Las claves
El PP solicita que se cite a declarar como imputada a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, en el ‘caso Leire’, debido a su supuesta vinculación con las cloacas del PSOE.
También pide que se abra una investigación contra Leonardo Marcos, exdirector del cuerpo, y Manuel Llamas, director adjunto operativo, por su presunta participación en esta trama.
La acusación atribuye a estos altos cargos delitos como prevaricación, obstrucción a la Justicia, deslealtad profesional, revelación de secretos y una posible colaboración con organización criminal.
Según el PP, la red buscaba desestabilizar y bloquear investigaciones judiciales que involucraban tanto al PSOE como al entorno del presidente Pedro Sánchez.
El Partido Popular, que ejerce como acusación popular en el caso Leire, ha solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, encargado de la investigación sobre las cloacas del PSOE, que cite a declarar como imputada a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.
Los populares, como acusación popular, también piden que el juez Pedraz investigue a su predecesor, Leonardo Marcos, y al director adjunto operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas, por su supuesta implicación con la organización vinculada a Leire Díez y Santos Cerdán.
El documento presentado por el PP ante la Audiencia Nacional, al que ha accedido este medio, defiende que la dirección de la Guardia Civil no actuó como un agente pasivo en los hechos.
La acusación popular atribuye a estos tres funcionarios presuntos delitos de prevaricación administrativa, obstrucción a la Justicia, deslealtad profesional, revelación de secretos y una «eventual cooperación» con organización criminal «o en su defecto, su encubrimiento«.
Los populares señalan a González, Marcos y Llamas como presuntamente relacionados con una trama destinada a desestabilizar, desacreditar y dificultar investigaciones judiciales y policiales en curso que afectaban al partido, su círculo y a miembros del Gobierno.
Amplía la trama a Interior
Desde la acusación popular aseguran que el caso Leire ha dejado de ser solo un asunto de «fontanería» política vinculado a la SEPI. Insisten en que se trata de la pieza central de un sistema de protección institucional supuestamente operado desde Interior y desde la directora del Instituto Armado.
Fuentes del partido de Alberto Núñez Feijóo aclaran que no pretenden criminalizar a la Guardia Civil como institución; sin embargo, cuestionan el uso de sus mandos para bloquear o desviar investigaciones cuando los implicados pertenecían al entorno del PSOE o al círculo del presidente Pedro Sánchez.
Por ello, el PP reclama a Pedraz que amplíe la investigación más allá de Leire Díez y los primeros implicados, buscando llegar al núcleo de mando del cuerpo, donde ubican decisiones clave para «enterrar» informes comprometidos y determinar la orden interna de “mantenerse al margen” en ciertos casos.
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