Las claves
Dos periódicos próximos al Gobierno, El País y La Vanguardia, publican el mismo día sondeos sobre la percepción de la politización de la Justicia en España.
El 65,4% de los consultados por 40dB para El País y SER estima que existe lawfare en España, y solo un 32% confía en la imparcialidad judicial en temas políticos.
El informe de Ipsos para La Vanguardia revela que casi un 60% considera que hay jueces implicados en política y el 43% opina que la mayoría no actúa con imparcialidad.
Ambas encuestas incorporan preguntas con cierto sesgo, sugiriendo en su redacción la presencia de lawfare y la influencia política sobre los magistrados.
En medio del desplome gubernamental en las encuestas y con los tribunales rodeando a su entorno, dos medios afines al Ejecutivo —El País y La Vanguardia— difunden este lunes sendas investigaciones que indican de manera similar que en España existe lawfare y la Justicia está politizada.
Ambos sondeos se realizaron durante la segunda quincena de junio y fueron publicados el mismo lunes.
El estudio de 40dB para El País y la Cadena SER, basado en 2.000 entrevistas, concluye que el 65,4% responde afirmativamente a la pregunta «¿existe el lawfare en España?».
Solo un 32% está de acuerdo con que «las resoluciones judiciales sobre asuntos políticos suelen ser justas e imparciales».
El análisis también señala que el 76% está «muy o bastante de acuerdo» con la afirmación de que «los partidos políticos tratan de influir en las decisiones de los jueces», mientras que un 63% opina que «algunos jueces deciden motivados por sus propias ideas políticas».
Asimismo, una de cada tres personas considera que los jueces tienden a favorecer posturas de derecha.
La encuesta de Ipsos para La Vanguardia, con 1.306 entrevistas, reafirma este mensaje: casi un 60% está convencido de que «hay jueces que están haciendo política», y el 43% sostiene que «la mayoría de los jueces en España» no actúa «con imparcialidad».
Analizando por afinidad política, la percepción de «guerra judicial» alcanza el 78% entre votantes socialistas y disminuye al 58,9% entre seguidores del PP.
Preguntas con sesgo
Más allá de los resultados, en ambos cuestionarios la conclusión se encuentra implícita en la propia pregunta antes de que el entrevistado responda. Es decir, se trata de preguntas inductivas o con sesgo.
Esto se refleja en preguntas como «¿existe el lawfare en España?», «hay jueces que hacen política», «los partidos políticos intentan influir en las decisiones de los jueces» o «algunos jueces toman decisiones guiados por sus ideas políticas».
El ejemplo más claro es la cuestión sobre el lawfare. El cuestionario ofrece cinco posibles respuestas: tres presuponen su existencia —contra el Gobierno y la izquierda, contra la oposición y la derecha o por igual—, una niega su existencia y otra permite responder «no lo sé».
Es decir, la pregunta no evalúa si los españoles creen en la existencia del lawfare, sino contra quién se posiciona dicha práctica. Se da por hecho que existe y solo se requiere elegir a qué bando afecta.
Otros casos: El País indaga sobre el acuerdo con que la Justicia es «demasiado lenta»: el adverbio ya condiciona la respuesta. El 82% está «muy o bastante de acuerdo».
También se pregunta si el Poder Judicial «vigila y sanciona a los jueces que hacen mal su trabajo», presumiendo que existen tales jueces. El 58% indica que el Poder Judicial los controla pero los penaliza «poco» o «nada».
Se pide también valorar afirmaciones como que «los partidos políticos intentan influir en las decisiones de los jueces», con la que el 76% está conforme.
Otra cuestión señala que «algunos jueces toman decisiones guiados por sus propias ideas políticas». Un 63% comparte esa opinión.
Además, se pregunta si «la judicatura no se deja influir por los grandes poderes económicos». En este caso, el 61% no está de acuerdo y considera que esa influencia sí existe.
Las dos encuestas se publican en un momento complicado para el Gobierno.
De hecho, el último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL reduce a PSOE, Sumar y Podemos a 113 diputados y al 34,5% del voto, su peor resultado conjunto en democracia, mientras la suma de PP y Vox alcanzaría mayoría absoluta.