Las claves
La revisión fiscal a José Luis Rodríguez Zapatero cubre el periodo de 2021 a 2024 y evita que se extingan posibles sanciones tributarias.
Zapatero está bajo investigación por presuntos delitos de fraude fiscal y contrabando tras el hallazgo de 103 joyas valoradas en 1,3 millones de euros en su despacho.
Hacienda también examina a la esposa e hijas del expresidente en relación con IRPF, IVA, Impuesto sobre el Patrimonio y Grandes Fortunas.
El sindicato Gestha valora positivamente que la Agencia Tributaria haya iniciado la inspección a tiempo, impidiendo la prescripción de eventuales sanciones administrativas.
La inspección fiscal sobre el patrimonio de José Luis Rodríguez Zapatero previene que, independientemente del desarrollo del procedimiento penal en marcha contra el expresidente, se extinga la opción de que Hacienda le pueda imponer sanciones administrativas.
Zapatero está siendo investigado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama por cuatro posibles delitos, entre ellos, el de fraude fiscal.
El 19 de mayo, el magistrado ordenó a la Policía Nacional registrar el despacho del exlíder político, situado en la madrileña calle de Ferraz, muy cerca de la sede central del PSOE.
En ese lugar, dentro de una caja fuerte, los agentes hallaron 103 joyas de diversos valores, totalizando una tasación de 1,3 millones de euros.
Calama imputó entonces a Zapatero un presunto delito fiscal y otro relacionado con contrabando.
Hasta hoy, el expresidente no ha presentado documentación que justifique el origen y la procedencia de los anillos, collares y pendientes repletos de piedras preciosas.
Según informó EL ESPAÑOL, Hacienda inició una inspección fiscal contra Rodríguez Zapatero —además, contra su esposa y sus dos hijas— un mes después del registro de su despacho.
Se revisan sus declaraciones de IRPF, IVA, Impuesto sobre el Patrimonio e Impuesto a las Grandes Fortunas correspondientes al período 2021-2024.
Recientemente, la Agencia Tributaria informó de este hecho al juez Calama, en atención a la prejudicialidad penal.
Dicho principio jurídico obliga a paralizar un proceso no penal (como una inspección tributaria) cuando los hechos están siendo investigados judicialmente como posible delito.
Esto es precisamente lo que ocurre en este caso, por lo que, si Calama lo ordena, Hacienda debería suspender y congelar sus procedimientos de inspección.
Con todo, la apertura de estas inspecciones, decidida por la Agencia Tributaria a mediados de junio, impide que prescriban las éventuales sanciones tributarias que, independientemente del proceso penal, pudieran imponerse al expresidente del Gobierno.
Por ejemplo, en el caso de que Calama archivara el delito al descartar relevancia penal, Hacienda podría continuar con la investigación desde el ámbito tributario sobre el patrimonio de Zapatero.
Lo mismo sucedería si la Audiencia Nacional determina que la defraudación no supera los 120.000 euros, umbral requerido para que exista delito fiscal; en ese caso, Hacienda retomaría la inspección tributaria, y ésta podría derivar en una sanción administrativa contra Zapatero.
En síntesis: si la investigación judicial concluyera —incluso años después— que la suma no alcanza esa cifra o si el caso penal queda archivado, la Agencia Tributaria mantiene el derecho a exigir la devolución del importe.
Asimismo, puede imponer una multa administrativa al expresidente, gracias a que la inspección fue iniciada oportunamente.
Este viernes, al trascender esta actuación de la Agencia Tributaria, Gestha publicó un comunicado en el que celebra esta decisión.
El sindicato de técnicos de Hacienda remarca también que la apertura de la inspección fiscal interrumpe la prescripción en el ámbito administrativo, independientemente de lo que ocurra en la esfera penal.
«Así, la AEAT [Agencia Tributaria] garantiza la interrupción de la prescripción para liquidar impuestos pendientes desde 2021 (…), sin que sea imprescindible continuar con las inspecciones, las cuales se centrarán en los hechos que se confirmen en la sentencia penal», declaró Gestha.
El sindicato valoró positivamente la apertura de inspecciones fiscales por parte de Hacienda «para interrumpir la prescripción tributaria y reclamar tributos, aunque la sentencia definitiva pueda tardar años en dictarse».