El Primer Ministro Pedro Sánchez ha destacado las ventajas de la inmigración y del amplio programa de regularización para sectores como la construcción, que requieren fortalecer su fuerza laboral.
Casi 1.2 millones de migrantes en situación irregular han solicitado la legalización de su estatus en España a través de un plan que ha resistido una creciente ofensiva europea contra la inmigración irregular, según los datos finales publicados el jueves.
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El gobierno del socialista Pedro Sánchez, defensor de políticas migratorias más abiertas, puso en marcha este ambicioso plan en abril, en un contexto donde los países vecinos europeos endurecen sus medidas ante la presión de partidos de extrema derecha en ascenso.
Entre mediados de abril y el 30 de junio, fecha en que concluyó el plazo, se presentaron un total de 1.174.978 solicitudes, con más de 600,000 ya en proceso de tramitación, indicó la Secretaria de Estado de Migración, Pilar Cancela, durante una rueda de prensa en Madrid.
Las solicitudes procedentes de América Latina representaron el 67%, destacando Colombia con un 25.9% del total. Le siguen las nacionalidades africanas con un 22.9%.
Tras Colombia, los países más representados fueron Marruecos con un 13.3%, Venezuela con un 11.8% y Perú con un 8.8%.
La mayoría aplastante de quienes aplican son jóvenes: ocho de cada diez tienen menos de 45 años, siendo el 57% hombres y el 43% mujeres.
La cantidad de solicitudes no refleja con exactitud cuántas personas regularizarán su situación, pues las previsiones iniciales estiman una legalización de 500,000 migrantes.
Para optar a la regularización, los candidatos deben demostrar la ausencia de antecedentes penales y haber residido al menos cinco meses consecutivos en España antes del 1 de enero.
Las autoridades disponen de un plazo de tres meses para analizar las solicitudes y decidir si conceden permisos de trabajo y residencia, válidos exclusivamente en España.
Sánchez ha resaltado los beneficios que aporta la inmigración y este amplio programa de regularización para sectores como la construcción, que requieren aumentar su fuerza laboral.
Mientras líderes empresariales españoles han respaldado esta iniciativa, la oposición conservadora y de extrema derecha la critica, argumentando que podría incentivar una mayor inmigración irregular.
Fuentes adicionales • AFP