Las claves
Leire Díez y Juanma Serrano celebraron en 2024 sus maniobras destinadas a proteger a Pedro Sánchez, a quien se refirieron como «el jefe».
El juez Santiago Pedraz está investigando a Díez por su intento de sabotear procesos judiciales vinculados al Gobierno, PSOE y al círculo cercano de Sánchez.
Los audios proporcionados por Díez al PSOE, relacionados con el suegro de Sánchez, impulsaron una táctica para presentarse como víctimas de una conspiración policial.
La UCO señala a Serrano y Fernández en la facilitación del puesto de Díez en Correos y en el desvío de fondos públicos a través de contratos fraudulentos.
Leire Díez y Juanma Serrano se felicitaron en 2024 por las estrategias empleadas para defender al «jefe».
Ese «jefe» no era otro que Pedro Sánchez, quien contó con Serrano como jefe de gabinete entre 2014 y 2018.
El mismísimo Sánchez, presidente del Gobierno y líder del PSOE, para quien Díez actuó como intermediaria.
Actualmente, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz indaga en las maniobras de esta mujer para boicotear causas judiciales que preocupaban al Gobierno, al PSOE y al entorno personal y político del mandatario.
De hecho, Leire Díez y Juanma Serrano colaboraron estrechamente en dicha estrategia.
Tanto es así que Díez envió un mensaje a Serrano indicando: «El jefe nos va a poner en un altar».
Este mensaje fue enviado el 29 de abril de 2024, el mismo día en que Sánchez, tras sus «cinco días de reflexión», confirmó que permanecería en el Palacio de la Moncloa. Serrano y Díez se congratularon por haberlo conseguido.
Pocos días antes, Díez acudió a la sede central del PSOE, situada en la calle Ferraz de Madrid.
Allí entregó unos audios datados en 2014, que captan una conversación entre el excomisario José Manuel Villarejo y el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, del PP.
En esas grabaciones se oye a ambos intercambiar opiniones sobre los negocios de Sabiniano Gómez, suegro de Pedro Sánchez, quien gestionó saunas donde se ejercía la prostitución.
Con esos audios en su poder, el PSOE y el Gobierno diseñaron una estrategia para presentarse como víctimas de un sabotaje parapolicial, atribuido a las cloacas de la llamada Policía política.
Además, cuando la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, comenzó a ser investigada judicialmente, el presidente optó por esos cinco días de reflexión.
Al regresar, el jefe del Ejecutivo decidió continuar en su función y lo anunció tanto en un discurso como en una entrevista televisiva pública.
Simultáneamente, Serrano y Díez intercambiaron mensajes. «Fíjate cómo el jefe menciona los audios», le alertó el expresidente de Correos.
¿Cuáles fueron exactamente las palabras de Sánchez en TVE respecto a esas grabaciones? «Mi pareja [Begoña Gómez] ha sufrido acoso desde que fui nombrado. La llamada Policía patriótica persiguió a mi entorno familiar desde 2014».
Como respuesta, Díez indicó que Sánchez los pondría en un altar por sus esfuerzos para protegerle.
«Eliminar a la gente mala»
En una conversación posterior por WhatsApp, en mayo de 2024, Leire Díez relató a otro de los investigados, Vicente Fernández, quien fue presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) hasta 2019, las maniobras coordinadas junto a Serrano.
«A estas alturas», comentó en referencia a la permanencia de Sánchez en el poder, «solo nos queda eliminar a la gente mala».
«Cuando digo eliminar, me refiero a eliminar políticamente, por supuesto», aclaró.
«De eso nos estamos encargando Juanma y yo», informó Díez a Fernández.
Todos estos mensajes de WhatsApp se incluyen en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre el caso Leire, el cual ya fue remitido al juez Pedraz.
La UCO vincula a Serrano, que presidió Correos entre 2018 y 2023, con gran parte de las actividades de la red.
No solo en el boicot de ciertos procesos judiciales, sino que los agentes revelan que conspiró con Fernández para lograr la colocación de Leire Díez en la empresa pública postal.
De hecho, bajo su liderazgo, Díez habría empleado la estructura de la compañía estatal para desviar recursos públicos y manipular contratos.
Todo ello a cambio de cuantiosas comisiones que habría recibido el expresidente de la SEPI, a quien la UCO sitúa, junto con Leire Díez, en la cúpula de esta presunta organización criminal.