Las claves
El Gobierno de Sánchez abonó al PNV 1,6 millones de euros más de lo previsto por bienes en Francia cuya titularidad no fue demostrada.
La compensación incluía el Hotel du Mont Renaud en Noyon y el Hotel de Dieu en Compans, dos propiedades inexistentes y cuya propiedad a favor del PNV no quedó acreditada.
El expediente administrativo carecía de todos los informes técnicos necesarios para justificar el monto pagado, y tampoco probó documentalmente que los bienes pertenecieran al PNV.
La operación se efectuó mediante un Real Decreto-ley en 2024, en el marco de la Ley de Memoria Democrática, como parte de un acuerdo político entre PSOE y PNV.
La Ley de Memoria Democrática ha sido el foco del debate político estos días debido a la conocida como ley de nietos, que ha incrementado significativamente las solicitudes de nacionalidad española desde el exterior.
No obstante, esta misma normativa ha servido también para una operación mucho menos divulgada.
Se trata de una compensación millonaria del Gobierno al PNV por varios inmuebles históricos en Francia cuya titularidad no se ha acreditado que pertenecieran a los nacionalistas.
Según publicó EL ESPAÑOL, el Ejecutivo de Pedro Sánchez abonó al PNV 3.788.004 euros por inmuebles desaparecidos en territorio francés.
Un informe de la Fundación Impulso y Cooperación y la asociación Impulso Ciudadano, al que este medio ha tenido acceso, revela que inicialmente la Administración calculó una compensación de 2.151.395 euros, pero el Ejecutivo decidió pagar a los nacionalistas 1.636.609 euros más. Un 76% por encima de lo estimado.
La indemnización corresponde al Hotel du Mont Renaud, ubicado en Noyon, y al Hotel de Dieu, en Compans.
Estos son dos inmuebles vinculados al exilio vasco de la Guerra Civil, aunque ya no existen, y cuya titularidad para el PNV no fue demostrada durante el trámite administrativo.
Esta acción formó parte del paquete mediante el cual el Gobierno cedió al PNV el palacete de la Avenue Marceau de París, que albergaba la sede del Instituto Cervantes hasta hace pocos años.
Según dicho informe, elaborado con documentación obtenida del Portal de Transparencia, los servicios patrimoniales del Estado valoraron esos inmuebles en 1.407.926 euros para la propiedad de Noyon y 743.469 euros para la de Compans.
No obstante, la suma pagada el 21 de enero de 2025 fue considerablemente superior a las cifras fijadas inicialmente por esos mismos servicios gubernamentales.
El estudio de la Fundación Impulso y Cooperación junto con la asociación Impulso Ciudadano indica, además, que en la documentación proporcionada «no figuran todos los informes técnicos mencionados para justificar la cifra».
«La documentación administrativa recabada y las investigaciones archivísticas efectuadas hasta el momento coinciden plenamente, apuntando al mismo resultado», detalla Pedro Chacón, profesor universitario e investigador de la Universidad del País Vasco.
«El PNV nunca tuvo la propiedad de estos inmuebles y falseó la información para obtenerlos con la ayuda del Gobierno de España», concluye.
La ley de restitución de bienes
El origen del asunto se remonta a mucho antes. En 1998, bajo el Gobierno de José María Aznar, se aprobó la ley de restitución de bienes incautados durante la Guerra Civil. En ese momento, el PNV reclamó el palacete de París y las propiedades de Noyon y Compans.
La Administración rechazó esta petición al considerar insuficiente la acreditación de que esos bienes pertenecieran al partido.
El Tribunal Supremo confirmó ese rechazo en 2003, señalando también que la reclamación por los inmuebles de Noyon y Compans se había presentado fuera de término. Por consiguiente, la demanda del PNV permaneció bloqueada durante años.
La llegada de Sánchez al Ejecutivo modificó el escenario. En 2018, el PSOE acordó con el PNV buscar una fórmula para la restitución o compensación de esos bienes.
Este compromiso se dio en el contexto de la moción de censura contra Mariano Rajoy, que permitió a Sánchez acceder al poder con el respaldo de los nacionalistas vascos.
Para desbloquear la reclamación, el Gobierno introdujo modificaciones en la Ley de Memoria Democrática.
A pesar de ello, según la documentación disponible, las dificultades fundamentales no desaparecieron. El expediente administrativo no logró acreditar plenamente que el PNV fuera titular de los inmuebles solicitados.
Incluso, el Consejo de Ministros reconoció el 14 de mayo de 2024 que era «materialmente imposible» confirmar que se cumplían todos los requisitos necesarios para resolver favorablemente al PNV.
Pese a ello, el Gobierno resolvió la cuestión mediante Real Decreto-ley. En diciembre de 2024, incluyó tanto la cesión del palacete parisino como la compensación por los inmuebles desaparecidos en un decreto de carácter general.
El informe elaborado por Impulso Ciudadano afirma que el documento clave fue preparado por el entonces secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, el 7 de septiembre de 2024.
Este documento argumentaba una estrecha relación entre el PNV y quienes financiaron la adquisición del palacete de París, pero, según las organizaciones, no demostraba documentalmente la titularidad y se concentraba solo en el inmueble de Avenue Marceau, no en los de Noyon y Compans por los que se pagaron los 3,8 millones.
Asimismo, consta que el PNV presentó una valoración privada significativamente superior a la cifra oficial manejada por el Estado.
En contraste con los 2,1 millones estimados por los servicios patrimoniales, el partido explicó tasaciones de 3.238.000 euros por Noyon y 7.164.000 por Compans, según los documentos a los que ha accedido EL ESPAÑOL. Finalmente, el Gobierno no alcanzó esas cifras, pero abonó un monto muy superior al calculado inicialmente.
La información a la que ha tenido acceso este periódico fue obtenida tras más de un año de reclamaciones administrativas y judiciales. Impulso Ciudadano apeló al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y posteriormente a la Audiencia Nacional para acceder al expediente.
Los ministerios responsables negaron inicialmente la entrega de la documentación y el PNV se opuso expresamente a su divulgación.
«Este informe no presenta acusaciones, expone documentos», afirma José Domingo, presidente de la Fundación Impulso y Cooperación.
Según su opinión, los documentos evidencian que el procedimiento administrativo concluyó sin aportar pruebas que acreditaran la titularidad reclamada por el PNV y que, pese a ello, el Gobierno otorgó los bienes mediante decreto. «Se pagó un precio político al PNV a costa de las arcas públicas», sostiene.
Por su parte, Rafael Arenas, presidente de Impulso Ciudadano, subraya que este caso resalta la importancia del control institucional. «Sin las reclamaciones de Impulso Ciudadano y las decisiones del Consejo de Transparencia, estos expedientes seguirían siendo ignorados», asegura.