Las claves
El juez Santiago Pedraz lleva adelante una investigación contra la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y el DAO Manuel Llamas por posibles delitos de prevaricación y contra la Administración de Justicia.
La acusación señala que promovieron investigaciones administrativas contra agentes de la UCO que indagaban en casos de corrupción vinculados al PSOE y al núcleo familiar del presidente Pedro Sánchez.
Se sospecha de encuentros y comunicaciones entre González y Leire Díez, quien coordinaba una operación supuestamente orientada a desacreditar a jueces, fiscales y agentes de la UCO.
La pesquisa apunta a que la finalidad era resguardar los intereses del PSOE y del Gobierno en procedimientos judiciales, y se identificaron intentos de eliminar pruebas en chats de WhatsApp.
El juez Santiago Pedraz ha citado para el día 16 a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo del cuerpo, Manuel Llamas, para que declaren como investigados.
El instructor del denominado ‘caso Leire’ les atribuye presuntamente delitos de prevaricación continuada y contra la Administración de Justicia relacionados con las investigaciones reservadas que promovieron contra agentes de la UCO implicados en procesos judiciales vinculados al PSOE y al entorno familiar del presidente Pedro Sánchez.
Estas investigaciones confidenciales coincidieron en tiempo con varias reuniones –»al menos tres», según investigadores de la UCO– entre Mercedes González y Leire Díez, responsable y coordinadora de la operación, que se cree dirigida por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, para desestabilizar estos procesos desacreditando a jueces, fiscales y miembros de la UCO.
La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares encabezadas por el PP solicitaron que González y Llamas sean formalmente investigados.
No obstante, Pedraz descartó abrir investigación contra el predecesor de González, Leonardo Marcos, quien dirigió la Guardia Civil entre junio de 2023 y septiembre de 2024.
En las diligencias se menciona que Marcos solicitó a los mandos de la UCO que «se mantuvieran al margen» del proceso judicial contra David Sánchez, hermano del presidente. Sin embargo, esta instrucción no tuvo efecto: la UCO continuó con sus investigaciones y el hermano músico de Pedro Sánchez fue juzgado, pendiente aún de sentencia.
Para Pedraz, la conducta atribuida a Marcos «por sí sola no encaja en ningún delito».
Mercedes González ha confirmado haber participado en dos de esas tres reuniones, asegurando que informó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a pesar de que este último había negado los encuentros entre ella y Díez.
Informes de la UCO dirigidos a Pedraz indican que Mercedes González intervino para que se iniciaran procedimientos administrativos disciplinarios contra agentes implicados en la investigación de corrupción vinculada al PSOE, así como a la esposa y hermano de Pedro Sánchez.
La UCO subraya la existencia de una «relación» directa entre González y Díez anterior al nombramiento de la primera como directora de la Guardia Civil.
Según los investigadores, tras la llegada de González al cargo, «se constataron al menos tres encuentros entre ambas» entre septiembre de 2024 y abril de 2025.
Los agentes señalan que la conocida fontanera del PSOE habría aprovechado esa supuesta cercanía para «impulsar una serie de acciones mediante las cuales, mediante entrevistas personales con la directora general, logró incitarla a iniciar actuaciones administrativas contra la UCO».
De los chats intervenidos, se deduce que mantenían una relación de confianza.
«Mi próxima conversación será con la directora de la Guardia Civil. (…) Confío en ella» o «Debo hablar con Mercedes. No tengo confianza en Marlaska. La llamaré hoy», son algunos mensajes de la exmilitante socialista en WhatsApp.
La UCO considera que Díez podría estar utilizando su «amistad» con «la DG de la GC» —así se refería en mensajes— para asuntos relacionados con la actividad investigada.
¿Qué está siendo investigado? Entre otros aspectos, el supuesto despliegue de una operación contra jueces, fiscales o guardias civiles que resultaban incómodos para el PSOE y el Gobierno.
De hecho, Leire Díez expresó a Vicente Fernández, ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) también investigado por Pedraz: «Tengo que corroborarlo, pero creo que la unidad de la UCO que intervino es la misma que estamos investigando. Y recuerda que tengo amistad con la DG de la GC».
«Mi siguiente charla será con ella. Es de mi confianza»: los audios reflejan la cercanía entre Leire y la directora de la Guardia Civil.
En otra conversación, Díez comentó al abogado Ismael Oliver, igualmente investigado por la Audiencia Nacional: «No estuvo mal la reunión con la directora de la GC. (…) Voy a intentar seguir fortaleciendo esa vía».
Oliver le respondió: «Me alegra mucho. A ver si logramos, al menos, detener el linchamiento y enfrentar la situación con cierta igualdad de condiciones».
Este abogado defendió a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos cuando fue ministro de Transportes y secretario general del PSOE.
Ambos fueron juzgados recientemente en el Tribunal Supremo por presunta corrupción.
Eliminación de mensajes en WhatsApp
En mayo de 2025, por medio de canales internos de la Guardia Civil, Mercedes González habría tenido «conocimiento» de que Díez y otros estaban desarrollando una «campaña de desprestigio contra la UCO».
Los agentes de la UCO informan que, el día 11 de ese mes, González activó en las conversaciones con Díez el borrado automático de mensajes, configurado para eliminarse pasadas 24 horas.
El 12 de febrero de ese año, González realizó una llamada a Díez que duró trece segundos.
Según la UCO, también existen indicios que sugieren que Díez «estaría enviando» a la directora de la Guardia Civil «información obtenida dentro del marco de la presunta actividad delictiva que desarrollaba».
Además, sus «objetivos incluían a la propia Guardia Civil y, específicamente, a la UCO y algunos de sus miembros».
El informe en poder de Pedraz indica que Díez habría intentado promover una «investigación interna» dentro de la Guardia Civil dirigida contra la UCO; «posiblemente utilizando a la propia directora» del Instituto Armado.
Los agentes responsables de la investigación del caso Leire sostienen que esta presunta trama «llevó a cabo un conjunto de acciones indiciariamente delictivas».
«Su propósito último habría sido proteger intereses involucrados en una serie de causas judiciales que afectan al PSOE y, directa o indirectamente, a algunos miembros del Gobierno y al presidente Pedro Sánchez».