Las claves
El PSOE impulsa una norma para otorgar la nacionalidad española a saharauis nacidos antes de agosto de 1977 y a sus descendientes, tras años apoyando la posición de Marruecos respecto al Sáhara.
La iniciativa, presentada por Sumar y respaldada actualmente por el PSOE, reconoce «circunstancias excepcionales» y reduce el período de residencia requerido para obtener la nacionalidad de diez a dos años.
El PP, que inicialmente respaldó la ley, la rechaza ahora debido a la aplicación de la vía excepcional de la carta de naturaleza a un colectivo tan amplio.
La medida podría beneficiar a entre 70.000 y 200.000 personas, incluyendo a sus descendientes, y responde a una demanda histórica de la población saharaui afectada por la retirada española.
El mismo PSOE que alineó a España con la postura marroquí sobre el Sáhara Occidental propone ahora otorgar la nacionalidad española a los saharauis.
Cuatro años tras la carta de Pedro Sánchez a Mohamed VI, los socialistas han desbloqueado en el Congreso un proyecto de ley que puede transformar la vida de cientos de miles de saharauis nacidos antes de agosto de 1977… y sus hijos.
La iniciativa del PSOE surge en medio de un intenso conflicto político con el Partido Popular por la llamada ley de nietos.
Este martes se alcanzó un acuerdo inesperado durante la ponencia de una proposición de ley, registrada por Sumar y suscrita por la diputada hispanosaharaui Tesh Sidi en febrero pasado.
La norma abre un mecanismo excepcional para los nacidos bajo la administración española en el Sáhara o hasta dos años después, cuando se cerró la vía previa para conceder la nacionalidad a españoles abandonados por la metrópoli.
Se reconocen «circunstancias excepcionales» para obtener la nacionalidad por carta de naturaleza. Además, se reduce el plazo de residencia de diez a dos años para quienes ya residen en España.
Posturas volteadas
El PSOE, que hace cuatro meses votó en contra de tramitar esta iniciativa, se ha convertido ahora en su principal promotor. Este giro confronta directamente al PP, que pasó a rechazarla tras un apoyo inicial durante la ponencia.
En febrero de 2025, los populares apoyaron la toma en consideración de la ley, mientras que el PSOE trataba de bloquearla en el hemiciclo.
Ahora, en medio de la polémica por la posible nacionalidad de cientos de miles de personas gracias a la ley de nietos, y con Alberto Núñez Feijóo acusando a Sánchez de «ingeniería electoral», los socialistas exhiben la ley saharaui como un gesto de «apoyo humanitario», mientras el PP la rechaza por cuestiones formales y legales.
Cuántos serían
Tras el debate político hay números que revelan la magnitud de la ley. El último censo de la antigua provincia del Sáhara bajo administración española indicaba una población de aproximadamente 70.000 a 80.000 saharauis en los años 70.
Actualmente, la población total saharaui —que incluye el territorio ocupado, la zona libre, los campamentos de Tinduf y la diáspora— ronda el medio millón de personas.
Los nacidos antes de agosto de 1977 en la colonia española constituyen el núcleo principal de beneficiarios potenciales de la carta de naturaleza.
Las estimaciones parlamentarias sitúan este grupo en torno a 70.000 u 80.000 saharauis, muchos residiendo en campamentos argelinos o en el Sáhara ocupado, así como en España.
Si se considera el derecho de opción para sus «descendientes en primer grado», como establece actualmente la ley, la cifra podría alcanzar entre 150.000 y 200.000 personas.
La dimensión simbólica se entrelaza con la demográfica. Decenas de miles de saharauis mayores de 50 años verían reconocida una nacionalidad que consideran perdida tras la retirada española.
Sus hijos, a su vez, tendrían cinco años para solicitar la nacionalidad de un país que formalmente renunció al Sáhara como provincia, pero que ahora evalúa acoger a gran parte de su población histórica.
De la carta hasta hoy
Todo sucede en un contexto de cambio profundo en la política española respecto al Sáhara.
En marzo de 2022, Sánchez remitió a Mohamed VI una carta calificando el plan de autonomía marroquí como la propuesta «más seria, creíble y realista» para resolver el conflicto.
Con esto, rompió la postura tradicional del PSOE y el consenso del Congreso, que durante décadas habían defendido el referéndum de autodeterminación bajo el paraguas de la ONU.
El cambio ocurrió luego de la grave crisis de 2021 ocasionada por el asalto masivo a la valla de Ceuta, en plena tensión debido a la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
Rabat usó la llave migratoria para presionar a Madrid. La carta de Sánchez inició una «nueva etapa» con Marruecos basada en cooperación fronteriza, control de flujos y una agenda económica y diplomática conjunta, con el Sáhara como eje principal.
Desde entonces, el Gobierno ha sostenido este alineamiento con Rabat. Las cumbres bilaterales han reafirmado el respaldo al plan marroquí, mientras la diplomacia española ha trabajado en Bruselas y Nueva York para mitigar la incomodidad europea con la postura de Marruecos.
Simultáneamente, la prensa marroquí ha presentado a Sánchez como un «genio político» que facilitó a Rabat acercarse a una solución favorable sobre el Sáhara.
Por qué ahora
En este contexto, el PSOE bloqueó durante años cualquier avance en las iniciativas para la nacionalidad saharaui. En febrero de 2025, los socialistas votaron en contra de la propuesta de Sumar, citando dudas jurídicas sobre el uso de la carta de naturaleza y la necesidad de analizar mejor el impacto de la norma.
Este rechazo fue interpretado por el movimiento saharaui y parte de la izquierda como una nueva concesión a Marruecos.
Actualmente, el informe de la ponencia aprobado en el Congreso coloca al PSOE en la posición contraria.
Fuentes socialistas presumen su «compromiso definitivo y decisivo» con el pueblo saharaui y destacan que, «gracias a la iniciativa de los socialistas», la ley avanza hacia la Comisión de Justicia.
La nueva narrativa habla de «apoyo humanitario» y de reparar las «reivindicaciones históricas» de quienes fueron españoles hasta la retirada del Sáhara.
Por qué dice ‘no’ el PP
La propuesta impulsada por Sumar se basa en dos pilares.
Por un lado, establece que existen circunstancias excepcionales para otorgar la nacionalidad por carta de naturaleza a saharauis nacidos bajo administración española, acreditando esta condición con documentos como el DNI español, censo colonial, certificados de nacimiento, escolarización o asistencia sanitaria.
Por otro, modifica el artículo 22 del Código Civil para reducir de diez a dos años el período de residencia exigido a los saharauis que soliciten la nacionalidad por la vía ordinaria.
El PP, por su lado, centra su crítica en la técnica empleada.
Voceros populares argumentan que la carta de naturaleza es, «por definición, discrecional, excepcional e individualizada«, diseñada específicamente para casos únicos o grupos muy reducidos.
Manifiestan que están «totalmente de acuerdo» con acortar la residencia a dos años para saharauis, como en otros antiguos territorios españoles, pero rechazan usar una vía excepcional para un colectivo potencialmente de cientos de miles de personas y sus descendientes.
Los populares sostienen que el PSOE ha variado su postura «de manera sospechosa, acelerada y sorpresiva».
Se preguntan si este cambio del Gobierno responde tanto a la necesidad de mejorar su imagen ante el movimiento saharaui como al deseo de aislar al PP junto a Vox en el tema de la nacionalidad.
Mientras tanto, solicitan «un debate más profundo» sobre la forma de saldar la deuda histórica con los saharauis sin recurrir a una carta de naturaleza masiva.