Las claves
El Senado ha frenado la ratificación del Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, enviándolo otra vez al Tribunal Constitucional.
La razón principal del rechazo es la cláusula que permite el intercambio de ministros en los Consejos de Ministros de ambos estados, considerada por el PP como posiblemente inconstitucional.
El Gobierno pretendía que el acuerdo entrara en vigor antes del viaje de Pedro Sánchez a París para el desfile del 14 de julio, pero la aprobación parlamentaria queda suspendida.
El PP sostiene que la presencia de ministros extranjeros en el Consejo de Ministros exige una reforma constitucional y denuncia que el tratado no se ajusta a la Carta Magna española.
Este jueves, el Senado ha bloqueado la ratificación del Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia y ha remitido el asunto de nuevo al Tribunal Constitucional. Esta acción sucede apenas días antes de que Pedro Sánchez viaje a París por invitación de Emmanuel Macron para asistir al desfile del 14 de julio, donde esperaba mostrar la puesta en marcha del acuerdo.
El Grupo Popular, gracias a su mayoría absoluta, ha impulsado una nueva petición para que el TC valore la conformidad con la Constitución del artículo 2.4 del Tratado, que regula el intercambio de ministros en los Consejos de Ministros de ambos países.
El mismo tratado, firmado en Barcelona en enero de 2023, ya había sido bloqueado en 2025 debido a esta cláusula, convirtiéndose en el primer tratado internacional rechazado por las Cortes desde la instauración de la democracia. En aquel momento, los populares solicitaron al Constitucional que aún no ha emitido un fallo.
Esta resolución del Senado significa que la autorización parlamentaria queda suspendida hasta que el TC se pronuncie, justo cuando el Ejecutivo confiaba en finalizar el trámite político antes del 14J.
Moncloa intenta reposicionar a Sánchez en el ámbito internacional: un día antes participará en la demolición de la Verja en Gibraltar y poco después realizará su primera visita a Argelia tras la finalización de la crisis diplomática iniciada en 2022.
El entorno de Sánchez tenía por seguro que el desfile de la Fiesta Nacional francesa sería el escenario para celebrar el nuevo marco de relación privilegiada con París, siguiendo el modelo de los tratados que Francia conserva desde hace décadas con Alemania.
Choque total
Por eso, la reacción ha sido contundente. José Manuel Albares lanzó duras críticas al PP, acusándolos de «cruzar una línea roja» y de «convertirse abiertamente en un partido antisistema».
El ministro sostiene que el bloqueo boicotea el primer tratado de amistad y cooperación con Francia, «donde residen unos 330.000 españoles» y que es el «principal socio comercial de España», destino de cerca de 53.000 millones en exportaciones.
En Génova, en cambio, se defienden como «defensa institucional» frente a lo que consideran otro intento de Sánchez de gobernar «sin limites ni controles».
Las fuentes del PP denuncian la «soberbia» del presidente y le reprochan querer «abrir la puerta del Consejo de Ministros a un gobierno extranjero sin consultar al Tribunal Constitucional».
Los populares aclaran que no se oponen a toda la cooperación con Francia, sino al modelo de intercambio de ministros impulsado por el Ejecutivo.
Argumentan que Sánchez pretende introducir en España la tradición franco-alemana de presencia cruzada en los Consejos de Ministros sin adaptar el sistema a la Constitución española, la cual reserva ese órgano a miembros del Gobierno y únicamente permite la asistencia del Rey como figura externa.
Largo recorrido
El enfrentamiento tiene un largo trayecto parlamentario y jurídico, que comenzó en 2024 cuando el Gobierno incluyó una enmienda en la tramitación de la Ley Orgánica de Paridad para permitir la participación de ministros extranjeros, pese a un dictamen contrario del Consejo de Estado sobre esa disposición del tratado con Francia.
Se modificó el artículo 5.2 de la Ley del Gobierno para autorizar la asistencia de «otros altos cargos» y añadir la frase «sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales válidamente celebrados por España».
En 2025, el Tratado fue llevado por primera vez al Congreso y fue derrotado en el Pleno, con abstenciones de Junts y Podemos y votos en contra de PP y Vox.
Esa votación impidió la ratificación y obligó al Gobierno a informar a Francia que España no participaría, lo que dejó una imagen de debilidad política de Sánchez ante su principal socio europeo.
Tras ese revés, el Ejecutivo decidió no modificar ni un punto del texto del Tratado y buscar una solución interpretativa al conflicto.
En la primavera de 2026, Exteriores acordó con París un canje de notas donde se establece que el ministro invitado participará «en los márgenes del Consejo de Ministros, en una reunión aparte»… una fórmula presentada como «un Erasmus de ministros» más simbólico que funcional.
El Congreso aprobó, hace un mes, dicho texto, con abstención de los socios nacionalistas y oposición del PP. Sin embargo, el Senado decidió este jueves ejercer la facultad que el artículo 95 de la Constitución contempla para solicitar al TC su opinión antes de autorizar tratados internacionales.
Los argumentos
En su documento, el Grupo Popular argumenta que la cláusula del intercambio de ministros podría vulnerar los artículos 13.2, 23.2 y 98.1 de la Constitución, en relación con el 62 g), dado que la participación en órganos de gobierno está reservada a españoles y no contempla la asistencia de extranjeros en el Consejo de Ministros, ni siquiera como invitados.
Se enfatiza que una simple reforma legal no puede cambiar la «naturaleza del Gobierno como órgano constitucional nacional» y que, para admitir a miembros de terceros Estados, sería imprescindible una reforma constitucional.
La nota de la Secretaría General del Senado, incluida en el expediente, también indica que la cláusula interpretativa no forma parte «stricto sensu» del Tratado y podría modificarse en el futuro sin control del Parlamento.
Además, se señala que la referencia a «los márgenes del Consejo de Ministros» y a una «reunión por separado» es demasiado ambigua para despejar las dudas sobre la presencia real de ministros extranjeros en el órgano colegiado del Ejecutivo.
Con este respaldo jurídico y político, el PP resume su postura con una frase: «Es necesario proteger la institucionalidad y no adoptar un modelo que no es el propio«.
Los populares critican a Sánchez por intentar «quedar bien» ante Macron al replicar la relación especial que Francia mantiene con Alemania, pero recuerdan que «los constituyentes españoles no planearon para España» un sistema de Gobierno compartido con otro Estado.