinario en su contra.

Sánchez, David

Músico y director de orquesta, David Sánchez Pérez-Castejón, conocido artísticamente como David Azagra, es hermano del presidente del Gobierno.

En 2017 fue contratado por la Diputación de Badajoz como coordinador de actividades de los conservatorios, y luego ascendió a jefe de la Oficina de Artes Escénicas, cargo que dejó en febrero de 2025 durante la investigación judicial en curso.

El caso se centra en si ese puesto fue creado o adaptado para beneficiarlo, extremo que tanto él como la Diputación niegan.

No está condenado, pero sí juzgado por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias junto a Miguel Ángel Gallardo y otros acusados.

El juicio quedó visto para sentencia el 9 de junio de 2026.

Las acusaciones populares sostienen que se trató de una contratación amañada y pidieron hasta seis años de prisión, mientras que la Fiscalía solicitó su absolución al afirmar que “no hay evidencia” de irregularidades ni en su ingreso ni en su desempeño.

Serrano, Juan Francisco

Juan Francisco Serrano Martínez, conocido como Juanfran Serrano, es diputado del PSOE por Jaén y uno de los cuadros orgánicos surgidos bajo la dirección de Santos Cerdán, de quien fue mano derecha.

Tras la caída de Cerdán, Sánchez lo mantuvo en la Ejecutiva Federal como secretario de Política Municipal.

No consta formalmente imputado, pero el juez Pedraz lo ha señalado en el caso Leire, afirmando que existen indicios de colaboración.

El señalamiento se basa en su cercanía orgánica a Cerdán y en su rol en la estructura de Organización del PSOE mientras la red supuestamente operaba desde Ferraz para desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al partido o Gobierno.

Serrano, Juan Manuel

Juan Manuel Serrano Quintana fue durante años uno de los hombres de mayor confianza de Pedro Sánchez en el PSOE.

Desempeñó el cargo de jefe de Gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal socialista antes de que Sánchez accediera a la Moncloa –al menos desde 2014– y en julio de 2018 fue nombrado presidente de Correos.

Ocupó el cargo hasta que fue sustituido por Pedro Saura a finales de diciembre de 2023.

Serrano no está formalmente imputado, pero la UCO lo sitúa en el epicentro del caso Leire.

Los investigadores afirman que, desde la presidencia de Correos, participó activamente en la contratación de Leire Díez, pactada supuestamente con el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y considerada «estratégica» para el grupo Hirurok.

Zapatero, José Luis (Rodríguez)

Considerado líder moral de Pedro Sánchez, su imputación supuso un fuerte impacto para las filas socialistas.

Zapatero terminó siendo uno de los principales apoyos públicos de Sánchez, especialmente durante la campaña de 2023 y en la defensa del Ejecutivo de coalición.

Al ser imputado en el caso Plus Ultra, Sánchez expresó su respaldo de manera medida:

«Toda la colaboración con la justicia, respeto absoluto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero«.

Zapatero está imputado en la Audiencia Nacional por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la investigación sobre el rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra.

El juez Calama le atribuye el presunto liderazgo de una estructura organizada de tráfico de influencias para obtener beneficios económicos mediante intermediaciones en organismos públicos.

También existe una pieza separada sobre el origen de las joyas encontradas en su despacho, valoradas en 1,3 millones, por posible delito fiscal y contrabando.

Zapatero niega cualquier irregularidad, afirma que nunca intervino en rescatarlos y su entorno asegura que las joyas fueron un regalo no declarado del antiguo rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz.