El Gobierno propone una reforma para fortalecer la transparencia salarial, eliminar las cláusulas de confidencialidad sobre los sueldos y exigir a las empresas con 50 o más empleados que informen sobre los criterios para los incrementos salariales
El Ministerio de Trabajo ha avanzado en la mejora de la transparencia salarial dentro de las empresas españolas. La cartera liderada por Yolanda Díaz presentó ante sindicatos y organizaciones empresariales un borrador de real decreto que elimina el llamado secreto salarial y amplía el derecho de los empleados a conocer los mecanismos para establecer sueldos y aumentos dentro de las compañías.
Esta iniciativa forma parte de la transposición parcial de la directiva europea sobre igualdad retributiva y transparencia salarial, cuyo plazo para adaptarse venció el 7 de junio. Busca facilitar la identificación de posibles discriminaciones salariales, en particular entre hombres y mujeres, y fortalecer la igualdad laboral, según informó Efe.
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Entre las principales innovaciones destaca la anulación de las cláusulas o acuerdos individuales que impidan a los trabajadores compartir o divulgar información sobre sus salarios. Si este texto es aprobado, las empresas no podrán prohibir a sus empleados discutir libremente cuánto ganan.
Carmen Cerdán, directora de Recursos Humanos para Iberia, Latinoamérica y África de Cegid.
Información ampliada sobre la fijación de salarios
El borrador extiende también el derecho de los trabajadores a recibir información acerca de las políticas de remuneración de las empresas. En concreto, cualquier empleado podrá solicitar detalles sobre los criterios empleados para establecer los niveles salariales y las políticas de aumentos.
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Para aquellas compañías con 50 o más empleados, la obligación será todavía mayor. Estas deberán informar igualmente sobre los criterios utilizados para decidir las progresiones salariales, es decir, los factores que determinan qué trabajadores reciben aumentos y bajo qué condiciones.
Asimismo, las empresas deberán recordar al menos una vez al año a sus empleados que cuentan con este derecho. Una vez presentada la solicitud, la información deberá ser entregada en un plazo máximo de dos meses.
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Incremento de la transparencia para disminuir la brecha salarial
La reforma también actualiza distintos instrumentos existentes para mejorar el monitoreo de las diferencias salariales. Entre estas medidas, se fortalece el contenido de las auditorías salariales y de los planes de acción que las empresas deben implementar cuando detectan desigualdades en la retribución.
Además, se revisa la regulación de los registros salariales y de los sistemas de evaluación de puestos de trabajo, herramientas esenciales que permiten comparar funciones similares y detectar posibles diferencias injustificadas entre empleados con tareas equivalentes.
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Estas acciones forman parte de la adecuación de la normativa española a la directiva europea sobre transparencia salarial cuyo fin es combatir la brecha retributiva entre hombres y mujeres. La normativa comunitaria obliga a las empresas a justificar diferencias salariales superiores al 5% cuando no haya razones objetivas y contempla un endurecimiento de las sanciones en caso de incumplimiento.
Carmen Cerdán, directora de Recursos Humanos para Iberia, Latinoamérica y África de Cegid.
Los sindicatos instan a acelerar la reforma
El borrador fue presentado este miércoles en una reunión entre el Ministerio de Trabajo, las organizaciones empresariales y los sindicatos CCOO y UGT, que analizarán el contenido antes de continuar las negociaciones.
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Luego de la reunión, ambas organizaciones sindicales solicitaron al Gobierno que avance rápidamente en la aprobación de las medidas pendientes para implementar la directiva europea. Entre ellas, destacan como prioritaria la reforma del registro horario, por considerar que un control más riguroso de la jornada laboral es fundamental para combatir las diferencias salariales derivadas de horas extras no registradas o no remuneradas.
El Ejecutivo planea finalizar la negociación con los agentes sociales en las próximas semanas. Los sindicatos han indicado que estudiarán el texto y esperan retomar las conversaciones con el Ministerio de Trabajo a mediados de julio, para avanzar en una reforma que supondrá un cambio importante en las obligaciones de transparencia de las empresas y en el acceso de los trabajadores a la información sobre sus condiciones salariales.
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