La economía española se mantiene alejada del escenario más adverso, aunque la ralentización del crecimiento podría enfrentar a una inflación alta si persisten las tensiones internacionales en los precios de la energía
La persistencia de presiones inflacionistas junto con el empeoramiento del contexto internacional ha introducido la estanflación en el análisis sobre las perspectivas económicas. En efecto, el último Barómetro Económico del Consejo General de Economistas (CGE) indica que casi dos tercios de los economistas califican como alta o muy alta la probabilidad de que España se enfrente a este escenario en 2026. Aunque los principales indicadores continúan reflejando una economía cuyo crecimiento supera la media de la eurozona y un mercado laboral resistente, la ocurrencia de este fenómeno representa uno de los retos más importantes para la política económica.
El concepto de estanflación tiene su origen. Apareció en el Parlamento británico a mediados de los años 60, pero fue durante los 70 cuando los economistas lo adoptaron de forma generalizada, desconcertados ante una situación no contemplada en sus modelos: la inflación aumentaba simultáneamente al desplome del empleo. Su definición es clara —alta inflación con crecimiento bajo o negativo—, pero el desafío que plantea es uno de los más complejos para la política económica.
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Las herramientas que se tienen, como el incremento o reducción de los tipos de interés, permiten combatir la inflación o estimular la actividad económica, pero no lograr ambas cosas a la vez. Subir los tipos disminuye los precios, pero frena también la inversión y el consumo. Bajarlos reactiva la economía, aunque puede empujar aún más los precios al alza. Este dilema se complica cuando la inflación proviene de la oferta, como sucede con el aumento del coste energético tras la guerra en Irán, y no de un exceso de demanda, dado que en este último caso la política monetaria tiene un impacto limitado.
La situación inicial en España
Aunque la posibilidad de avanzar hacia un entorno de este tipo genera preocupación entre economistas, varios indicadores señalan que España todavía se encuentra alejada de un episodio de estanflación. El PIB creció un 2,7% interanual en el primer trimestre de 2026, en mayo el mercado laboral alcanzó un récord de 22,34 millones de afiliados a la Seguridad Social y la economía crece a un ritmo tres veces mayor que la media de la eurozona. La inflación, además, sigue siendo moderada en comparación con los niveles registrados hace pocos años.
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En un contexto de incertidumbre, el Gobierno actualiza su cuadro macroeconómico. Carlos Cuerpo señala que la evolución de los precios hace necesario un ajuste automático al alza de la inflación, elevando el deflactor del PIB del 2,1% al 3,1%.
No obstante, existen señales que requieren atención. La inflación subyacente supera el objetivo marcado por el BCE. Los salarios reales experimentan una pérdida continuada de poder adquisitivo. A pesar de los buenos datos de afiliación, la contratación mantiene una estructura débil. Los precios de la vivienda, que aumentaron un 5,7% en términos anuales en 2025, presionan sobre la inflación interna. Asimismo, el déficit y la deuda pública limitan la capacidad fiscal. “Si estos factores se mantienen de manera simultánea, el riesgo de desembocar en un escenario de estanflación aumenta”, advierte Francisco Cortés, profesor titular de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).
Características específicas del caso español
En comparación con el resto de la eurozona, Cortés explica que España presenta vulnerabilidades propias. El mercado laboral mantiene una dualidad que agrava la pérdida de empleos durante las crisis. El tejido empresarial está dominado por pequeñas y medianas empresas con escasa capacidad para soportar aumentos en los costos. La dependencia energética de fuentes importadas y la relevancia del turismo exponen a la economía a choques externos de manera más intensa que otras economías europeas. Además, el margen fiscal es más reducido en comparación con países con menor deuda.
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Al mismo tiempo, España cuenta con ventajas frente a sus socios. Javier Ferri, investigador de Fedea y profesor en la Universidad de Valencia, destaca que el flujo continuo de inmigrantes en edad laboral ha ampliado la oferta de trabajo, lo que modera las presiones salariales sin frenar el crecimiento. El consumo privado, junto con el gasto público, ha impulsado la demanda dentro de un escenario europeo más débil. España exhibe tasas de inflación y de crecimiento superiores a la media de la zona euro, pero esta combinación, por ahora, no da lugar a un escenario de estanflación.
El Índice de Precios de Consumo (IPC) se mantuvo en mayo con una tasa interanual del 3,2% y acumula tres meses consecutivos por encima del 3% en pleno impacto energético provocado por la guerra en Irán, de acuerdo con datos preliminares ofrecidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). (Fuente: ebs y europa press)
Si el escenario de estanflación llegase a concretarse, la consecuencia inmediata para los hogares sería la reducción del poder de compra: la cesta de la compra aumenta de precio mientras los ingresos reales permanecen estancados. A ello se sumaría el riesgo de pobreza energética y la mayor vulnerabilidad de las familias endeudadas con tipos variables, en un momento en que el BCE ha retomado las subidas en política monetaria. Las empresas de sectores con alta intensidad energética y baja capacidad para fijar precios verían reducir sus márgenes. El paro aumentaría con especial fuerza en empleos precarios, lo que podría implicar una recuperación posterior sin generación de empleo estable.
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Herramientas disponibles y sus limitaciones
El BCE cuenta con los tipos de interés como principal mecanismo. Ya los elevó en junio por primera vez desde 2023, y los mercados prevén otra subida en septiembre u octubre, aunque los propios responsables del banco reconocen que no hay urgencia tras la caída de la inflación en junio.
El Gobierno español dispone de diversas herramientas, como transferencias, reducciones fiscales, subsidios energéticos y reformas, aunque estas últimas requieren tiempo para generar efectos. Cortés advierte que las medidas permanentes pueden incrementar la inflación en lugar de frenarla, y que las respuestas deben ser coordinadas y específicas, combinando políticas monetarias y fiscales. El riesgo, según Ferri, es que los gobiernos ceden a la presión social y aumenten el gasto sin condiciones, neutralizando la política monetaria y comprometiendo el crecimiento a futuro. La combinación óptima, a su juicio, implica subidas de tipos del BCE acompañadas de políticas orientadas a la oferta, como liberalización de mercados, reducción de barreras regulatorias e incentivos a la inversión productiva.
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