El líder del PP rechaza referirse a un «pucherazo» y solicita analizar las consecuencias de esta medida sobre el censo electoral
El tema gira en torno a los votos, el sufragio y el censo. La controversia se centra en la cantidad de nacionalidades que el Gobierno de España está otorgando mediante la llamada ‘Ley de Nietos‘, establecida en la Ley de Memoria Democrática, la cual permite a los descendientes de españoles afectados por la Guerra Civil obtener la nacionalidad española y, por ende, el derecho a votar en los próximos comicios generales.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoó, este martes evitó utilizar el término «pucherazo» para referirse a la actuación del Ejecutivo, aunque definió este proceso como una «ingeniería electoral» que se ejecuta de forma «unilateral» y que incrementa el número de personas con derecho a pasaporte «a través de una instrucción ministerial, no mediante una ley».
Esto lo declaró durante una entrevista en la televisión autonómica murciana, La Siete. Esta región acogió el lunes una Junta Directiva del partido donde confirmó a Rebeca Pérez como candidata a la alcaldía de Murcia, quien asumió el cargo tras el fallecimiento de José Ballesta, y donde criticó al Ejecutivo por contar con «la misma cantidad de imputados que diputados» en el Congreso.
Feijoó manifestó en dicha cadena que el Gobierno de Pedro Sánchez ha logrado «fabricar una ley» para conceder la nacionalidad en un periodo de año y medio a 2,5 millones de personas, lo que representa, según él, una «modificación sustancial del censo electoral» con personas que nunca han residido en España. Este procedimiento, añadió, no debería llevarse a cabo sin el «adecuado consenso, con máxima precaución, verificando si estos individuos tienen derecho a la nacionalidad y evaluando el impacto que esta medida tendrá en el censo».
«Las encuestas señalan a Pedro Sánchez que perderá las elecciones. Como los votos que posee parecen insuficientes para ganar, su respuesta será la creación de 2,5 millones de nuevos electores», agregó.
Además, el líder del PP indicó que, paralelamente, el Gobierno está regularizando a 1.300.000 personas que han entrado «de manera irregular a nuestro país», violando el Pacto de Inmigración y Asilo, así como el Reglamento Europeo de Retorno. «El 20% de la población en España tiene origen inmigrante, por lo que es necesario analizar el impacto de estas decisiones», añadió.
Feijoó cuestionó los motivos por los cuales el Gobierno lleva a cabo esas regularizaciones cuando otros países europeos realizan «medidas contrarias» y se preguntó por qué se entregan tantos pasaportes. «El primer millón y medio regularizado de momento no puede votar en las elecciones generales, pero sí lo hará en dos años en los comicios municipales, mientras que los nacionalizados, al obtener el pasaporte, podrán votar automáticamente».
«El volumen de ‘nietos’, siempre que se pueda comprobar que lo son, que están siendo regularizados y a los que se les está otorgando pasaporte en Buenos Aires supera los 650.000. Es importante señalar que nunca se ha decidido nacionalizar de golpe a 2,5 millones de personas», indicó.
Por lo tanto, son dos procesos distintos, y Feijoó recordó la advertencia lanzada por el Tribunal Supremo sobre posibles conflictos del proceso de regularización con el derecho europeo. «Está claro que [el Gobierno] actúa de manera unilateral, sin consenso, contraviniendo la legislación europea y el sentido común».
«Existe un riesgo evidente de ingeniería electoral para que 2,5 millones de personas que no figuraban en el censo de la elección anterior (julio de 2023) puedan votar en las próximas elecciones», concluyó.
«Nunca ha existido un Presidente así»
Respecto a la imputación de la presidenta de la SEPI y otras 24 personas más, anunciada el lunes pasado, Feijoó solicitó a la sociedad que «no acepte» que en un solo día se puedan imputar a 25 individuos sin que eso tenga consecuencias.
El líder de los ‘populares’ recordó que esta misma estructura administrativa aprobó los rescates de numerosas compañías, incluyendo Plus Ultra, y afirmó que, tras dos condenas emitidas por el Tribunal Supremo y más de 120 imputados, el país sigue en pie porque «el presidente actual es alguien que no respeta las reglas fundamentales de la democracia ni los principios éticos básicos». «Nunca ha habido un Presidente del Gobierno con estas características», aseguró.
Sobre la situación económica española, el presidente del PP advirtió sobre la merma del poder adquisitivo de las familias, ya que el incremento salarial ha sido inferior al aumento de precios en alimentos y vivienda, y criticó la «asfixia» fiscal que padecen los ciudadanos, sumada a la creciente deuda pública.
Asimismo, expresó su inquietud por que España encabece la lista de pobreza infantil en la Unión Europea, tras Rumanía y Bulgaria, y planteó al Gobierno la necesidad de «cumplir con la normativa europea para que los autónomos que factura menos de 85.000 euros queden exentos del pago de IVA».
En esta misma línea, prometió apoyo a los autónomos durante las bajas laborales, como se ha implementado recientemente en la Región de Murcia, y defendió una política fiscal totalmente distinta a la del Ejecutivo, orientada hacia una reducción de impuestos.
Plan Nacional del Agua
En el ámbito regional, Feijoó destacó nuevamente la «humildad» y la «capacidad» de Rebeca Pérez para encabezar la candidatura a la alcaldía de Murcia, una decisión que según él contó con «unanimidad», y definió como un «proyecto estratégico y un compromiso personal» la aprobación de un Plan Nacional de Agua que permita «ordenar» las conexiones entre comunidades autónomas.