Desde La Moncloa transmiten «máxima calma» y aseguran que la directora de la Guardia Civil «proporcionará las explicaciones necesarias». González mantiene una relación muy cercana con Sánchez
Pedro Sánchez se muestra firme en no ceder más posiciones por el momento. Persistir, a pesar de que las investigaciones judiciales que rodean al Gobierno y al PSOE incrementan la presión. El enfoque que se aplicó con José Luis Ábalos o Santos Cerdán ha variado ahora. Los indicios o sospechas, e incluso las imputaciones claras, dejaron hace tiempo de ser un límite infranqueable. El presidente del Gobierno insiste en continuar. Esto ha ocurrido con la presidenta de la Sepi, Belén Gualda, y se repite con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. A pesar de su imputación, el Ejecutivo «confía en ella» y, por ahora, no considera la renuncia de la máxima responsable de la Benemérita.
Una postura similar a la adoptada con el ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, apoyando su permanencia en el puesto hasta que finalmente fue condenado por un delito de revelación de secretos en la filtración sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. El Ejecutivo continúa defendiendo su inocencia.
Pese a la imputación y las versiones contradictorias o rectificaciones acerca de las reuniones de González con Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantiene su respaldo a la directora general de la Guardia Civil y al director adjunto operativo, teniente general Manuel Llamas. Desde el Gobierno explican que ambos «continuarán desempeñando sus funciones como hasta ahora y colaborarán plenamente con la justicia en todo lo que se les requiera».
«Por ahora, en el Gobierno mantienen confianza en Mercedes González», afirmó la ministra de Ciencia, Diana Morant, en una entrevista en La Sexta. «Es necesario respetar los tiempos de la justicia y las decisiones políticas».
González es una figura muy cercana a Sánchez. Se conocen desde hace años, desde los comienzos de la carrera política del actual presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, siendo una defensora destacada, lo que se podría definir como una sanchista de primera hora. Con influencia y peso dentro del PSOE de Madrid, Sánchez la ha ubicado en cargos políticos importantes como delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid y directora general de la Guardia Civil. De hecho, en el Ejecutivo su nombramiento se atribuye a Sánchez y no a Marlaska.
El propio presidente ha defendido a González cuando ya había críticas por sus encuentros con Díez, que tanto ella como Marlaska negaron hasta que la evidencia les obligó a admitirlos. «Desde el Gobierno y el Ministerio del Interior se ha expresado confianza en la profesionalidad y honestidad de Mercedes González, directora general de la Guardia Civil», declaró el 5 de junio pasado.
«Solo puedo transmitir ese respaldo y apoyo a la actual directora general de la Guardia Civil que, por cierto, realiza un trabajo muy positivo en esta institución tan relevante y respetando, como debe ser, la autonomía de la Guardia Civil», afirmó, defensa que sigue vigente dentro del Ejecutivo.
González compareció en el Senado el 16 de junio y, a pesar de las contradicciones y de redefinir sus encuentros con Díez como «cafés», su intervención satisfizo al Gobierno. «Demuestra que no hay nada que esconder», señalaron desde el Ejecutivo. Un mensaje que mantienen hasta ahora: «máxima tranquilidad». «Dará las explicaciones pertinentes ante la Justicia, como ya hizo en su comparecencia en el Senado. No hay nada que ocultar. Total normalidad y transparencia».
En el Ejecutivo intentan centrar la atención no tanto en la relación entre González y Díez, sino en que, según ellos, lo que transmitió la fontanera del PSOE no tuvo ninguna repercusión. Sin embargo, la directora de la Guardia Civil dejó algunos interrogantes sin resolver. Uno de ellos es cuál fue el contenido de los mensajes intercambiados con Díez. Otro, por qué mantuvo contacto después de ser informada de una nota interna del servicio de Información de la Guardia Civil que desvelaba maniobras destinadas a dañar la reputación de la UCO.