El fiscal público de Barcelona ha iniciado un procedimiento contra Rahola por presuntas incitaciones al odio y complicidad en genocidio.
La fiscalía provincial de Barcelona ha autorizado la tramitación de una denuncia contra Pilar Rahola, acusándola de incitación al odio y complicidad en genocidio vinculado al conflicto en Gaza.
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La denuncia fue presentada por dos activistas de la Organización de Juventudes Socialistas (OJS) de Cataluña.
Estos activistas ya tenían antecedentes con Rahola, ya que le arrojaron pintura roja durante una conferencia organizada por la Fundació Martí l’Humà en La Garriga en octubre de 2024. Ambos enfrentaron cargos propios relacionados con ese evento.
El fiscal ha iniciado un procedimiento de investigación preliminar, etapa previa a cualquier proceso penal, para corroborar los hechos y decidir si el caso debe enviarse a juicio o ser archivado.
Se encargó la investigación a la Unidad Central de Delitos de Odio y Discriminación de los Mossos d’Esquadra.
Los eventos señalados en la denuncia ocurrieron entre 2024 y 2025. En uno de ellos, Rahola cuestionó públicamente la cantidad de niños muertos en los ataques israelíes a Gaza; en otro, respondió en X a una publicación de la relatora especial de la ONU sobre Palestina, Francesca Albanese, negando que Israel haya cometido genocidio en Gaza y acusándola de ser una propagandista del odio.
También afirmó en un artículo que “si Israel hubiera querido ejecutar un genocidio, lo habría hecho en tres días, no en tres años”.
La denuncia
La denuncia presentada por los dos activistas solicitó que la fiscalía investigue a la periodista por formar parte de una “maquinaria de barbarie”, argumentando que ella “construye el marco social que permite la ejecución del crimen y la impunidad de sus responsables”.
El OJS sostiene que sus declaraciones no están amparadas por la libertad de expresión, pues contribuyen a la negación sistemática del genocidio.
Además, destaca que Rahola fue designada en el consejo asesor para América Latina de la organización Combat Antisemitism Movement y que, en 2010, el Jewish National Fund plantó un bosque en territorio palestino ocupado con su nombre. Estas afirmaciones se basan en artículos periodísticos.
El delito de crímenes de odio existe en España desde 2015 y fue ampliado en 2022 por el gobierno de Pedro Sánchez. Sus detractores aseguran que la ley puede limitar el discurso público, silenciamiento críticas y condicionar el debate político.
En 2023, España aprobó el Plan Nacional para la Implementación de la Estrategia Europea contra el Antisemitismo y adoptó la definición de la International Holocaust Remembrance Alliance, que incluye ciertas expresiones de hostilidad hacia Israel como formas contemporáneas de antisemitismo.
Rahola continúa en los medios
Rahola sigue publicando y participando en El Periódico de Catalunya, Infobae, El Nacional, el programa Todo es mentira en Cuatro y el canal internacional DNews.
Sus seguidores destacan que la investigación preliminar no implica culpabilidad ni acusación formal, y que la libertad de expresión protege la defensa de posturas políticas controvertidas.
La embajada israelí en Madrid ha mostrado su apoyo público a la periodista, quien ha dejado claro en varias declaraciones que no tiene intención de modificar su posición.