Además de a Diego Villafañe, el magistrado de la Audiencia Nacional convoca a declarar a la otra fiscal que asistió a las reuniones, Beatriz López Pesquera
El juez de la Audiencia Nacional encargado de la investigación sobre las maniobras de la fontanera Leire Díez ha citado a declarar como testigo al fiscal del Supremo Diego Villafañe, quien se reunió con ella en dos ocasiones cuando ejercía como mano derecha del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Por el mismo motivo, Santiago Pedraz ha convocado también a la fiscal que le acompañó en uno de los encuentros, Beatriz López Pesquera.
Estos encuentros tuvieron lugar en la sede de la Fiscalía General del Estado durante el tiempo en que Villafañe era teniente fiscal de la Secretaría Técnica, en la que también estaba integrada López Pesquera. En marzo y abril de 2025, el abogado Jacobo Teijelo y Leire Díez, ambos actualmente investigados por su participación en operaciones para frenar las investigaciones que perjudicaban al Gobierno y al PSOE, se desplazaron al palacio de Fortuny para reunirse.
La citación para el 15 de julio se realiza a solicitud de las acusaciones populares, que también pedían interrogar al propio García Ortiz, a la entonces fiscal jefe de la Secretaría Técnica y al jefe de seguridad de Fortuny. Aunque Pedraz no ha aprobado estas solicitudes en este momento, deja abierta la posibilidad: «Una vez se conozca el resultado de las testificales anteriores, se decidirá si son necesarias».
La investigación sobre la fontanera ha revelado que una de las estrategias para desacreditar a los responsables de esas investigaciones —como miembros de la UCO, fiscales y jueces— era la presentación recurrente de denuncias. En las visitas a la Fiscalía General se pretendía impulsar algunas de estas denuncias.
En la causa consta un mensaje interceptado en el que Leire Díez le comunica al abogado Jacobo Teijelo que recibiría una llamada de la Fiscalía General: «Te llamarán de la FGE. Iré contigo». La fontanera informó a su amigo cercano, el ex presidente de la Sepi, Vicente Fernández, también imputado en la Audiencia Nacional, sobre esa reunión: «Jacobo [Teijelo] dice que debería asistir a todas las reuniones de Fiscalía porque complementa bien la parte jurídica. Si ahora llevan a cabo rápido lo que han dicho, las cosas se acelerarán».
Los indicios sobre las reuniones en la sede de Fortuny llevaron al juez Pedraz, a petición de Anticorrupción, a solicitar explicaciones sobre lo ocurrido a la Fiscalía General, presidida por Teresa Peramato tras la condena a García Ortiz por filtrar información reservada sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
«En fecha 6 de marzo de 2025, los entonces teniente fiscal y fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe Díez y Beatriz López Pesquera, mantuvieron una reunión con el abogado Jacobo Teijelo, en la que este informó sobre la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que, en opinión del letrado informante, podrían tener relevancia penal. En fecha no determinada entre finales de marzo o principios de abril de 2025, el entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica sostuvo un segundo encuentro con el letrado, quien expresó su intención de presentar varias denuncias en Fiscalía relacionadas con dichos hechos», detalló el departamento dirigido por Peramato.
Se indicó que Teijelo había presentado a Leire Díez «como una compañera de despacho» que tuvo una «intervención menor», y que luego sería identificada a través de los medios como Leire Díaz Castro. En su reciente declaración como investigado ante Pedraz, Teijelo negó haberla presentado como colega. Para cuando se llevaron a cabo las reuniones, El Confidencial ya había publicado las maniobras de Leire Díez y difundido su identidad y fotografía.
La Fiscalía añadió que García Ortiz «fue informado tras ambas reuniones», que ninguno de los fiscales «recibió ninguna instrucción» del entonces fiscal general y que «ninguna acción fue emprendida posteriormente por la Fiscalía» en relación con estos encuentros.
Tras las primeras respuestas de la Fiscalía General al juez Pedraz, la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera fiscal, expresó su «profunda indignación» por lo «insuficiente» de la información proporcionada. El comunicado reclamaba que la Fiscalía General del Estado debe brindar una respuesta completa sobre cómo se produjo esta actuación, quién la autorizó, qué decisiones se adoptaron y por qué se apartaron de los procedimientos habituales que regulan el funcionamiento institucional.
No quedó constancia documental alguna de las reuniones en Fortuny, según la Fiscalía General, porque no existen registros de las visitas a la sede. Tampoco Anticorrupción fue informada en ningún momento sobre los encuentros con los dos investigados. El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, era uno de los objetivos principales de la trama investigada.
Los dos citados por el titular de la Plaza 5 de la Audiencia Nacional ocupan actualmente los nuevos puestos asignados por la fiscal general en febrero. Villafañe —quien llegó a estar imputado en la causa contra García Ortiz— consiguió el cargo solicitado en la Fiscalía del Supremo, mientras que López Pesquera fue destinada a la Audiencia Nacional.