La directora de Desarrollo Corporativo de Isdefe renuncia a su cargo «por respeto» a la empresa pública y para evitar dañarla durante el proceso judicial.
No todos los altos cargos públicos señalados en la trama del PSOE se aferran a sus puestos. La directora de Desarrollo Corporativo de la empresa pública de defensa Isdefe, Teresa Castillo, optó por dimitir y poner su cargo a disposición para no afectar negativamente a su institución mientras tiene lugar el proceso judicial. Así lo confirman fuentes oficiales de Isdefe a EL MUNDO, que señalan que Castillo «ha decidido voluntariamente poner su puesto a disposición. Lo hace por respeto a la empresa y para proteger a Isdefe de las consecuencias judiciales relacionadas con su etapa anterior en Mercasa, en la que defiende su inocencia».
Esta decisión de evitar perjudicar a Isdefe, una entidad completamente estatal, contrasta con la postura de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), Belén Gualda, y otros dirigentes del sector público vinculados a la causa que siguen en sus cargos con el respaldo del Gobierno. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, manifestó públicamente ayer su apoyo a Gualda, tras ser investigada junto a otras 24 personas por una suma de seis delitos vinculados con «la organización criminal» de Santos Cerdán.
Gualda, al igual que la mayoría de los altos cargos públicos implicados, fue nombrada por la entonces ministra de Hacienda y actual número dos del PSOE, María Jesús Montero. Su sucesor en el Ministerio, Arcadi España, también defendió la continuidad de Gualda, calificando ayer de «ruido y furia» las críticas hacia su gestión, sin destacar que su imputación se deriva de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por favorecer a la trama socialista en el rescate de 112,8 millones de euros a Tubos Reunidos.
En relación con la directiva de Isdefe, la imputación refiere a su etapa anterior como directora de Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales de Mercasa entre 2020 y 2025. Según el auto judicial, Castillo intervino para que Servinabar, la empresa de Antxon Alonso y Cerdán, fuera contratada por Mercasa. En las notas de la fontanera Leire Díez consta una reunión celebrada el 22 de junio de 2021 con Castillo, donde se discutió un cambio de sede de Mercasa que la trama consideraba una oportunidad de negocio para Servinabar.
Para la Fiscalía Anticorrupción, de lo investigado hasta ahora «se desprende, con indicios, que los tres acusados, en supuesto acuerdo con María Teresa Castillo Pasalodos, habrían organizado la adjudicación de varios contratos menores en favor de la mercantil Servinabar 2000, S.L».
El objetivo era que la empresa navarra «realizara una valoración o tasación de los costes de mantenimiento y reforma de la sede de Mercasa considerablemente superior a la real, buscando justificar un probable traslado de domicilio social» que beneficiaría a la trama con más contratos. Finalmente, solo hay constancia de una adjudicación de 18.119,75 euros por parte de Mercasa a Servinabar «para servicios de elaboración de un informe técnico sobre las oficinas de la sede central de Mercasa».
A pesar de la dimisión de Castillo, el Ministerio de Hacienda mantiene en sus puestos no solo a Gualda, sino también a otros cuatro altos cargos activos. Entre ellos está Conchita Ordiz, actual presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, la instancia a la cual recurren las empresas que se ven afectadas en adjudicaciones administrativas. Continúa asimismo el director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), Julián Mateos Aparicio, responsable de intentar recuperar ayudas otorgadas a empresas como Plus Ultra o Tubos Reunidos. También permanece en su cargo la directora corporativa de Enusa, Rosario Arévalo.
Un caso previo de renuncia ocurrió hace unas semanas con el interventor general de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Figueroa, después de conocerse su ayuda a la trama desde su antiguo puesto en la Sepi.
Por otro lado, esta sociedad estatal publicó este martes, apenas 24 horas después del auto de imputación de su presidenta, un comunicado con los resultados de 2025. La Sepi destaca que volvió a obtener beneficios, alcanzando un total de 130 millones, y que mejoró la cifra de negocio. Esta llegó a un «récord de 7.384 millones», lo que representa «un aumento del 16,2%». El ministro de Hacienda elogió estos indicadores en el Senado: «No está mal, de vez en cuando, reconocer que algo marcha bien».