Las claves
El PP, bajo el liderazgo de Feijóo, interpondrá recurso en contra de la implementación de la ‘ley de nietos’ y de la externalización de trámites, calificándolas de opacas y carentes de garantías.
Feijóo acusa al Ejecutivo de Sánchez de generar una «fábrica de españoles» y de modificar el censo electoral mediante la rápida concesión de nacionalidades.
El PP demanda transparencia respecto a los contratos con compañías externas, en especial con el Grupo Palco de Cuba, y solicita informes detallados sobre el proceso de nacionalización.
El partido afirma que la instrucción que amplió los beneficiarios de la ley se realizó «por la puerta de atrás», sin supervisión parlamentaria y poniendo en peligro derechos y el Estado de bienestar.
Alberto Núñez Feijóo ha decidido convertir la denominada ley de nietos en uno de los pilares centrales de su ofensiva contra Pedro Sánchez. El líder del PP se muestra confiado en la postura de su formación, «la misma desde 2007», que ya manifestó durante el trámite de la Ley de Memoria Democrática en 2022.
Este jueves, el Partido Popular presentará un paquete de preguntas, solicitudes de información y la demanda urgente para la comparecencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares. El objetivo principal es obtener toda la información posible para intentar impugnar la norma por vías jurídicas, legales o políticas.
Cuando, el pasado lunes, Feijóo acusó al presidente de practicar «ingeniería electoral» y de crear una «fábrica de españoles» a gran velocidad que podría modificar el censo con cientos de miles de nuevos votantes, expresaba las sospechas de su partido ante un proceso acelerado, opaco y carente de garantías.
Según la dirección popular, esto desencadenó una campaña organizada desde Moncloa para desacreditar a Feijóo, señalándolo de «contradecirse» por haber solicitado en el programa electoral de 2023 una ley de nacionalidad para nietos y ahora criticar la ejecución de esta norma.
El PP responde que Feijóo «la solicitó y la sigue solicitando», pero no «esta ley de nietos modificada por la puerta de atrás«.
Reclaman, en cambio, una ley específica, debatida en el Congreso y con «todas las garantías jurídicas, presupuestarias y políticas». Actualmente, la respuesta del partido se basa en estrategias parlamentarias y legales, con el fin de detener lo que consideran una posible alteración silenciosa del censo electoral y una vulneración de la voluntad del legislador.
La ofensiva del PP en el Congreso se centra en la falta de transparencia que, según los populares, ha caracterizado toda la gestión de la ley de nietos. Moncloa ha negado durante meses datos clave, como el número de nacionalizados, a pesar de reiteradas preguntas escritas y solicitudes de información.
Incluso la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tuvo que reconocer por escrito que las respuestas del Ejecutivo resultaban «insuficientes» y exigir a Félix Bolaños, ministro de Justicia, una mayor precisión sobre una norma con gran impacto institucional.
Ahora que el debate se ha intensificado frente a la opinión pública, los populares consideran que el Gobierno deberá ser más transparente, y buscan aprovechar esta situación para obtener todas las cifras.
«Por la puerta de atrás»
Desde Génova insisten en que no cuestionan el derecho de los descendientes a recuperar la nacionalidad, sino las «formas» adoptadas por el Gobierno. «En democracia, las formas garantizan derechos y seguridades«, resumen fuentes de la dirección, que acusan al Ejecutivo de haber promovido un proceso «masivo, descontrolado, acelerado y sin garantías».
El PP asegura que España está enfrentando «el mayor proceso de nacionalización de toda su historia», con 2,6 millones de solicitudes tramitadas vía la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.
Este elevado volumen, junto con la carencia de información y el recurso a empresas públicas para agilizar trámites, fomenta la sospecha de una posible adulteración del censo de residentes ausentes (CERA) ante las próximas elecciones.
El Gobierno ha venido acelerando la concesión de nacionalidades en consulados en los meses recientes, y aparecen cientos de miles de solicitudes incluso tras el cierre del plazo para acogerse a la disposición adicional octava de la ley.
Paralelamente, ha ampliado la tramitación con empresas externas para apoyar la red consular, subcontratando tanto con la empresa pública Ineco como con el Grupo Palco, vinculado al Estado cubano.
Para el PP, el problema central reside en que todo se ha llevado a cabo «por la puerta de atrás», mediante una orden administrativa que reinterpretó el alcance de la Ley de Memoria Democrática, sin debate ni control parlamentar.
Esa es la vía que Feijóo planea impugnar, tanto en el ámbito legislativo como en tribunales, si encuentra el modo, y advirtiendo que ya existe un contencioso-administrativo en curso, tramitado en el TSJ de Madrid desde diciembre de 2022.
«Derecho civil inalienable»
Doctrinalmente, el PP sostiene que todos los hijos y nietos de españoles que emigraron durante la Guerra Civil y la dictadura deben poseer derecho a la nacionalidad, ya hayan partido por razones políticas, por persecución o por motivos económicos o familiares.
Fundamentan su postura en la Constitución y el Código Civil: son españoles de origen los hijos de españoles, y ningún español de origen puede ser despojado de la nacionalidad.
Feijóo afirma que se trata de «un derecho civil inalienable» y que, precisamente por ello, no debería vincularse a una Ley de Memoria Democrática que el PP califica de «sectaria» y enfocada a reescribir la historia en beneficio de uno de los bandos de la Guerra Civil.
El líder popular, de hecho, ha prometido reiteradamente derogar esa ley en caso de llegar a La Moncloa.
Dado que la norma estaba en vigor, el PP presentó en las elecciones del 23-J una propuesta de Ley de Nacionalidad que abordara de manera integral todo lo relacionado con la adquisición de la condición de español: por origen, por opción, por carta de naturaleza, entre otros.
Según los populares, esa ley debía ordenar las implicaciones de un proceso de nacionalización de esta magnitud, tanto para los beneficiarios como para el Estado.
La instrucción de Sofía Puente
El núcleo del conflicto es la instrucción emitida por la fiscal Sofía Puente, en ese momento directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia.
Dicha orden amplió el grupo de beneficiarios más allá de los exiliados por persecución política, considerando «exiliados» a todos los españoles que emigraron en esas décadas, por cualquier motivo, remontando generaciones «incluso hasta el siglo XIX», según denuncia el PP.
Lo cierto es que el Congreso había rechazado expresamente esa ampliación, al votar en contra de una enmienda de Ciudadanos que proponía extender el derecho a todos los emigrantes.
Además, fue el voto del PSOE el que tumbó esa enmienda, argumentando que la ley perdería su esencia si dejaba de centrarse en resarcir a los exiliados del franquismo.
Por estas dos razones, los populares rechazan totalmente la instrucción interna del Ministerio de Justicia: «El legislativo lo debatió y dijo ‘no’, además de que una instrucción interna no puede ampliar lo que establece una ley», afirman fuentes del PP.
Para ellos, el Gobierno ha «ignorado la voluntad del legislador y la suya propia», por motivos que se tornan cada vez «más sospechosos» ante la falta de información al Parlamento y la velocidad del proceso en los consulados.
Los contratos
Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial, señala que España está afrontando «el mayor proceso de nacionalización de su historia» y que se impulsa mediante una orden administrativa sin control parlamentario.
Por ello, el PP exige a la Abogacía General del Estado los informes jurídicos sobre los contratos de externalización para apoyo consular en este procedimiento.
El Partido Popular pide copia de los tres expedientes completos de contratación con Grupo Palco, compañía relacionada con la dictadura comunista cubana, por un monto total de 1.602.217 euros para personal al servicio del Consulado de España.
Simultáneamente, solicita detalles de los contratos con Ineco y del número de expedientes tramitados, concedidos y rechazados, desglosados por circunscripción y consulado.
Beneficiarios desprotegidos
Según los populares, el proceso «desprolijo» llevado a cabo por el Ejecutivo ha dejado vulnerables a los propios beneficiarios legítimos.
Porque la impugnación ante el TSJ de Madrid por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, presentada dentro del plazo para solicitar su nulidad de pleno derecho, pone en riesgo sus derechos.
Si el fallo favorece a los recurrentes, todas las nacionalizaciones concedidas podrían quedar en un limbo legal y ser anuladas.
Fuentes del partido también alertan de que «no solo se modifica masivamente el censo con la posible inclusión de uno o dos millones de nuevos españoles».
Se pone en riesgo el Estado de bienestar, ya que esos 2,6 millones de potenciales nuevos ciudadanos tendrían acceso a servicios de salud, ayudas y subvenciones sin que se haya analizado ni previsto el impacto económico y social.
«Defendemos este derecho con ley, rigor, acuerdo parlamentario y garantías«, concluye Ezcurra, que denuncia «la ausencia de controles y la escasa exigencia documental del sistema» actual.